La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) impuso una de las multas más altas registradas en su historial reciente tras determinar, en primera instancia administrativa, que 13 laboratorios y distribuidoras se coludieron durante más de una década para manipular procesos de contratación pública de medicamentos.
La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) impuso una de las multas más altas registradas en su historial reciente tras determinar, en primera instancia administrativa, que 13 laboratorios y distribuidoras se coludieron durante más de una década para manipular procesos de contratación pública de medicamentos.
La sanción asciende a 100 852.72 UIT, equivalente a más de S/ 539 millones, y se aplica además a cinco ejecutivos, quienes deberán pagar de manera conjunta 262.67 UIT, es decir, más de S/ 1.4 millones.
Según la investigación, las empresas concertaron sus propuestas y coordinaron abstenciones para ganar licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud y EsSalud entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. Este accionar habría afectado la adquisición de medicamentos esenciales para hospitales de todo el país.
17 de junio del 2010. Hace 15 años. Precios de medicamentos se redujeron en 30%. Consumo de genéricos alcanza el 47% en el mercado abastecido por los laboratorios.
Medicamentos afectados por el cartel farmacéutico
El caso abarca productos de uso crítico en la atención pública, entre ellos:
Cloruro de sodio, empleado para administración intravenosa, reposición de fluidos y rehidratación.
Antibióticos como amoxicilinas, azitromicinas, Meropenem y dicloxacilina, utilizados en el tratamiento de diversas infecciones.
Antineoplásicos como Paclitaxel y Temozolamida, fundamentales en tratamientos oncológicos.
Inmunosupresores como metotrexato, usado para leucemias agudas y cáncer de cabeza y cuello.
Antianémicos como el sulfato ferroso, entre otros fármacos de amplio uso hospitalario.
De acuerdo con la CLC, la concertación generó un perjuicio directo al presupuesto público, pues al eliminar la competencia real, los productos se adjudicaron a precios más altos de los que habrían resultado en un proceso competitivo legítimo.
La investigación
Para llegar a esta decisión, la Comisión valoró un amplio conjunto de evidencias como archivos digitales, correos electrónicos, chats, conversaciones telefónicas, declaraciones y documentos relacionados con 23 licitaciones investigadas. También se revisó información económica que permitió identificar el patrón de conducta entre las empresas sancionadas.
La entidad reveló que los involucrados realizaron reuniones grupales y negociaciones bilaterales, acordando quién ganaría qué procesos y bajo qué condiciones. Para ocultar la colusión, evitaron enviarse correos directos, recurrieron a comunicaciones indirectas, usaron lenguaje críptico y emplearon sobrenombres para esconder su identidad durante las coordinaciones.
La Ley de Libre Competencia considera que los acuerdos entre postores para repartirse las licitaciones del Estado constituyen una de las conductas más dañinas para el mercado.
Por ello, además de la multa económica, la CLC ordenó que todas las empresas sancionadas implementen programas de cumplimiento de las normas de libre competencia durante cinco años, con el fin de reducir el riesgo de que reincidan en prácticas anticompetitivas.
Decisión apelable pero de obligatorio cumplimiento
La resolución del Indecopi se encuentra en primera instancia administrativa, por lo que las empresas y ejecutivos sancionados pueden apelar ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta sala puede confirmar, revocar o anular lo dispuesto por la Comisión.
Solo una vez agotada la vía administrativa, las partes podrían acudir al Poder Judicial, conforme establece la Ley de Libre Competencia. La resolución completa puede consultarse en el enlace oficial difundido por el Indecopi:https://bit.ly/3XaTbi7
