Piromaníacos, por David Tuesta

Cuando se habla de Nerón, el emperador romano, los historiadores coinciden en resaltar su etapa de extremado populismo al final de su reinado. Se describe este período como la combinación de tres elementos: despilfarro de las arcas fiscales, circo para el pueblo y el uso de cualquier medio para conseguir sus objetivos. De hecho, en su momento se le atribuyó la responsabilidad del Gran incendio de Roma en el año 64 d.C., con el único fin de luego poder construir el Domus Aurea y de ponerse a tocar la lira mientras la ciudad ardía. Si esto último fue leyenda o no, es al final una buena descripción de lo que apreciamos hoy en la política peruana donde, nuestros supuestos líderes tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, parece no importarles dejar la economía en cenizas con tal de granjearse los aplausos que ayuden a recomponer su carcomida imagen.

Hemos sido testigos de la espiral populista desatada en las últimas semanas donde ambos poderes del Estado han venido compitiendo en poner a la economía de cabeza. Leyes contra la tercerización laboral, incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), devolución de contribuciones al Fonavi y exoneraciones tributarias, han ido aprobándose una detrás de otra. Mientras tanto, se encuentran a la espera nuevas propuestas que buscan hacer más rígido el mercado laboral y otras que prohíben las estructuras de organización industrial reguladas, dejando de lado fundamentos económicos básicos y de buenas prácticas de competencia en el mundo. Y si esto no fuera suficiente, en esta última semana, la comisión de Economía del Congreso ha aprobado el dictamen que faculta un sexto retiro de los fondos del Sistema Privado de Pensiones, hecho que, de darse, terminaría de asestar un golpe letal a las pensiones y a la viabilidad de la economía en su conjunto.

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No obstante existir el antecedente de haberse aprobado cinco retiros de los fondos de pensiones por un valor de más de S/66 mil millones entre el 2020-2021, ahora se aprueba una norma que llevaría a la salida de casi S/30 mil millones. Todo esto habrá significado que nuestro mecanismo más importante de ahorro de largo plazo pierda el equivalente al 12% del PBI, es decir casi la mitad de lo que había a principios del 2020. Una economía no puede quedar indemne ante semejante tamaño de destrucción, que se ha buscado disfrazar como una medida para aliviar la situación económica de los más necesitados, argumento que no resiste el más mínimo sustento.

Si bien los retiros anteriores ya habían excedido todo criterio de excepcionalidad, mesura y focalización, y un nuevo retiro era bajo todo punto de vista innecesario, la comisión de Economía dictaminó el retiro de 4 UIT (S/18.400) para todos los afiliados, sin importar la opinión contraria del Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Finanzas y la OCDE (quien estuvo presencialmente reunida con la comisión); los que le dijeron de todas las formas que esta medida es una insensatez mayúscula y que no atiende a los que más lo necesitan. La mayor parte de los afiliados de las AFP de menores ingresos ya ha retirado gran parte de lo que tenía en sus Cuentas de Capitalización Individual durante los cinco retiros anteriores, dejando a cerca de 2,5 millones de afiliados con sus cuentas en cero; cifra que podría incrementarse hasta los 6 millones de aprobarse este proyecto. Seguir concentrándose en dar liquidez al segmento menos vulnerable del país, y que solo representa el 10% de la PEA, no puede ser considerado una verdadera política social, más aún cuando se quiere repartir un importe exorbitante que equivale a 18 RMV, mientras se deja al resto del país desatendido sin poner en marcha políticas económicas serias.

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Pero esto no queda ahí. Este dictamen congresal significará un golpe de enormes consecuencias para nuestra viabilidad económica, tal como ya lo han advertido las principales agencias clasificadoras de riesgo. Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch han dado recientes declaraciones indicando el impacto que tendrá este sexto retiro sobre nuestra clasificación de riesgo, colocándonos sin duda en el camino de perder eventualmente nuestro grado de inversión. Y es que terminar retirando la mitad de los fondos de pensiones que forman parte del financiamiento de largo plazo de la economía que trae inversión, crecimiento y empleo, significaría reducir en casi medio punto porcentual anual nuestro potencial de crecimiento, petardeando los pilares de la sostenibilidad. La preocupación de las clasificadoras e inversionistas es objetiva y válida.

Es cierto que el dinero pertenece al afiliado. Pero lo que también es cierto es que este forma parte del componente obligatorio de ahorro para la jubilación y que, a su vez, responde a la seguridad social del país. Este simple hecho debería haber consensuado el comportamiento responsable de nuestros legisladores. Sin embargo, con muy honradas excepciones como el de la congresista Adriana Tudela, lo que observamos hoy con triste sorpresa es el silencio cómplice de varios legisladores y bancadas que eluden su deber y prefieren macerarse en el aliño del populismo, quedándose callados o votando en abstención. Es triste ser testigo de esta descomposición.