Tope de tasas de interés de referencia se suspende por cinco años: ¿el fin del gota a gota?

Este miércoles, la Comisión de Economía del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que suspende por cinco años los topes de las tasas de interés en las entidades del sistema financiero, a fin de promover la inclusión financiera de personas naturales y micro y pequeñas empresas.

La iniciativa plantea modificar la Ley N° 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros que, desde su promulgación, generó la exclusión del sistema financiero formal a 226 mil clientes, el año pasado, afirmó Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

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Sobre ello, Donita Rodríguez, jefa de Análisis Macroeconómico del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría, agregó que representan casi el 7% del total de clientes existentes antes de la aplicación de la norma. “Información actualizada al cierre del 2023 indica que esta dinámica ha persistido”, añadió.

Además, de acuerdo al estudio “El mercado de créditos informales en el Perú” del 2022 del IPE, el 8% de hogares, unas 580 mil familias a nivel urbano-nacional, recibieron un crédito de prestamista o casa de empeño en el último año.

El uso del crédito informal se concentra en el nivel socioeconómico bajo, entre personas mayores de 25 años y, geográficamente, se ha extendido en la zona oriente del país, dice el estudio. Macera añadió que se encontró que uno de cada cinco créditos era “gota a gota”, es decir, de pago de frecuencia diaria.

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“Lo que hace cualquier control de precios es empujar a las personas más vulnerables, precisamente a las que quieres alcanzar con mejores condiciones, a créditos que son muchísimo más caros y, además, peligrosos”, anotó Macera.

Asimismo, sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Economía, comentó que lo ideal hubiera sido que la medida sea permanente, pero tal y como se ha dado, ya genera más certidumbre al sistema financiero y a los ciudadanos respecto a qué cosa pueden esperar en términos de condiciones crediticias.

Para Rodríguez, los cinco años no son suficientes y coincide en que debió eliminarse de manera permanente. “El objetivo debe ser eliminar este tope por completo, pues no tiene sustento económico. Aprobar la suspensión en el Pleno por un plazo permitirá ver los impactos positivos sobre la inclusión financiera de consumidores y negocios de menores ingresos. El siguiente paso debe ser eliminarlo”, explicó.

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Jorge Antonio Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), calificó de buena e importante la decisión pues repercutirá en que las micro y pequeñas empresas, así como las personas naturales, ya no recurran a los préstamos gota a gota.

“El que se tome esta decisión es hacer retornar a las personas, a los emprendedores de la micro y pequeña empresa al sistema, de tal manera que el auge que tuvieron estos préstamos gota a gota, a través de esta ley, van a disminuir porque las personas tendrán claro que podrán tener nuevamente acceso [al crédito formal]”, anotó.

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Sin embargo, observó que esta decisión sería el inicio para, más adelante y con mayores sustentos, pueda revisarse y volverse permanente. “Con la información que existía sobre los impactos, la evidencia, creo que la manera en que esto siga cuando se apruebe y se dictamine, habrá los tiempos suficientes para evaluar la información de los impactos que va a tener y permitirá que se pueda revisar”, agregó.

Finalmente, Rodríguez agregó que los principales afectados con el tope de tasas de interés son los consumidores y negocios con ingresos más bajos y, por lo general, inestables, ya que el riesgo de impago en estos segmentos es mayor.

“Suelen requerir montos de crédito más pequeños que acarrean un mayor gasto operativo para las entidades financieras. Eliminar el tope a las tasas de interés va a permitir que las entidades formales puedan volver a prestarles a estos segmentos. De lo contrario, seguirán expuestos al canal informal, donde las tasas de interés de estos créditos son hasta 10 veces mayores que el máximo que establece el BCR y la cobranza suele incluir amenazas y violencia”, enfatizó.