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Después de casi 20 días en cuidados intensivos, una niña de 3 años y 11 meses falleció el último martes en el Hospital Regional Honorio Delgado en Arequipa por las graves lesiones que sufrió tras ser víctima de violencia física y abuso sexual. Los médicos que la atendieron detectaron lesiones antiguas que dan indicios de maltratos previos. El sospechoso del crimen, su tío de 15 años, está no habido y, aunque el poder Judicial ha ordenado realizarle un “intervención corporal” aún no hay orden de detención en su contra.
El 25 de julio de 2024, la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla condenó a cadena perpetua a Roosvelt Julio Ortega Espinoza, de 43 años, por violar sistemáticamente de su sobrina. La niña de 11 años quedó embarazada producto de la violación. Seis meses después, el agresor no solo no ha sido capturado sino que los vecinos reportan haberlo manejando mototaxi sin problemas por distintas zonas del Callao.
Las niñas, muertas o afectada de por vida. Los agresores, libres. Un patrón que se repite en un país donde cada 39 minutos ocurre un caso de violación sexual.
El registro de atenciones en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) pone en números la magnitud de una realidad atroz: solo en enero, 83 niños de entre 0 y 5 años sufrieron un caso de violencia sexual, que incluye violación y tocamientos. Más de dos infantes abusados por día. En el grupo de niños de 6 a 11 años fueron 469 casos en un mes y de adolescentes de 12 a 17 años, 1.127. Todos estas cifras evidencian que la mayoría de víctimas de violencia sexual 62.8% son menores de edad.
Lo más grave es que estos casos se han duplicado desde el 2018. Ese año, el CEM atendió a 12.839 víctimas de violencia sexual en todas las edades, al año siguiente aumentaron a 18.044 y durante el primer año de la pandemia bajaron levemente a 13.843. Sin embargo, desde el 2021 el aumento ha sido sostenido, pasando de 22.456 casos en el 2021 a 32.388 en el 2024.
Si analizamos únicamente los casos de violación sexual, fueron 681 menores agraviados en enero: 22 al día, casi uno por hora. Cuando se abre el análisis a otros grupos etarios, la estadística también es desalentadora: en total, los CEM atendieron 1.149 violaciones sexuales en enero en todo el Perú: una cada 39 minutos.
ADVERTENCIAS AL ESTADO
“Estas cifras evidencian el fracaso del Estado en sus políticas de prevención. Estamos hablando de violación sexual, la forma más grave de violación sexual, pero hay otra cifra que incluye tocamientos y acoso que también es espeluznante. Además hay un subregistro, porque según estadísticas lo que se denuncia es aproximadamente la tercera parte de lo que existe”, advierte Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro Flora Tristán.
Esta falta de acciones concretas y sostenidas para abordar los altos niveles de violencia sexual a menores también ha sido identificado por el Comité de los Derechos del Niño. El último jueves, Luis Pedernera, vicepresidente de este organismo de las Naciones Unidas, presentó las recomendaciones urgentes al Estado Peruano relacionadas con el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. En este evento, advirtió que la ausencia de estrategias específicas para abordar esta problemática, especialmente con niñas víctimas, sobre todo aquellas viven en zonas rurales o remotas. El comité evaluó las políticas públicas, normas legislativas, y planes realizados por el Estado entre el 2017 y 2024.
Entre las evidencias que sustenta las observaciones se considera que 1 de cada 4 niñas en zonas rurales sufre violencia sexual, no son atendidas y son forzadas a ser madres; hay más de 5.000 niños y niñas desaparecidos en los últimos 5 años y el 30% de adolescentes en pobreza extrema no acceden a educación sexual ni salud.
“Hemos reconocido los avances del Estado Peruano y sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en muchas áreas, algunas de corte político y otras de orden legislativo como la prohibición total del matrimonio infantil. Pero hemos planteado nuestra preocupación por normas que están en proceso de estudio y otras aprobadas que coliden con la Convención”, dijo en un evento en el Colegio de Abogados.
Entre las recomendaciones relacionadas con el alto número de abusos sexuales a menores, instan al Estado Peruano implementar la Política Multisectorial para Eliminar la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes; ejecutar el Plan de Acción para Eliminar la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes; retomar la Educación Sexual Integral en centros educativos y otros espacios sociales; y asegurar medidas de supervisión y sanción administrativa y judicial para atender la violencia escolar y sexual en los centros educativos.
Dos ejemplos reflejan la desprotección de los niños: el caso “Condorcanqui”, donde se identificaron más de 600 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes wampis, con varios contagios de VIH; así como el caso Camila (seudónimo), víctima de violación desde los 9 años por su padre, que quedó embarazada a los 13 y a quien le negaron el aborto terapéutico.
Lucas Pezo Amaringo, de 42 años, cuenta con una orden de prisión preventiva por el delito de violación en agravio de su hijastra.
Así como ella, hace dos años se hizo conocido el caso Mila (seudónimo), niña embarazada producto de los constantes abusos de su padre. En este caso, el agresor, Lucas Pezo Amaringo, sigue libre pese a que desde agosto del 2023 tiene una orden de prisión preventiva.
En opinión de Meléndez, en este contexto es preocupante que se intente fusionar el MIMP con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. “Una eventual fusión con un sector que está involucrando en uno de los casos de corrupción más altos va a ser un error. Necesitamos un estado fuerte que promueva derechos, empoderamiento económico, social, empleabilidad y la lucha contra la violencia de género”, añadió.
SIN SANCIÓN
Diana Céspedes, abogada de la víctima Roosvelt Julio Ortega Espinoza, advirtió que existe inacción policial para capturar al condenado a cadena perpetua. En diálogo con El Comercio, explicó que, pese a que el fallo data de julio pasado, recién en enero el Poder Judicial informó de la inscripción de orden de captura (cuaderno de debate) por tanto, se encuentra vigente las ordenes de captura del sentenciado.
Roosvelt Julio Ortega Espinoza sigue libre pese a que fue condenado a cadena perpetua en julio del 2024.
“Cuando la mamá de la niña va a la comisaría para pedir que lo detengan porque él vive en su casa, trabaja en una empresa de mototaxis, no está escondido, la policía le ha dicho ‘cuando lo vea nos avisa’”, denuncia. Por este caso, aún queda pendiente el proceso contra el padre y otro tío de la niña, a quienes también señala perpetradores de constantes abusos sexuales.
