Mariano Pérez asegura que los meses de retraso han generado pérdidas económicas que deben ser asumidas por el municipio de San Isidro. (Foto: Lino Chipana)
Mariano Pérez asegura que los meses de retraso han generado pérdidas económicas que deben ser asumidas por el municipio de San Isidro. (Foto: Lino Chipana)

La historia entre la Municipalidad de y la empresa que debe encargarse de la instalación del servicio de en ese distrito, CityBike Lima, empezó el 5 de junio del 2018. Aquel día, firmaron un contrato que estipula que el sistema debía funcionar desde el 31 de enero de este año. Casi cinco meses después de esa fecha, todo está paralizado.

La empresa asegura que la demora se debe a “trabas” impuestas por la gestión del alcalde Augusto Cáceres (Acción Popular) y que esas dilaciones le han ocasionado pérdidas de S/1’300.000. Según la compañía, este monto debe ser asumido por el municipio de San Isidro a través de un trato directo, que se inició el miércoles 12, y que es la vía previa a un arbitraje.

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Cambio de estaciones

Mariano Pérez, director adjunto de Moventia, empresa que opera CityBike Lima, explica que durante la gestión del entonces alcalde Manuel Velarde, la compañía presentó una iniciativa privada al municipio para poner en marcha el servicio de 500 bicicletas y 50 estaciones en distintos puntos, según un estudio de demanda.

“Este proyecto no le cuesta nada a la municipalidad. La ganancia que obtendremos será de los pagos de los ciclistas y por los paneles publicitarios que colocaremos en algunas estaciones”, detalla Pérez a El Comercio.

El ejecutivo español precisa que el 26 de enero, cuando ya estaban en la etapa de implementación del servicio, la Municipalidad de San Isidro les pidió –a última hora– que cambiaran de lugar 14 estaciones.

“Esa fue la primera traba. Nosotros no hemos colocado las estaciones al azar. Hay un estudio que lo sustenta y el expediente técnico precisa cuáles son las áreas donde operaremos por 13 años, pero la municipalidad pidió el cambio sin ningún criterio técnico y dio 60 días para las modificaciones”, detalla Pérez.

Empresa CityBike inició un trato directo con la comuna de San Isidro por dilaciones en el funcionamiento de bicicletas de alquiler en ese distrito. (Lino Chipana)
Empresa CityBike inició un trato directo con la comuna de San Isidro por dilaciones en el funcionamiento de bicicletas de alquiler en ese distrito. (Lino Chipana)

Una vez que la empresa removió las 14 estaciones, el pasado 5 de junio, a un año de la firma del contrato, surgió otro inconveniente. La municipalidad le remitió un oficio para solicitar el cambio de dos estaciones más, diferentes a las 14.

Una de ellas se ubica en la avenida José Gálvez Barrenechea. Según el documento edilicio, el cambio es porque la estación de bicicletas “perjudica los locales comerciales ubicados frente a dicha área de parqueo y los clientes no tienen dónde estacionar”.

La otra estación que debe ser removida está en la Av. Álvarez Calderón frente a una playa de estacionamiento vehicular porque, según la comuna, “se pondría en peligro la vida de los ciclistas”. “El espíritu del proyecto es que ya no haya más autos. El tema es quitar dos coches para meter 14 bicicletas”, enfatiza, mortificado, Pérez.

La asesora legal de CityBike, Milagros Mendoza, resalta que –según el contrato– cada año se puede reubicar el 5% de estaciones (2,5 estaciones) y cuando se supera ese porcentaje, la municipalidad debe asumir el costo.

“Este año se han reubicado 14 estaciones. La municipalidad tendría que asumir el costo”, asegura. Este Diario buscó la versión de la Municipalidad de San Isidro, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

CityBike asegura que el 26 de enero, cuando ya estaban en la etapa de implementación del servicio, la Municipalidad de San Isidro les pidió –a última hora– que cambiaran de lugar 14 estaciones. (Alonso Chero)
CityBike asegura que el 26 de enero, cuando ya estaban en la etapa de implementación del servicio, la Municipalidad de San Isidro les pidió –a última hora– que cambiaran de lugar 14 estaciones. (Alonso Chero)

Otros inconvenientes

La empresa y la municipalidad acudieron este año a un trato directo por una controversia sobre los paneles publicitarios. La ganancia que se recaude de la publicidad en esos paneles será para la empresa. “Nosotros acudimos con representantes de las embajadas de Francia y España porque somos un consorcio franco-español. La municipalidad alegaba que la distancia entre el panel, en Pérez Araníbar, y la base no cumplía los centímetros establecidos, pero al final admitieron que habían calculado mal”, refiere Pérez. Agrega que la municipalidad ahora les exige una ficha técnica socioambiental, pero el Ministerio de Transportes les ha informado que no es exigible porque es extemporáneo.

“Pedimos que nos dejen operar porque estamos retrasados y que nos paguen S/1’300.000 por pérdidas generadas”, recalca.

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