El Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la acción de amparo que interpuso la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) contra la normativa del Congreso que busca modificar la Ley Universitaria y debilitar el rol de la entidad.
“Es definitivamente una sentencia histórica, ya que defiende el derecho de los jóvenes a una educación de calidad, y coherente porque se basa en lo que ya había determinado el Tribunal Constitucional”, dijo a El Comercio Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes).
“Si bien se reconoce la función de legislar del Congreso, esta tiene que ir en el sentido de proteger los derechos fundamentales, y claramente la llamada contrarreforma universitaria va en contra de eso”, agregó.
El pasado martes 12 de julio se llevó a cabo la audiencia de la demanda de amparo presentada por la Sunedu contra esta normativa, la cual –de acuerdo con la institución– flexibiliza el control y la supervisión que se ha exigido sobre las universidades para mejorar el servicio que actualmente prestan.
El recurso buscaba que se anulen todos los actos realizados para la aprobación por insistencia de esta autógrafa de ley. Sin embargo, un día después, con 72 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones, el pleno del Congreso la aprobó. Cabe resaltar que el presidente Pedro Castillo había observado la autógrafa al considerarla inconstitucional.
“La Autógrafa de Ley parte de la suposición errónea de que la Ley N° 30220, Ley Universitaria, supone una violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria, cuando, por el contrario, la reconoce y desarrolla en extenso sus dimensiones (régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico) en su artículo 8, en estricta concordancia con el artículo 18 de la Constitución”, se lee en el documento enviado por el Ejecutivo al Congreso.
Ahora, con esta nueva resolución del Poder Judicial, se declaró nulo el procedimiento legislativo orientado a la modificación de los artículos 1, 12, 15, 17, 20 de la Ley Universitaria, así como su primera disposición complementaria final. Además, el Congreso debe observar lo ya resuelto por el Tribunal Constitucional y el derecho a la educación universitaria de calidad al momento de ejercer su función legislativa.
“La ley de la contrarreforma universitaria plantea la colocación de representantes de universidades en el consejo directivo de la Sunedu, y con eso le restaba imparcialidad y legitimidad a la institución. Por otro lado, quita la rectoría del Ministerio de Educación (Minedu) y la posibilidad de financiamiento a las universidades públicas”, explicó Mori.
Para el especialista, hasta el 2014 el sistema universitario “había caído en una profunda informalidad”, con falta de regulación y una educación superior que no cumplía con estándares básicos.
“Lo que ha logrado la Sunedu es formalizar el sistema universitario y garantizar que todas las universidades tengan las condiciones básicas de calidad. Y eso a su vez también ha traído consecuencias vinculadas, por ejemplo, a que se haya triplicado el número de publicaciones científicas o a que la cantidad de docentes a tiempo completo pasara de 25% a 41%”, recalcó Mori.
Hay seis regiones del Perú que tienen universidades públicas licenciadas.
La Sunedu tiene un rol fundamental para fiscalizar y supervisar a las universidades con el fin de alcanzar un retorno adecuado a la presencialidad.
En total, 95 licenciamientos han sido entregados por la Sunedu a 93 universidades y dos escuelas de posgrado hasta el 15 de enero del 2022.
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