¿Por qué es importante crear la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau?

“Deja que nos choquen, los estoy grabando”. Con la voz firme y detrás de la cámara, Justo Bancayán, entonces sargento de playa de La Islilla, en Piura, confrontaba a pocas millas de la costa norte a los pescadores de una embarcación de arrastre. Ese día de diciembre del 2015 salió con su tripulación a enfrentarlos, cansado de ver a diario decenas de esos botes que arrasan ilegalmente con la biodiversidad marina y dentro de las cinco millas, un espacio destinado exclusivamente para la pesca selectiva artesanal. Don Justo, quien ahora ya no es más sargento, sigue viendo cómo las arrastreras entran al mar sin restricciones, sobre todo por las noches.

Kilómetros al norte de La Islilla, ya en Cabo Blanco, la situación es similar. Mongabay Latam fue testigo en enero de la actividad de un bote arrastrero que operaba a menos de una milla de distancia de la playa. Durante tres millas fue extendiendo sus ‘palanquines’, una suerte de asas con las que abre la red que jalará lo que encuentre bajo el mar: desde peces de todo tamaño y hasta arrecifes.

“Nos podemos acercar, pero no podemos decirles nada si no tenemos a la Marina y a la Dirección Regional de Producción (de Piura) al lado”, dice Santos Tume, sargento de playa de Cabo Blanco. Con él hemos salido a navegar y a observar la impunidad diaria de estos botes. Porque luego de que los pescadores recibieran amenazas, por parte de estos ilegales, de haber soportado que destruyan sus embarcaciones y de haber sido denunciados por tratar de detener a los arrastreros, los hombres de mar de Piura y Tumbes solo pueden ser testigos de la destrucción de ese ecosistema submarino.

En medio de la resignación, don Santos pierde la serenidad que ha mantenido durante el viaje cuando ve una mancha turbia y aceitosa esparcida en el agua, muy cerca de las plataformas petroleras del lote Z-2B operada por  la empresa Savia Perú. “Esto es lo que vemos todos los meses”, dice el pescador, quien adjudica esta contaminación a las plataformas.

¿Por qué es importante crear la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau?, le habíamos preguntado un par de millas atrás, en cuanto nos subimos a su embarcación. “Por esto es importante”, nos dice don Santos, mientras mira este escenario. “Porque por fin nos van a escuchar”.

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Zona de riqueza y conflictos 
Han pasado seis años desde que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) comenzó las gestiones para la creación de la ahora Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. Para Justo Bancayán, el valiente exsargento de playa de La Islilla, la historia comienza incluso en el 2010, cuando algunas organizaciones como Naturaleza y Cultura Internacional comenzaron a apoyar la creación de un área protegida en la Isla Foca, frente a la caleta de don Justo.

En el 2013, el Sernanp consideró juntar en una sola propuesta tanto a la Isla Foca (28 845 hectáreas) como a la zona de Cabo Blanco-El Ñuro (16 618 ha), ambos en Piura; y a los Arrecifes de Punta Sal (18 435 ha) y al Banco de Máncora (51 776 ha), estos últimos en Tumbes. En total son cerca de 116 mil hectáreas que se encuentran íntegramente en el mar, lo que la convierte en la primera área protegida de este tipo en el Perú “Es un ecosistema que no está representado en el país y tenemos el mandato de hacerlo”, agrega Pedro Gamboa, el jefe del Sernanp.  

Sin embargo, luego de seis años, aún no hay una respuesta final. “Hemos vivido mucho desde eso”, comenta don Justo. Dice que, cuando aún era una propuesta de zona reservada, llegaron a juntar 120 mil firmas para que el expresidente de la República Ollanta Humala decrete su creación. Cuando llegó el fin de la gestión de Humala en el 2016 y no hubo novedades, temieron que tanto trabajo habría sido en vano. “Fue el 28 de julio —el día de las fiestas patrias— más triste que recuerdo”, cuenta don Justo. Luego de un año de silencio, en el 2018 se retomaron las acciones para impulsar nuevamente la protección de este mar.

Las características que convierten a esta propuesta de reserva en una de alta biodiversidad es el ecosistema que se logra cuando las aguas del Mar Tropical del Pacífico Oriental, que inician en México, llegan al norte del Perú. La unión de esas aguas cálidas con la corriente fría del Humboldt, genera una zona de transición única, señala el biólogo marino de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Yuri Hooker.

El científico, que recorre e investiga el mundo submarino desde hace 30 años, comenta que a esta área llegan las ballenas jorobadas a reproducirse y que cuenta con una gran concentración de tortugas marinas, mantarrayas y tiburones martillo. Además, existe una cantidad importante de especies endémicas de invertebrados como corales, anémonas, moluscos y crustáceos.

Hooker comenta que una de las grandes riquezas es contar con una abundancia de corales escarlata (zoántido escarlata), que existen solo en la Isla Foca. “Además, hay unas grandes anémonas de tubo de colores como el morado, el amarillo limón, con manchas azules, que solo se conocen en esta área, así como el caballito de mar (Hippocampus ingens)”, comenta el biólogo marino.

El especialista agrega que el futuro Mar Tropical de Grau es el refugio de especies tan amenazadas como el mero ojo chiquito (Epinephelus quinquefasciatus). Aunque en países como el Ecuador esta especie se encuentra bajo protección, en el Perú la salvaguarda de peces es un proceso complicado. “No podemos ver al mar solo como fuente de consumo, sino como el que alberga una biodiversidad que aún no es prioridad en el país”, dice Hooker.

Esa riqueza submarina es la que es arrasada ilegalmente por los barcos arrastreros. De acuerdo con los testimonios de presidentes de gremios pesqueros artesanales y sargentos de playa de las caletas La Tortuga, La Islilla, Cabo Blanco, El Ñuro y Zorritos que recogió Mongabay Latam, estas acciones son pocas veces detenidas por la autoridad competente, es decir, por la Capitanía de Puertos de la Marina del Perú.

“Nosotros no podemos detener ni impedir que las embarcaciones de arrastre o las bolicheras operen en las cinco millas, porque no tenemos las herramientas legales para hacerlo”, cuenta Bernardino Panta, presidente del gremio de pescadores de El Ñuro. Solo entre las caletas El Ñuro y Cabo Blanco existe un punto de descargue de embarcaciones ilegales, conocido como Quebrada Verde. Mongabay Latam fue testigo de al menos una decena de botes pesqueros de arrastre estacionados muy cerca de la playa y vio como una de las embarcaciones trabajaba este arte de pesca a menos de una milla de la costa, una actividad que está prohibida dentro de las cinco millas. Buscamos la versión de las capitanías de Paita y Talara, así como la respuesta de la Marina en Lima. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Desde el Ministerio de la Producción, la otra entidad encargada de detener este tipo de acciones, el viceministro de Pesca Javier Atkins señala que a través del Sistema de Formalización de la Pesca Artesanal (Siforpa) se busca poner en regla este tipo de pesca e identificar a quien no debe operar dentro de las cinco millas. “Ya se han inscrito y ahora vamos a hacer la verificación en campo de estas inscripciones”, dice Atkins.

Sin embargo, “en Quebrada Verde hay ilegales que tienen sus permisos de pesca porque han completado información falsa y usado fotos de barcos artesanales de otros usuarios”, reclama Rafael Morales, administrador del muelle de El Ñuro. Mónica Alzamora, coordinadora del programa Marino Costero de Naturaleza y Cultura Internacional, confirma que en Piura y en Tumbes han recibido quejas de pescadores, quienes alegan que sus embarcaciones han sido utilizadas para tramitar permisos de pesca artesanal para diferentes tipos de botes.

La vulneración frente a las embarcaciones de pesca ilegal no es lo único que enfrentan los pescadores norteños. En caletas como Zorritos y Puerto Pizarro, en Tumbes, la situación se complica con la presencia constante de piratas peruanos y ecuatorianos que desmantelan los botes artesanales, llevándose equipos y la pesca de días. “Así me pasó a mí hace un par de años”, cuenta Inocencio Periche, pescador desde hace 60 años. Dos yates abordaron rápidamente su embarcación, que se encontraba en el Banco de Máncora. En pocos minutos, cuatro delincuentes apuntaban a la tripulación y los obligaban a llevar todo a los yates. Cuando don Inocencio recién pudo llegar nuevamente a las costas de Tumbes, poco se podía hacer. “Ya son 16 hermanos pescadores que han fallecido por los piratas”, cuenta Miguel Martínez, presidente de armadores de pesqueros artesanales de Zorritos. El hombre de mar considera que con una mayor vigilancia en la zona del Banco de Máncora, se podría aminorar el riesgo.

La creación de la reserva se convierte así en una alternativa para las 25 mil familias de pescadores que se encuentran en el área de influencia en Piura y Tumbes. “Nosotros tenemos los botes, el ánimo, la necesidad de poner orden en nuestro mar. Solo necesitamos que nos reconozcan como guardamares que ya somos, que siempre hemos sido”, pide Bernardino Panta, de El Ñuro.

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El petroleo y el mar
La relación que tiene la caleta de Cabo Blanco con la extracción del petróleo data desde 1968, cuando la empresa Belco Petroleum Corporation comenzó a instalar las primeras plataformas cerca a la costa. Santos Tume, sargento de playa de Cabo Blanco, tenía diez años cuando empezaron las construcciones. “Había la ilusión de que habría mejoras en el pueblo. Luego empezaron a crecer y a construir más plataformas, hasta que ya no podíamos acercarnos hasta los 300 metros a la redonda”. Don Santos cuenta esto mirando, desde su velero artesanal, las 25 plataformas que funcionan, dentro de las cinco primeras millas, frente a las costas de Cabo Blanco. “Ya no queremos una plataforma más”, dice.

Don Santos cree que esa mancha oleosa que apareció en el mar cuando lo acompañábamos es una microfuga de las plataformas operadas por la empresa Savia Perú. Los pescadores aseguran que ven estas manchas iridiscentes al menos una vez al mes en esa área. Las plataformas se encuentran dentro del lote Z-2B, uno de los lotes que está superpuesto a parte de la propuesta de la reserva marina.

Según información de PeruPetro, la empresa estatal encargada de suscribir y supervisar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, a noviembre del 2018, son cinco los lotes que se encuentran en el área propuesta para conservación, de los cuales cuatro se encuentran en explotación. El primero es el lote Z-1 de la empresa Pacífico Off Shore, en la zona de Arrecifes de Punta Sal. Según información del Sernanp, el área superpuesta a la reserva representa el 4,34 % de esta concesión. En el caso de la empresa Savia Perú, existen dos lotes superpuestos, aunque el Z-6, ubicado en la Isla Foca, no está en funcionamiento por problemas sociales. Solo el lote Z-2B tiene puntos en común, y el área de la reserva representa el 12 % de la concesión. Otros dos lotes se encuentran concesionados en esta propuesta de área: el lote X, de la empresa Petrobras Energía Perú S.A., con un 0,01 % de superposición, también en la zona de Cabo Blanco-El Ñuro; y la empresa KEI (Karoon) Perú,  en el Banco de Máncora, con 10,62 % de su concesión considerado dentro de la reserva.

Con respecto a las denuncias de los pescadores sobre las fugas de hidrocarburo en Cabo Blanco, el Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA) informó a Mongabay Latam que en los últimos dos años atendieron dos denuncias, pero que en ambos casos no se pudo comprobar ningún problema de fuga. Sin embargo, a inicios de febrero, OEFA confirmó que hubo una fuga de gas a 500 metros del muelle La Providencia, en Talara, en el mismo lote Z-2B. Ante el peligro del hidrocarburo en el agua, OEFA tomó muestras y ordenó a la empresa Savia que cambie una tubería corroída que encontró en esta zona.

Este incidente estaría relacionado a un hecho preocupante: Savia Perú incumplió un decreto supremo del 2007 del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que obligaba a todos los operadores de ductos, que transportan hidrocarburos, a adecuar sus operaciones y equipos a un sistema de integridad de tuberías, es decir, que funcione de forma segura. De acuerdo con información del Organismo de Supervisión de Energía y Minería (Osinergmin), Savia debió instalar este sistema en el lote Z-2B hasta máximo el 20 de octubre del 2016. Sin embargo, para esa fecha, ni Savia Perú ni otras 15 empresas habían cumplido con el mandato. Ocho días después de vencido el plazo, les llegó un salvavidas: Una exoneración del mismo MEM les otorgaba un nuevo plazo para esta adecuación. Según Osinergmin, este debe culminar el 01 de mayo del 2020, casi cuatro años después del vencimiento del primer plazo.

Sobre el tema, Savia respondió a Mongabay Latam que se acogieron a la exoneración del MEM para “llevar a cabo un proceso de adecuación óptimo y con los mejores estándares”. “Si bien tenemos algunas actividades pendientes, Savia ejecuta dicho proceso conforme a los alcances de Osinergmin”, señalaron. Según este organismo, la empresa está cumpliendo con el segundo cronograma. Sin embargo, ninguna de las dos entidades respondió a las razones por las que, luego de doce años, aún no ha culminado la implementación de seguridad de ductos para el traslado de hidrocarburos, una actividad de alto riesgo ambiental.

Carlos Chapilliquén, presidente del gremio de pescadores de Cabo Blanco, señala que han pedido a Savia que inspeccione bien sus plataformas y tuberías para evitar accidentes, hasta los más pequeños. “Cada vez que hemos denunciado, OEFA nos ha dado respuestas negativas. Lo que no quieren ver es que esto ha perjudicado nuestra producción”, dice.

Mientras tanto, el sector hidrocarburos también tiene otra objeción frente a la reserva marina: la posible afectación a la inversión en este sector. El jefe del Sernanp, Pedro Gamboa, señaló al igual que la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que la creación de la reserva no restringirá las inversiones en hidrocarburos ni pesca. “Creemos que es beneficioso para las empresas que podamos estar presentes en el área donde operan, porque ante nuevas denuncias de derrames podemos comprobar rápidamente la situación”, agrega Gamboa. Sin embargo, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) cree que la Ley de Áreas Naturales Protegidas impedirá  un normal desarrollo de estas actividades.

“Son normas restrictivas y necesitan un cambio”, contestó la SPH a Mongabay Latam. “Cuando sobre una actividad económica pones un área natural protegida, todas sus reglas de funcionamiento cambian, al punto que sus actividades se hacen inviables. En las zonificaciones que contempla la Ley de ANP ninguna permite expresamente las actividades de hidrocarburos”, señaló. De acuerdo con la SPH, el Perú no podrá acceder a esta riqueza de hidrocarburo de continuar esta restricción. No obstante, señalan que “se nos ha informado que el Ministerio del Ambiente está revisando la legislación para mejorarla y que vaya en sintonía con los objetivos de desarrollo que tiene el país”.

Naturaleza y Cultura Internacional, la organización que ha acompañado a los pescadores en el proceso de esta nueva reserva, señala que no tienen una posición en contra de las actividades productivas en esta zona. Sin embargo, sostiene que debido a  la importancia de las cinco millas, como espacio de reproducción de las especies, habría que priorizar la conservación y la pesca artesanal.

“En estos pequeños derrames, el daño mayor se da sobre el plancton, un impacto que no siempre vemos”, dice  el biólogo Hooker. “Aquí es donde los peces invertebrados dejan sus larvas y huevos. Cuando una masa de aceite flota, esta se adhiere y mueren millones por metro cuadrado”, comenta. Cuando el problema es mayor, el especialista señala que las consecuencias son más fuertes. “Si se echa dispersante de petróleo, las partículas de hidrocarburo se aglomeran y se hunden, cubren corales, esponjas, conchas, algas”, dice Hooker. Como todo esto sucede debajo del mar, el problema se invisibiliza aún más.

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La versión completa de este reportaje de Vanessa Romo fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.