Un nuevo intento de reformar a la PNP tras dos décadas de propuestas | INFORME

El presidente Francisco Sagasti asumió el mando del país el 18 de noviembre y cinco días después se dirigió a la nación para anunciar una serie de movidas en la Policía Nacional del Perú (PNP) y una comisión para organizar, una vez más, una reforma de esta institución, como se viene intentando desde hace 20 años.

Los indicios de un uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP en las manifestaciones contra Manuel Merino, y el rechazo que esta institución acumuló en un sector de la ciudadanía, motivaron al presidente a nombrar como nuevo comandante general de la policía a César Cervantes Cárdenas, quien ocupaba el puesto 18 en el escalafón de generales con mayor antigüedad.

Con este cambio, una larga lista de oficiales pasaron al retiro por renovación de cuadros. Uno de ellos es el teniente general Jorge Lam, investigado por las muertes de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado. Quince exministros del Interior y un grupo de excomandantes generales de la PNP han cuestionado la medida a lo largo de esta semana.

Antes de lo sucedido en las manifestaciones contra Manuel Merino, la PNP venía siendo criticada por algunas intervenciones en el contexto del control de multitudes durante la pandemia del coronavirus. El pasado 23 de agosto, un operativo en una fiesta clandestina en Los Olivos se salió de control y 13 jóvenes murieron. Después se demostró que los agentes a cargo ocultaron hechos sobre el grave incidente.

El 8 de noviembre, otro fallido operativo en una cancha de fulbito del Callao terminó con un civil muerto y dos policías heridos.

Por otro lado, hace una semana, en la Av. La Marina (San Miguel), una persecución a un auto con lunas polarizadas acabó con un adolescente muerto al recibir un disparo por parte de la policía. Uno de los agentes está ahora en prisión preventiva.

Si nos remontamos al 2019, en una racha inaudita hubo varios casos de fugas de delincuentes que estaban bajo custodia de la policía.

A todo lo anterior se suman los problemas ya conocidos sobre las deficiencias en protocolos e infraestructura de las sedes policiales. En el 2017, un estudio sobre las 1.495 comisarías de todo el país reveló que 633 se hallan en mal estado (42%). Solo en Lima y Callao, al menos 29 necesitan intervención urgente y otras 18 ya debían ser demolidas.

Otro prolongado problema es la corrupción en las compras públicas de la PNP, que en la pandemia se vio con más claridad. A fines de setiembre, un juez dictó 18 meses de prisión preventiva para el exdirector de la Aviación Policial, general Alfredo Andrés Vildoso Rojas, y otros cuatro investigados por la compra irregular de más de 20 mil mascarillas.

–Prioridades–

Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP en el 2003, considera que un tema prioritario es cambiar la “ampulosa estructura” de la institución suprimiendo dependencias que –en su opinión– hacen más burocrática a la policía. Para hacer este y otros cambios, agregó Pérez Rocha, se necesita un acuerdo político que garantice las inversiones necesarias en el tiempo. “Sin medios ni recursos, la reforma es en vano”, dijo.

En opinión de Ricardo Valdés, exviceministro de Orden Interno, para lograr ese acuerdo político podría aprobarse una ley que, por vez excepcional, permita que la gestión del ministro del Interior y de la comandancia de la PNP (salvo hechos graves) se extienda cuatro o cinco años en el cargo, de modo que la reforma no se trunque.

Según el exministro del Interior Carlos Basombrío, “no hay nada nuevo que inventar, ya se conoce más o menos qué cosas deben mejorar”. Modernizar a la policía implica, dice Basombrío, actualizar su obsoleta gestión de recursos humanos y, entre otras cosas, profesionalizar el patrullaje policial.

Sobre esto último, Wilson Hernández, investigador de Grade en temas de seguridad, explica que se debe hacer una reforma integral con mapas del delito, análisis de datos y desplazamientos de patrullas con base en esa información. Clave para la reforma es el aspecto de la intervención policial en manifestaciones públicas y en conflictos sociales.

-Los procesos frustrados desde principios del siglo [Nota vinculada]-

Luego de que el presidente transitorio Valentín Paniagua dejara un documento base para iniciar una reforma en la policía, el gobierno de Alejandro Toledo, con Fernando Rospigliosi como ministro del Interior, intentó poner en marcha una transformación integral de la PNP.

Este primer proceso duró hasta el 2005. Se hicieron algunos cambios (como la creación de la Defensoría del Policía), pero la reforma se “quebró” por “debilidad institucional y falta de apoyo presidencial”, según un artículo académico publicado en el 2007 por el hoy congresista Gino Costa (participante en el proceso) y la experta en reformas públicas Rachel Neild.

En adelante, los intentos de reforma fueron parciales. Se modificó el régimen salarial de la PNP (2011), se intentó sin éxito hasta hoy eliminar el régimen laboral 24x24 (2015-2016), se aprobó una nueva Ley de la Policía Nacional del Perú (2016) y también la nueva Ley de Régimen Disciplinario de la PNP (2017). Se dotó a las comisarías de Lima de un sistema para rastrear en tiempo real el patrullaje policial (2017) y se declaró en reorganización a las escuelas técnicas de la PNP (2019), pero se avanza con mucha lentitud. ¿Se logrará la reforma esta vez?

-Puntos de vista-

Sentar las bases y plantear un plan

Wilson Hernández - Investigador de Grade

Lo que este gobierno hará es sentar las bases de la reforma policial y plantear un plan de trabajo para que una comisión lo ejecute a partir del 28 de julio del 2021. Pero en estos meses de gobierno de transición se puede avanzar en temas importantes.

Por ejemplo, un primer punto debe ser mejorar la capacidad de las comisarías con protocolos de actuación para determinados delitos y hechos en los que hoy la PNP actúa con discrecionalidad. También se debe trabajar en una reforma de la estrategia de patrullaje. Además de que el comisario pueda ver en tiempo real dónde están sus unidades, se necesita una estrategia de patrullaje con base en análisis de información y mapas del delito.

En el corto plazo también se pueden revisar los sílabos de las escuelas de la PNP y ver qué está fallando antes de que empiecen a estudiar las nuevas promociones. Un tercer punto es la investigación y sanción: no puede haber reforma seria con personal involucrado en delitos graves.

Hace falta un compromiso político

Percy Castillo - Adjunto en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo

En los últimos años se intentaron cambios que quedaron inconclusos. No se ha logrado el objetivo por múltiples causas. Una de ellas es la falta de institucionalidad en el Ministerio del Interior. Emprender un cambio en la PNP implica un compromiso político que debe trascender al Gobierno.

Si se va a transformar la institución, se puede empezar por las comisarías. Todas deberían tener agua, desagüe, luz eléctrica e Internet las 24 horas. También se requiere un cambio en los mecanismos de control y transparencia. En la pandemia vimos cómo los escasos recursos no fueron bien usados.

También se requiere repensar en su reestructuración orgánica. ¿Cuántos policías necesitamos? ¿Cuántas direcciones policiales? ¿Cuántos órganos de comando?

Desde la defensoría consideramos también que los asuntos de la gestión administrativa de la institución bien pueden estar a cargo de civiles a través de los gerentes públicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Emprender cambios desde adentro

José Luis Pérez Guadalupe- Exministro del Interior

En el 2016, el entonces ministro Carlos Basombrío dio de baja a 51 generales de la PNP en cinco meses. Varios de ellos regresaron porque los sacaron irregularmente. ¿Qué cambiaron en la PNP? Es el mismo discurso de reforma que hoy da Rubén Vargas, que por entonces era viceministro de Basombrío.

No hay reforma si hay un manoseo político. Primero debe tener gente que sepa y, segundo, debe llegarse a un acuerdo entre las fuerzas políticas, pero con la PNP. No se puede hacer una reforma desde afuera de la institución.

Qué reforma comienza bien dando de baja a las cabezas, provocando toda esta crisis institucional. Y ya no es un tema solo de legalidad, sino de institucionalidad.

La única salida que veo es que se deje sin efecto el relevo del comando policial. Que se reforme lo que sea necesario, que se refuerce lo que necesite refuerzo, pero no de esta manera. Esto afecta muchísimo el trabajo operativo de la PNP en el día a día. ¿Para qué voy a trabajar bien si dependo de que un ministro me ascienda o me bote?