La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en su última sesión de este martes, aprobó el dictamen, que recoge varios proyectos de ley anteriormente presentados, y que busca ampliar el plazo de adecuación de docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos.
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Se trata de la norma 31364, la cual modifica el articulo 4 del Decreto Legislativo 1496. Mediante este dispositivo se le otorga 2 años más de plazo a los mencionados docentes a fin de que puedan obtener su grado de maestría y/o doctorado. El plazo actual es hasta el 30 de diciembre. El contar con este grado académico es un requisito para que los maestros puedan dictar clases en las universidades del país.
El presidente de dicha comisión, José María Balcázar, indicó que en las universidades hay un sector de profesores que no ha podido obtener su título de maestría y doctorado debido a diferentes factores. En esa línea, dijo que las federaciones de docentes a nivel nacional y rectores han mostrado su preocupación al respecto, y buscan que se le pueda dar a este grupo una última oportunidad para la obtención de sus títulos correspondientes.
Balcázar sostuvo que los principales fundamentos expuestos para la aprobación de esta medida tienen que ver con los efectos post pandemia que han repercutido considerablemente en la parte económica. “Por ello [los docentes] no han podido terminar con sus tesis de maestrías y doctorados”, comentó.
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Vale precisar que en una sesión anterior, se acordó dejar para una siguiente fecha el debate de la misma norma, pero esta vez con la presencia del jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en aras de que se pueda evaluar de forma objetiva.
La mencionada superintendencia iba a proporcionar la data correspondiente al número actual de docentes universitarios que no cuentan con un grado académico de maestría y doctorado. Sin embargo, Balcázar sostuvo que debido a la complejidad y tiempo que se requeriría para reunir tal información, lo mejor era votar de una vez y no prolongar más el asunto.
“Sunedu no va a poder consolidar la información que se le requiere. Además, esto es un tema prácticamente jurídico- legal, se trata de si le concedemos o no el plazo y punto. Los antecedentes ya están”, expresó el presidente de la Comisión de Educación.
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Otros congresistas integrantes de la mesa apoyaron esta posición y señaron que sí están a favor de la meritocracia, pero que al mismo tiempo habría que tomar en cuenta lo difícil que es obtener una titulación, lo que cuesta y el tiempo que demora.
Por ello, se planteó finalmente que este sea la última ampliación del plazo para que docentes de universidades públicas y privadas puedan obtener sus respectivos grados académicos.
Además, se planteó que, de carácter excepcional y por única vez, las universidades exoneren de los gastos administrativos a los docentes.
Vale recordar que en 2021, el Congreso ya había aprobado una ley que ampliaba hasta el 30 de diciembre de 2023 el plazo para la obtención de estos grados académicos. Esta es una exigencia de la Ley Universitaria, para la cual se estableció un plazo de seis años, que venció justamente en el 2021.
Los docentes que no se adecúen serán considerados en la categoría que les corresponda o acabará su vínculo contractual.
Texto sustitutorio y votación
La norma presentada en sesión modifica la Ley 31364, que modifica el articulo 4 del DL 1496, a fin de ampliar el plazo de adecuación de docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos.
El texto sustitutorio es el siguiente:
“4.1 Se amplía el plazo de adecuación a los requisitos de la Ley 30220 (Ley Universitaria) para los docentes de universidades públicas y privadas. Para tal fin tienen como plazo definitivo el 30 de diciembre del 2025 para obtener sus grados académicos”.
“4.2 Esta norma es de carácter excepcional, por lo que por única vez se dispone que cada universidad exonere total o parcialmente a los graduados de los trámites administrativos y económicos”.
Finalmente, tras la votación, dicho proyecto fue aprobado por mayoría: 17 a favor, 5 en contra y una abstención. Se espera que sea presentado en el Pleno del Congreso. Luego de su eventual aprobación, corresponderá al Gobierno decidir su promulgación.
