El Poder Judicial ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a los ministerios de Defensa y del Interior cumplir con entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas ocurridas en nueve departamentos en diciembre del 2022 y enero del 2023 contra la mandataria Dina Boluarte.
La decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, que declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de dichos portafolios en la investigación contra la presidenta, el exjefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola y otros.
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El fallo precisa que “la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido”, ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
En la resolución, el tribunal supremo también señala que “el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública”.
Como se recuerda, la investigación preliminar contra Dina Boluarte era por tres delitos: genocidio, homicidio calificado y lesiones graves y fue aprobada el 10 de enero del 2024. Tenía inicialmente un plazo de ocho meses.
El 7 de septiembre del año pasado la fiscalía dispuso “ampliar excepcionalmente” la indagación preliminar por 45 días, plazo que venció el 25 de octubre del 2024. Ese mismo día se anunció una nueva ampliación, esta vez por ocho meses más.
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Posteriormente, el 27 de noviembre del año pasado la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra y Otárola Peñaranda.
Al menos 49 personas fallecieron durante las protestas sociales desarrolladas en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Puno, Junín, La Libertad y Lima entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
