Comisión de Gracias Presidenciales queda conformada: ¿hay riesgo de un indulto a Pedro Castillo?

Seis días después de que se rechazara el pedido de indulto presentado por el expresidente Pedro Castillo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) anunció la conformación oficial de la Comisión de Gracias Presidenciales.

El grupo estará presidido por Magno Abraham García Chávarri e integrado por los comisionados Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo y Pablo Michael Huerta Canales (en reemplazo de Lesli Roxana Gonzales Cabanillas).

En representación del Despacho Presidencial participará Carlos Antonio Bazo Ramírez, mientras que Jhoner Michael Quispe Romaní asumirá las funciones de secretario técnico y tendrá a su cargo la coordinación administrativa de la comisión.

La conformación del grupo fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N°223-2026-JUS publicada en el Diario “El Peruano”, que lleva la firma del titular del Minjus, Luis Enrique Jiménez Borra.

En un comunicado, la cartera de Justicia, informó que la incorporación del nuevo integrante completa la comisión de “manera idónea y oportuna”.

“Esta actualización responde estrictamente al cumplimiento del marco normativo vigente, el cual establece que la Comisión debe estar integrada por cinco miembros. Con la designación del nuevo comisionado se garantiza la continuidad de las funciones del colegiado y se fortalece su capacidad operativa para la evaluación célere de los expedientes bajo su competencia, incluyendo aquellos regulados por el Decreto Supremo n.° 010-2026-JUS”, indicó.

“La adecuada recomposición de la Comisión de Gracias Presidenciales constituye también un paso relevante dentro de las acciones que impulsa el sector Justicia para contribuir, a través de diferentes mecanismos, a la Política nacional de deshacinamiento del sistema penitenciario”, subrayó.

La Comisión de Gracias Presidenciales es el órgano encargado de emitir recomendaciones al despacho presidencial respecto a las solicitudes presentadas por personas privadas de la libertad, en el marco de las facultades constitucionales del jefe de Estado.

El último viernes, en entrevista con Exitosa, el jefe de Estado, José María Balcázar, no descartó la posibilidad de un indulto o gracia presidencial a Pedro Castillo, sentenciado - en primera instancia- por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Ese día el mandatario planteó una coordinación con el Congreso de la República para evaluar “indultos o amnistías” a líderes políticos con el fin de, según él, pacificar el país.

“Tenemos la idea de que en su momento podemos evaluar todo tipo de indulto o amnistía en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso que va a quedar porque lo que el país necesita es una pacificación. Hay tantos procesos penales contra líderes políticos que tienen años y no han podido ser probados. El país no puede vivir en este punto, tenemos que hacer un punto de quiebre”, dijo.

Un día antes, la Comisión de Gracias Presidenciales había rechazado la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias a favor de Castillo, por no haberse subsanado las observaciones que la declararon inadmisible en mayo último. Asimismo, decidió declarar improcedente otra solicitud de indulto común presentada por Castillo Terrones.

Fuentes del Minjus indicaron a El Comercio que desde el 2023 hasta el 2026 han solicitado seis pedidos de gracias presidenciales a favor del golpista exmandatario. Añadieron que el último, que fue presentado por Walter Ayala, abogado de Castillo, está en período de subsanación.

Este Diario buscó recoger sin éxito los comentarios de Ayala.

El Comercio ha informado previamente que, de esas solicitudes, tres fueron pedidos de “indulto”, en otra no se precisó qué tipo de gracia se solicitaba y, también, un pedido de “derecho de gracia por razones humanitarias” que solicitó el mismo Pedro Castillo Terrones desde su encierro en el Penal de Barbadillo.

La comisión la preside Magno Abraham García Chávarry, quien ha sido funcionario del Minjus durante el gobierno de José Jerí. Además, ha ostentado posiciones claves en la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado y el Despacho Presidencial.

Es además socio miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y del Instituto Aklla Perú. En diálogo con El Comercio, José Tello, presidente del instituto, precisó que García pidió licencia.

En tanto, Pablo Michael Huerta Canales hizo su ingreso al grupo en reemplazo de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas, quien renunció en mayo tras ser blanco de cuestionamientos por un presunto vínculo con Castillo, debido a que ambos son originarios de Chota (Cajamarca).

Huerta Canales es funcionario de carrera del Minjus. Durante la gestión de Dina Boluarte ocupó diversos cargos de confianza en dicha cartera como Director del Sistema Administrativo y asesor.

Huerta Canales ha tentado también convertirse en regidor distrital por los partidos Restauración Nacional y Democracia Directa.

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También ocuparon cargos de confianza en la gestión de Dina Boluarte, Ivar Jesús Calixto Peñafiel y Carlos Bazo. Este último integra la comisión en representación del Despacho Presidencial.

En tanto, el padre Martín Antonio Salgado Arroyo es integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales desde hace mucho, incluso durante el gobierno de Pedro Castillo, quien actualmente busca acogerse a esta figura.

En diálogo con El Comercio, los abogados constitucionalistas Natale Amprimo, Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina señalaron que el peligro de indultar a Castillo sigue latente; sin embargo, subrayaron que esa decisión sería ilegal.

En tanto, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía consideró que los funcionarios nombrados “no pondrían en riesgo” su trayectoria profesional en un caso que evidentemente no cumple con los requisitos para un indulto humanitario.

Para Amprimo, estos cambios generan suspicacias, especialmente en un contexto marcado por los constantes pedidos de Pedro Castillo, los cuales calificó como “absolutamente inconstitucionales e improcedentes”.

“El ministro de Justicia tiene una posición clara respecto a la improcedencia del indulto. Sería importante que el Congreso lo convoque y también a los exintegrantes a efectos de que expliquen las razones por las cuales se apartaron de la comisión”, expresó.

Amprimo consideró que “hay que ponerle mucho ojo a todo el actuar de este gobierno que está de salida”. Además, advirtió que, aunque un eventual indulto sería inconstitucional e ilegal, el Ejecutivo, al tener bajo su administración el sistema penitenciario, podría propiciar la liberación de Pedro Castillo mediante la aplicación de esa figura. A su juicio, ello incluso podría derivar en un posterior pedido de asilo.

Asimismo, recordó que la facultad de otorgar indultos corresponde al presidente de la República, pero debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley. En ese sentido, enfatizó que no existe acto presidencial que no requiera refrendo ministerial, por lo que expresó sus dudas de que los ministros estén dispuestos a exponerse a eventuales responsabilidades legales.

Andía opinó en el mismo sentido y añadió que conoce de cerca la labor de los integrantes de la comisión y que son funcionarios de carrera que no podrían en riesgo su profesión. “No veo una situación que genere un peligro. No veo una situación de acomodos para lograr el indulto. Me parece más un ruido político que una realidad, Castillo quiere hacer ver que Balcázar le debe un indulto”, acotó.

“La comisión recomienda, pero quienes toman la decisión final son el ministro de Justicia y el presidente, no es una decisión vinculante”, acotó.

“Existe un peligro, pero ese acto sería ilegal y podría ser revocado a nivel del Poder Judicial o incluso llegar al Tribunal Constitucional. Si bien la Constitución otorga al presidente la facultad de otorgar indultos, estos deben hacerse según el reglamento y las leyes vigentes [...] En el caso de Castillo, no hay causales conocidas para un indulto humanitario. Además, debería renunciar a su apelación”, subrayó, a su turno, Urbina.

Además, advirtió que Castillo seguiría en prisión, pues tiene órdenes de prisión preventiva por otros casos.

En tanto, Rospigliosi opinó que, a casi 40 días de culminar el período de Balcázar en este gobierno, “todo cambio de funcionarios públicos genera suspicacia y desconfianza ciudadana”.