Proponen fin de la ATU: las razones detrás de este proyecto y posibles consecuencias en el transporte

Para tal fin, el “Proyecto de Ley que restituye la competencia municipal sobre el transporte urbano en Lima y Callao” busca derogar la Ley Nº 30900, que dio origen a la ATU en 2018, aunque fue en el 2019 que recién pudo ejercer funciones de manera gradual con la transferencia de facultades para administrar y gestionar el transporte público en Lima y Callao, que les correspondía hasta ese entonces a los gobiernos locales.

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“La presente ley tiene por objeto restituir a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Provincial del Callao las competencias de planificación, regulación, fiscalización, supervisión y prestación de los servicios de transporte urbano en sus respectivas jurisdicciones, y derogar la Ley N.º 30900, que creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao”, se lee en la propuesta.

Al cierre de esta nota, la ATU indicó que por el momento no se va a pronunciar sobre este proyecto y que lo hará una vez la iniciativa se termine de debatir o sea archivada.

El documento del proyecto de ley señala que las competencias transferidas a la ATU serían devueltas de la siguiente manera:

• A la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito de la provincia de Lima Metropolitana.
• A la Municipalidad Provincial del Callao, en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.

Asimismo, se dispone la creación de una Comisión Técnica de Transferencia, que deberá tener a su cargo un proceso ordenado de extinción de la ATU y de reasignación de funciones, bienes, personal y recursos. Dicha instancia tendrá que presentar un informe final al Congreso de la República en un plazo no mayor de 90 días hábiles. Estaría integrada por:

1. Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
2. Un representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3. Un representante de la Municipalidad Provincial del Callao.
4. Un representante de la Contraloría General de la República.

En tanto, como parte del proceso de transferencia de recursos y personal, el Ministerio de Economía y Finanzas “autorizará las transferencias presupuestarias correspondientes para garantizar la operatividad de las municipalidades en el ejercicio de sus funciones restituidas”.

Además, de acuerdo con el proyecto de ley, el personal técnico de la ATU podrá ser reasignado tras una evaluación técnica de cada municipalidad. Como disposición complementaria final, se dispone que “el Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de 60 días calendario, apruebe las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación de la presente ley”.

En su exposición de motivos, Chirinos señala que el proyecto de ley responde a una “exigencia de coherencia constitucional y legal con el modelo descentralizado adoptado por el Perú”, así como a la “necesidad de rectificar la ineficaz centralización operada por la ATU”. Indicó que nuestra Constitución reconoce a las municipalidades como órganos de gobierno local con autonomía en asuntos referentes a la gestión de servicios públicos como el transporte urbano.

Asimismo, mencionó que tampoco se ha logrado la eficiencia prometida. Resaltó que a pesar de contar con autonomía administrativa y recursos presupuestales (más de S/117 millones autorizados), la ATU no ha resuelto los problemas estructurales del sistema de transporte urbano, como la informalidad, la saturación vehicular, la falta de integración operativa o tarifaria y el deterioro del servicio.

“La ejecución presupuestal de la ATU ha sido baja e ineficiente. A pesar de contar con importantes asignaciones anuales del tesoro público, no ha logrado traducir ese presupuesto en obras, expansión de cobertura, mejora de flotas ni desarrollo de sistemas de información ciudadana”, precisó.

Otro de los principales problemas de la ATU, detalló, ha sido su incapacidad para integrar los diversos modos de transporte urbano, como los corredores complementarios, el Metropolitano, el Metro de Lima y el transporte convencional. A esto añade “la debilidad de los mecanismos de fiscalización y control técnico”.

En suma, la legisladora sostuvo que a más de 5 años de su creación, el balance general de la gestión de la ATU “revela un modelo institucional técnicamente ineficiente, políticamente deslegitimado y operativamente desconectado de las realidades territoriales”. En ese sentido, agregó que los resultados obtenidos justifican su derogación.

Por último, aseveró que la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao cuentan con la experiencia técnica necesaria para gestionar de manera eficiente el servicio público de transporte urbano. “Este proyecto no plantea un regreso al pasado, sino una corrección constitucional, técnica y legal del modelo actual. Su aprobación permitirá avanzar hacia un sistema de transporte urbano más democrático, eficiente y articulado", subrayó.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG “Luz Ámbar”, precisó a El Comercio que la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre en el país señala que no pueden haber dos municipios provinciales contiguos gestionando el transporte urbano, y los obliga a constituir una sola autoridad para tal fin. En el caso de Lima y el Callao, fue esa condición la que por años la sociedad civil y las organizaciones pidieron que se cumpla, hasta que en el 2018 se crea la ATU.

“Por mucho tiempo ningún alcalde de Lima y Callao quiso hacer caso a la norma y decidieron seguir cada uno por su cuenta gestionando el transporte. A ellos se sumó la municipalidad de Huarochirí, que empezó a autorizar rutas. De modo que lo único que han hecho los municipios ha sido destrozar el transporte urbano. Toda su gestión ha sido una calamidad", comentó.

Esto no quiere decir, dijo Quispe, que se pretenda ocultar que en los años que viene funcionando la ATU no ha podido lograr lo esperado, sino que apenas ha terminado los estudios del plan regulador de rutas y el plan de movilidad urbana, que efectivamente son documentos indispensables para avanzar hacia el objetivo de tener un sistema integrado de trasporte.

“Si bien es cierto la ATU no ha avanzado lo suficiente, por lo menos tiene los planes, y la solución no está en que regrese las competencias del transporte urbano a las municipalidades, la solución está en que la ATU haga lo que tenga que hacer por mandato de la ley“, expresó.

Por otro lado, sostuvo que la real intención de los congresistas que propiciaron este proyecto de ley sería de índole político, ganar votos y congraciarse con un sector descontento con la regulación de la ATU. “Este proyecto de ley no tiene sentido. No hay una intención técnica. Quieren utilizar nuevamente un problema tan importante como lo es el transporte para fines políticos”, aseguró.

Por su parte, José Aguilar, expresidente de la ATU, consideró que algunos argumentos y justificaciones que se mencionan en el proyecto de ley no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, respecto a una pobre ejecución presupuestal por parte de la ATU, indicó que esa afirmación es perfectamente rebatible, pues “si uno analiza el presupuesto de inversiones de la ATU es una de las entidades que tiene más ejecución, mayor al 95% todos los años“.

“Luego, se menciona una escasa articulación con gobiernos locales. Sin embargo, la ATU tiene convenios con una gran cantidad de municipalidades. Se añade una incapacidad para generar distintos modos de transporte, pero tras casi 30 años de desorden en autorizaciones de transporte (Lima, Callao y Huarochirí) decir que en 5 años no se ha hecho nada creo que es un poco ligero“, manifestó.

Aguilar agregó que antes todo era un desorden absoluto, razón por la cual se crea la ATU y se centralizan las competencias en transporte para que solo una entidad las gestione. “El desorden que en buena parte ahora enfrenta la ATU es originado por décadas de una mala gestión municipal. No digo que la ATU sea perfecta y seguro tiene muchos temas que mejorar, pero lo que se propone es volver a ese caos“, dijo.

En tanto, Franklin Barreto, exjefe de la División de Accidentes de Tránsito de la PNP, destacó que este proyecto haría retroceder, en realidad, lo poco que se ha avanzado en tema del transporte urbano al mando de la ATU. Si bien comentó que es verdad que dicha entidad “no ha dado la talla” para atacar problemas como la informalidad en las pistas, devolver sus competencias a las municipalidades “sería un retroceso muy lamentable”.

“Las municipalidades (de Lima y el Callao) no tienen personal con dominio técnico del tema. En la ATU, por lo menos, sí hay. La ATU nace con la misión de integrar todos los sistemas de transporte público. Anteriormente, cuando los municipios provinciales tenían a cargo las líneas de servicio público, todo era un desastre”, expresó.

Uno de los problemas que ha tenido la ATU, agregó, ha sido no concretar soluciones rápidas, a la par con la demanda ciudadana. “En las municipalidades provinciales lo que hay son puestos de confianza para funcionarios. Pero no hay gente preparada técnicamente”, enfatizó.

Aguilar explicó que si se restituyen las facultades en materia de transporte urbano a las municipalidades de Lima Metropolitana y el Callao todo el tema del sistema integrado se vería afectado. Agregó que no se trata solo del transporte convencional, que son las líneas regulares de buses, sino que también involucra al Metropolitano, los corredores, las líneas de Metro. Todos estos servicios serían “repartidos” entre las comunas y administradas bajo un criterio particular.

“Si volvemos a lo que era antes tendríamos otra vez dos entes partidos, el gobierno nacional ejecutando las líneas de Metro y la municipalidad con las líneas de buses sin ninguna planificación de transporte urbano. Cualquier sueño de tener por fin un sistema integrado de transporte se iría por la borda. Ojalá que se archive el proyecto”, expresó.

La presentación de esta iniciativa se da en medio de una serie de medidas que perjudicarían el avance hacia un sistema integrado de transporte y, por el contrario, benefician a grupos que desde hace años se resisten a un ordenamiento del parque vehicular.

Una muestra de ello es la ampliación de la autorización de rutas por 5 años más para combis y buses, con la promesa de que entren en un proceso de modernización de su flota y servicio. Asimismo, está también la creación de un partido político que representa a los colectiveros y una medida cautelar presentada en favor de este grupo para que se les permita operar sin restricciones en rutas donde hoy hacen lo propio los buses interprovinciales.

Al respecto, Quispe criticó que la ATU y el MTC hayan priorizado el otorgar autorización por 5 años más a vehículos que cuentan con hasta 35 años de existencia. Lo catalogó de un “craso error”. “Han renovado por 5 años a empresas que no tienen ni vehículo, no tienen nada. Honestamente, no me entiendo qué interés habrá, es inexplicable, cuál es el interés de que sigan circulando las combis y coasters“, exclamó.

Añadió que esta decisión es “irracional”, pues la misma norma dispone que a los 15 años de antigüedad estos vehículos de transporte de personas deberían ser retirados de circulación.

Por su parte, para Barreto, pareciera que los congresistas están enfrascados en hacer lo que sea para lograr una reelección y para ello quieren generar el mayor ruido posible con tal de tener la atención de la ciudadanía que, desde luego, no está conforme con el manejo que tiene la ATU del transporte en Lima y Callao. Eso no se puede ocultar. Sin embargo, lo que se plantea no es la solución, sostuvo.

“Acá lo que vale para los políticos, es, creo yo, es hacer ruido, así sea con propuestas que, en realidad, no son coherentes. Sí podemos ver que la ATU definitivamente ha sido ineficiente, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero pretender regresar a lo anterior es más peligroso aún. Sabemos que existen muchas mafias en este tema del transporte y la licitación de rutas”, opinó.

Por otro lado, Aguilar indicó que para cualquier tema de infraestructura la ATU tiene que emitir opinión vinculante, ya sea para redes semafóricas o señalización vial. Es decir, una obra sin esta opinión sería nula. Quizá esta sería la verdadera razón del proyecto, no lo sé.

“También podría deberse a las presiones por parte de gremios de transporte ilegal, ojalá no sea eso, prefiero pensar que es un tema de desconocimiento, porque hay una serie de afirmaciones en el proyecto que no son correctas“, puntualizó.