Fue el 4 de diciembre cuando el Congreso de la República decidió, ante un crítico ambiente de manifestaciones y cierre de carreteras en Ica, derogar la Ley de Promoción Agraria vigente para aprobar una nueva en un plazo que no excedería los 15 días.
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Finalmente, a altas horas de la madrugada y luego de un cuarto intermedio que duró más de 7 horas, la Comisión de Economía cambió su propuesta original de un bono especial por trabajo agrario que equivale al 20% de la RMV. En su nuevo texto sustitutorio, proponen que el bono sea de S/200.
Además, la tasa de Impuesto a la Renta que fija la norma para las empresas cuyos ingresos no superan las 1.700 UIT se elevó de 10% a 15%. Con dichas modificaciones, el texto se sometería a votación.
Dicha propuesta fue sometida a votación logrando 58 abstenciones, 45 en contra y 16 a favor, quedando así el dictamen sin resolver. La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, informó que la sesión se retomará hoy a las 10 de la mañana. De este modo, el Legislativo suma 25 días sin lograr un consenso sobre la nueva ley.
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Fue a las 9 de la mañana que se inició la sesión plenaria y donde el presidente de la Comisión de Economía del Legislativo, Anthony Novoa, presentó el dictamen de ley.
Sin embargo, cada participación de los parlamentarios revelaba su oposición al texto, principalmente vinculado al bono especial por trabajo agrario que equivale al 20% de la RMV y que sería de carácter no remunerativo.
“Exigimos que se ajuste a 35% y pedimos al Ejecutivo que no la observe”, dijo el congresista Aron Espinoza, de Podemos Perú. Del mismo modo, se cuestionó el carácter no remunerativo del bono, así como el plazo de vigencia de los beneficios tributarios.
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El ministro de Desarrollo Agrario, Federico Tenorio, aseveró que si el Congreso aprueba una ley que no cumple las expectativas del sector empresarial ni de los trabajadores, el Ejecutivo optará por observar la norma.
“Si lo aprobado por el Congreso es viable y recoge las aspiraciones de ambos sectores, el presidente lo suscribirá. De lo contrario, haremos algunas observaciones”, dijo a Canal N.
Más temprano, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, destacó los aspectos tributarios del dictamen que tendrían efectos negativos. Señaló, por ejemplo, que fijar una tasa de 10% del Impuesto a la Renta hasta el 2031 para las empresas con ingresos anuales menores a S/7,5 millones abriría paso a la elusión.
Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, advirtió que el texto en discusión no considera un mecanismo de evaluación de los beneficios tributarios. “Lo que sucederá es que cuando volvamos a discutir la ley, estaremos ciegos respecto a si la ley generó beneficios y si estos fueron equitativos”, afirmó.
En opinión de Gibu, el dictamen de la Comisión de Economía para los aspectos tributarios solo considera la fecha de inicio del incentivo y quiénes serán los beneficiarios, pero no se explican temas como el impacto del incentivo o el costo y beneficio de la medida para el sistema tributario.
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El Congreso aprobó con 85 votos a favor y 13 en contra el dictamen que propone extender por 3 años más las exoneraciones tributarias de las que gozan instituciones religiosas y asociaciones sin fines de lucro dedicadas a las actividades culturales, científicas, entre otras. Dichas exoneraciones alcanzan un total de S/585 millones.
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