En la última década, la inversión privada ha mostrado un preocupante estancamiento. Entre el 2014 y 2023, la inversión privada cayó, en promedio, un 1,3% al año, sin considerar el 2020 y 2021 debido a la pandemia. Esta cifra es alarmante si se compara con el crecimiento promedio de 13,8% anual experimentado entre el 2004 y 2013. Este año, la situación no ha cambiado. La inversión es el principal motor para crear empleo formal, reducir el subempleo y aumentar los ingresos de los trabajadores, por lo que es crucial impulsar su recuperación.
Aunque para este y el próximo año se espera que la inversión privada crezca por encima del 2,3%, impulsada por un mejor desempeño del sector minero, según el BCRP, todavía estamos muy por debajo de las tasas de crecimiento de hace un par de décadas. La inversión minera, si bien está mejorando, también está creciendo a tasas menores. Entre el 2004 y 2013, la inversión minera creció un 51% en promedio anual, favorecida por el ‘boom’ de los altos precios de los minerales; sin embargo, desde el 2014 ha caído un 2% en promedio, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
Desde el 2021, los precios de los metales son favorables, y están en niveles similares e incluso mayores a los precios de la década pasada. Un estudio del 2017 de economistas del Banco Central encuentra que un aumento en los precios de las materias primas aumenta el ritmo de ejecución de proyectos de inversión mineros y no mineros. No obstante, esto no ha ocurrido en los últimos dos años.
¿Qué está fallando? Los ganadores del Nobel de Economía 2024, Acemoglu, Johnson y Robinson, pueden tener la respuesta: las instituciones. En nuestro país, las instituciones están deteriorándose. Los autores argumentan que las instituciones o las reglas del juego políticas influyen directamente en las instituciones económicas, que son las que regulan los derechos de propiedad, las reglas del mercado y las actividades económicas. Por eso, un país con malas instituciones políticas inevitablemente tendrá malas políticas económicas, lo que reduce la confianza para invertir.
Aunque nuestras instituciones económicas como el BCRP o el MEF se mantienen sólidas, nuestras instituciones políticas enfrentan graves retos. El Perú ocupa el puesto 94 de 141 países en el ránking de institucionalidad del Foro Económico Mundial, debido a la corrupción y la ineficacia en todos los niveles de gobierno.
En el 2023, las pérdidas por corrupción superaron los S/24.000 millones, según la contraloría. Además, la alta rotación de funcionarios, con ministros que duran menos de seis meses en el cargo o gerentes de gobiernos regionales que no superan los 12 meses, afecta gravemente la continuidad de las políticas públicas. La inseguridad ciudadana y las extorsiones también representan un gran reto, mermando la confianza de los inversionistas, desde las mipymes hasta grandes capitales extranjeros. Esta situación no solo debilita la institucionalidad, sino que también limita el crecimiento económico para todos los peruanos. Las instituciones económicas y políticas ya no van por caminos separados; la inestabilidad política resta confianza para invertir, crecer y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Preocupa, incluso más, que ya estemos viendo estos efectos.
