En enérgica acción en defensa del bienestar y seguridad de los niños en las escuelas públicas del país, el Ministerio de Educación (Minedu) ha desarrollado un sistema de operatividad que permite el bloqueo inmediato a nivel nacional de personas sentenciadas por 17 delitos, entre ellos, violación, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, proxenetismo, señalados en la Ley 29988 y el Decreto de urgencia 019-2019.
“Gracias a esta labor, que es una decisión política de la presidenta Dina Boluarte, es que hemos detectado 297 condenados por diferentes delitos que habían vuelto a trabajar en diversos colegios, porque había un bloqueo por falta de coordinación y equipos que permitan la operatividad a nivel nacional. La decisión del gobierno es proteger a nuestros escolares y ahora hemos confirmado que son 2,612 los separados del sistema educativo que nunca más volverán a las aulas”, afirmó la ministra de Educación, Magnet Márquez.
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Durante la firma del compromiso “Tolerancia cero a criminales en nuestras escuelas” entre el Minedu y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), representado por su presidenta ejecutiva, Ana Pari Morales, la ministra explicó que el registro de condenados que no pueden regresar a laborar en los centros educativos no estaba actualizado y ahora se está coordinando a nivel nacional, en base a una mejor interconexión tecnológica con el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Servir.
“Ahora hemos logrado, con Servir y el MEF, bloquear de forma definitiva en la planilla de recursos humanos del sector público a los 2,612 condenados, lo que es un muy importante para generar entornos educativos seguros para nuestros estudiantes”, precisó la ministra.
De esos 2,612 condenados, el mayor número es por violación de la libertad sexual con 1,833 condenados, 509 por tráfico de drogas, 81 por terrorismo y apología del terrorismo, 78 por homicidio doloso, 37 por proxenetismo, 26 por secuestro, 12 por parricidio y 11 por secuestro extorsivo, entre otros delitos.
Según las cifras de condenados que ahora ya están en el padrón que impide generarles pago alguno en el sector educativo, en Lima Metropolitana se concentra el mayor número de condenados, con 481 casos; seguido de Cajamarca, con 159 casos; San Martín, con 157; Piura, con 138; Ayacucho, con 134; Áncash, con 118; Cusco, con 116; La Libertad, con 113; Huánuco, con 111; Junín, con 105; Loreto, con 101; Apurímac, con 93; Lima provincias, con 85; Puno, con 84; Lambayeque, con 83; Amazonas, con 73; Huancavelica, con 69; Ucayali, con 66; Arequipa, con 66; Ica, con 65, y Callao, con 48.
“El Ministerio de Educación tiene acceso al registro nacional de condenados del Poder Judicial, por lo que permanentemente se verifica con nuestra planilla para no permitir que se generen pagos. Esa labor se coordina con el MEF y Servir”, indicó la ministra.
Márquez precisó que la ley es clara para los condenados por dichos delitos, porque el Tribunal Constitucional ratificó en el expediente 2120-2021-AA-TC que no pueden volver a los colegios, sin que se afecte que puedan desarrollarse en otras actividades, “porque se prioriza el bienestar y seguridad del menor sobre cualquier otro derecho de los rehabilitados”.
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