Trata de personas en el Perú: un delito que crece y deja ocho denuncias diarias en el país

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Tan solo en los primeros seis meses de 2025, 1.229 personas fueron víctimas de este delito a nivel nacional. Según datos de las Fiscalías Especializadas en Delito de Trata de Personas (Fistrap), Lima Centro y Lima Norte han concentrado la mayor cantidad de víctimas en los últimos cinco años.

Durante el primer semestre de 2025, Lima Centro reportó 364 víctimas y Lima Norte, 169. En 2024, Lima Centro se posicionó como el distrito fiscal con más víctimas del país, con 533 casos, lo que equivale a casi 45 víctimas mensuales. Si la tendencia se mantiene, el total anual podría superar al del año anterior.

Del total registrado en este periodo, aproximadamente el 73.2% de las víctimas son mujeres. Además, 74 son hombres, mientras que otras 255 víctimas aún no han sido identificadas por sexo. En cuanto a los grupos etarios, se reportaron 407 víctimas entre niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. De ellas, 151 tenían entre 0 y 13 años, y 256 entre 14 y 17. Las víctimas mayores de edad suman 470.

En relación con las formas de explotación, el 72% (849 casos) de las víctimas fueron explotadas sexualmente, mientras que 145 casos corresponden a explotación laboral. Al menos 17 personas fueron obligadas a la mendicidad (un modalidad que El Comercio alertó este domingo), y siete niños fueron vendidos. En tanto, 142 casos aún permanecen en investigación.

Por otro lado, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, entre enero de 2017 y marzo de 2025, el 73.4% de las víctimas había alcanzado, como máximo, la educación secundaria. La forma más común de captación fue mediante falsas ofertas laborales, las cuales representaron el 69% de los casos. Además, el 77% de las víctimas fue explotado con fines sexuales y/o laborales, lo que evidencia las profundas vulnerabilidades que enfrentan ciertos grupos sociales frente a este delito.

Aunque el Día Internacional contra la Trata de Personas, conmemorado el pasado 30 de julio, invita a reflexionar, los datos y testimonios muestran una realidad crítica. Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, y la fiscal provincial Berenice Romero, coordinadora nacional de Fistrap, permiten reconstruir la complejidad del delito.

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“En los últimos cinco años ha habido un cambio en la matriz de victimización. Antes de la pandemia, la estructura de las víctimas se centraba en la trata interna, principalmente con fines de explotación sexual. No había muchos indicadores de explotación laboral, aunque sabíamos que existía”, explica Ricardo Valdés. La pandemia, el fortalecimiento del crimen organizado internacional y las disputas territoriales entre criminales, modificaron esa lógica.

Con la llegada de organizaciones criminales extranjeras —mayoritariamente venezolanas y colombianas—, la trata pasó a involucrar víctimas extranjeras en constante movilidad. “La primera característica es que se trata de una víctima en constante movilidad. No es simplemente una persona que es captada, trasladada y explotada en un solo lugar, sino que va siendo explotada durante todo el proceso. Estas víctimas enfrentan una mayor presión debido al conocimiento que los tratantes tienen sobre su lugar de origen y su entorno familiar, lo que aumenta su nivel de sometimiento”, resalta Valdés.

Una de las transformaciones más notorias ha sido el papel de las tecnologías en la captación y explotación de víctimas. Desde perfiles falsos que simulan trabajos como modelo, amigos o novios virtuales, hasta promesas de fama como influencer, los tratantes se valen de plataformas como Facebook, WhatsApp o incluso videojuegos para captar menores.

La Fiscal Romero coincide con la evolución de la captación a través de redes sociales. Desde su análisis, la captación por redes sociales y medios tecnológicos se incrementó, así como la fabricación de material de abuso sexual infantil. “En un caso, una adolescente llegó a enviar 260 fotos y 50 videos bajo amenaza. Solo cuando habló con su padre, se logró identificar y condenar al responsable”, narra.

Pero no todo queda en el mundo digital. Los criminales han sabido cómo superar vallas, incluso las digitales, así otro fenómeno emergente es el ataque a mujeres que ejercen trabajo sexual de forma independiente. “Muchas han conformado pequeños grupos de dos o tres y publicitan sus servicios como emprendimientos. Pero esas publicaciones son captadas por extorsionadores y tratantes, que luego las obligan a trabajar para ellos bajo amenaza o violencia”, explica Valdés.

Según la fiscal Romero, el territorio tiene un rol clave en la expansión del delito. Lima —especialmente sus zonas Norte, Este, Sur y Centro— ha sido dividida en “plazas” por organizaciones criminales que controlan la explotación de mujeres y adolescentes. “Les llaman plazas: la Plaza de Lima Norte, Plaza Lima Este (San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte), Lima Sur (San Juan de Miraflores), y también el Centro (como el damero de Risso, en Lince o el jirón Zepita y sus alrededores)”, explica.

Dentro de este esquema territorial, operan organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua, Hijos de Dios, Gallegos, Puros Hermanos Sicarios, así como los Tiguerones y la Dinastía Layón. Incluso, algunas de estas bandas han conformado alianzas estratégicas para evitar enfrentamientos armados que generen mayor atención policial o mediática.

Pese a que la explotación sexual es el rostro más visible del delito, otros fines persisten en la sombra. La trata con fines de servidumbre doméstica, mendicidad, trabajo forzoso y hasta venta de niños aún es común, especialmente mediante el padrinazgo.

“Está tan normalizado que se le dice: tráeme una chiquita para que me ayude en la casa. Y se le ofrece comida y educación. Pero en realidad, se le impone trabajo doméstico prohibido por ley. Hemos visto el caso de una niña de 10 años que fue captada para cuidar a tres niños”, explica Romero.

En cuanto a la venta de niños, la fiscal provincial explicó que una mujer joven da a luz y otra persona le paga para que le entregue al bebé. Luego falsifican documentos para registrarlo como propio. “No se requiere explotación sexual para que sea trata. Es cosificar al ser humano”, señala.

Ambos especialistas coinciden en que hay graves deficiencias desde el Gobierno para la lucha contra este delito. “El Estado no está haciendo absolutamente nada para financiar la política ni para intervenir en todos los niveles de gobierno (...) La cooperación internacional ya no está, y el Congreso ha restringido la rendición de cuentas”, señala Valdés.

Pese a ello, hay logros. “Tenemos un promedio de 1.000 sentencias, y el 80% son condenatorias. Detrás de cada una hay un esfuerzo de un grupo de fiscales y asistentes de función fiscal y administrativos que han avanzado, a pesar de las carencias logísticas, para llegar a esa sanción penal”, afirma con firmeza la fiscal Romero.