Posturas. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó recientemente el proyecto de Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, el cual aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento. Al respecto, la Defensoría del Pueblo hizo algunas observaciones sobre esta norma.
Entre ellas, la institución rechazó la implementación del denominado rebalanceo tarifario, procedimiento que introduce nuevos criterios para el cálculo de las tarifas de agua a nivel nacional, lo que originaría el incremento de las tarifas por consumo en el país.
A su vez, la Defensoría del Pueblo consideró que estas atribuciones regulatorias afectarían el marco establecido en la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, debido a que, actualmente, las funciones de fijación tarifaria vienen siendo ejercidas por la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass), en su calidad de organismo regulador.
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En esa línea, la institución, liderada por Josué Gutiérrez, también alertó sobre un incremento desproporcionado de las tarifas de agua en el país, lo que afectaría las condiciones de vida de cientos de personas, en especial de los más vulnerables.
Si se llegaría a aplicar los criterios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las familias que consumen en promedio 15m3 de agua al mes tendrían que afrontar incrementos tarifarios.
Estos irían entre 20% y 729% al mes, lo que se traduciría en pagos adicionales de S/ 6.40 hasta S/ 99.90 adicionales por mes. El monto exacto también dependería de la empresa de saneamiento.
“Defensoría del Pueblo reafirma su pedido al Poder Ejecutivo y, en particular, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a implementar las recomendaciones con la finalidad de garantizar el derecho de acceso universal a los servicios de agua y saneamiento”, aseveró la institución.
