Si bien el país ha logrado avances significativos en materia de electrificación rural durante las últimas décadas, las brechas de acceso a energía limpia y confiable persisten en varias regiones del país. Así lo señala Betsy Figueroa, especialista en inversiones, energía e infraestructura con experiencia internacional, quien destaca que todavía existen obstáculos estructurales que dificultan llevar electricidad a miles de familias que viven en zonas remotas.
Según explica, el acceso a la energía en áreas rurales pasó de apenas 7,7% en 1993 a una cobertura estimada de 84,5% en 2022. Sin embargo, factores como la dispersión de las viviendas, la lejanía de las comunidades, la falta de infraestructura vial y los bajos niveles de consumo siguen encareciendo los proyectos de electrificación y limitando su expansión.
“Las principales barreras son la lejanía y poca accesibilidad de las localidades, el consumo unitario reducido, las viviendas dispersas y el bajo poder adquisitivo de los habitantes”, afirma Figueroa. A ello se suman conflictos comunitarios, dificultades relacionadas con la tenencia de tierras y la falta de modelos sostenibles para el mantenimiento de los sistemas instalados.
La especialista sostiene que la llegada de energía limpia a una comunidad representa mucho más que la disponibilidad de electricidad. En su opinión, el impacto se refleja directamente en la educación, la salud y las oportunidades económicas de la población.
“No se trata solo de encender una bombilla”, señala. “Significa que los niños pueden estudiar después del anochecer, que un puesto de salud puede conservar vacunas y medicamentos de forma segura, y que las familias pueden mantenerse conectadas con el resto del país mediante sus teléfonos móviles”.
Figueroa destaca además que el acceso permanente a la electricidad permite el crecimiento de pequeños negocios y emprendimientos locales. Panaderías, talleres, bodegas y otros establecimientos pueden ampliar sus horarios de atención, incorporar nuevas herramientas de trabajo y aumentar sus ingresos, convirtiendo a la energía en un motor de desarrollo económico.
Las mayores brechas de electrificación se concentran actualmente en regiones como Cajamarca, Loreto, Ucayali y Puno. De acuerdo con la especialista, las condiciones geográficas de estos territorios elevan considerablemente los costos de implementación de los proyectos.
En departamentos amazónicos como Loreto y Ucayali, muchas comunidades solo pueden ser atendidas por vía fluvial o aérea. Mientras tanto, en Cajamarca y Puno, la dispersión de los centros poblados obliga a desarrollar soluciones individuales de alta complejidad. “El desfinanciamiento histórico y la atomización institucional entre distintos niveles de gobierno también explican el retraso acumulado”, sostiene.
La falta de energía, añade, profundiza las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas. “La energía no es solo un servicio básico: es una condición para el desarrollo, la inclusión y la mejora de la calidad de vida”, enfatiza.
Respecto a las alternativas para cerrar estas brechas, Figueroa considera que las soluciones basadas en energías renovables han demostrado ser particularmente efectivas. Entre los casos más destacados menciona el proyecto de Masisea, en Ucayali, que combina generación solar, almacenamiento energético y respaldo térmico para brindar electricidad continua a miles de habitantes.
Asimismo, resalta experiencias de electrificación distribuida desarrolladas en Cajamarca, Cusco y Loreto, donde sistemas solares instalados directamente en viviendas aisladas han permitido atender a comunidades donde las redes convencionales resultan inviables.
Para garantizar que la transición energética beneficie también a las poblaciones rurales, la especialista considera fundamental fortalecer mecanismos de apoyo económico y promover proyectos productivos asociados al acceso a la energía.
“Garantizar equidad requiere mantener el Fondo de Compensación Social Eléctrica, ampliar los programas de usos productivos y articular la electrificación con servicios de agua, salud y educación bajo un enfoque de desarrollo integral”, afirma.
Finalmente, Figueroa identifica tres factores clave detrás de los proyectos exitosos de electrificación rural: una mayor escala de intervención para reducir costos, el uso de información precisa para orientar las inversiones y la participación activa de las comunidades en la gestión de los sistemas.
“La sostenibilidad depende de las comunidades. Capacitar técnicos locales y promover modelos de gestión comunitaria asegura que los sistemas sigan funcionando en el largo plazo”, concluye.
En Vivo US
