La viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, se reunió con el emprendedor Joseph Torres Cama, fundador de doxs.ai, una iniciativa que brinda orientación legal en lenguas originarias mediante inteligencia artificial, a fin de dialogar sobre la propuesta de esta organización para fortalecer la atención legal en lenguas originarias.
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Durante el encuentro se analizó cómo la iniciativa podría complementar el servicio que actualmente brinda la defensa pública, sobre todo en los territorios donde el Estado todavía no logra cubrir toda la demanda de asistencia legal. La herramienta permitiría que una persona que habla una lengua originaria acceda de manera virtual a una primera orientación en caso no acceda de forma presencial a un defensor o a un intérprete.
En esa línea, se planteó la posibilidad de explorar más adelante un convenio de cooperación con ese propósito. La prioridad, se subrayó, es que cualquier apoyo tecnológico acompañe y fortalezca el trabajo de la defensa pública, sin reemplazarlo.
También se mencionó que la iniciativa podría apoyarse en el Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), la plataforma gratuita de información legal del Estado, para que sus respuestas se sustenten en normativa oficial y vigente.
“Nos interesa todo esfuerzo que ayude a que una persona entienda sus derechos en su propia lengua. Iniciativas como esta pueden acercar el Estado a quienes hoy quedan lejos, siempre que acompañen y fortalezcan el trabajo de la defensa pública”, señaló la viceministra Shadia Valdez.
El derecho de toda persona a usar su propio idioma ante cualquier autoridad está reconocido en la Constitución y desarrollado por la Ley 29735, que regula el uso y la protección de las lenguas originarias del Perú. Ampliar el acceso a la justicia en esas lenguas es una tarea que el MINJUSDH impulsa a través de la defensa pública y de la orientación jurídica gratuita.
En la reunión participaron el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Abel Hurtado Espinoza; la directora de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria, Lesli Roxana Gonzales Cabanillas; y la directora de Política Criminológica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, Diana Gisella Milla Vásquez.
