Estudiantes se manifiestan en las calles de Managua contra el gobierno de Daniel Ortega. (Foto: Reuters/Oswaldo Rivas)
Estudiantes se manifiestan en las calles de Managua contra el gobierno de Daniel Ortega. (Foto: Reuters/Oswaldo Rivas)
Jesús Moya Choy

El pueblo de vivió este miércoles un Día de la Madre teñido de sangre. Las protestas bajo la exigencia de que deje el poder parecen no mermar la voluntad del presidente y dejaron solo en esa jornada más de 15 muertos, según cifras del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y la prensa local.

La encarnizada represión llevó incluso al empresariado, hasta hace poco cercano al gobierno de Ortega, a deslindar de la violencia y apartarse del pacto que mantenían.

La crisis sociopolítica de Nicaragua ha dejado al menos 76 muertos desde el 18 de abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 83 según Amnistía Internacional (AI) y 85 de acuerdo con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz nicaragüense.

El Comercio conversó al respecto con Edmundo Jarquín, ex alto funcionario de Cancillería, ex diputado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y actual miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

—Tras los fatídicos sucesos del miércoles y la aseveración del presidente Ortega de que no dejará el poder, ¿Qué opinión le merece la reacción del gobierno ante las manifestaciones?
Quisiera aclarar que en Nicaragua no hay un conflicto armado. Hay una insurrección cívica, o rebelión cívica, diversas manifestaciones de resistencia civil, pero no un conflicto armado. Las armas solamente las tiene el gobierno, a través de la Policía Nacional y las fuerzas de choque paramilitares del orteguismo. Hay una pancarta que normalmente portan los manifestantes que dice: “Nunca había visto tantos valientes sin armas y tantos cobardes armados”.
Ayer, en el Día de la Madre en Nicaragua, hubo una masacre: más de una decena de muertos y varias decenas de heridos. La Conferencia Episcopal y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), han responsabilizado directamente al gobierno, la policía y las fuerzas paramilitares que responden a Ortega.
Ortega no dejará el poder por las buenas, por su propia voluntad, será obligado por la creciente resistencia civil. Hay una correlación de fuerzas abrumadora en contra de Ortega. Nunca quiso permitir elecciones libres, y ahora esa correlación se expresa en la resistencia civil.

—¿Qué efecto ha tenido la represión en la posición del empresariado nicaragüense?
La mejor respuesta a esa pregunta la resumió el Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), cuando en el diálogo nacional la semana pasada dijo: “El sector privado es corresponsable de todo lo bueno y lo malo que se hizo hasta el 18 de abril (cuando empezó la protesta estudiantil y la represión), pero desde el 18 de abril el sector privado no es absolutamente corresponsable de lo que ha pasado”.

—¿Es factible que se produzca un paro nacional del sector privado?
Es lo que pide la calle, pero antes hay que agotar otras formas de presión.

—¿Cómo contribuyó o afectó el diálogo a la crisis?
El diálogo ha sido muy difícil cuanto Ortega se niega a discutir la cuestión de fondo, planteada por la calle, las protestas, la Conferencia Episcopal y el sector privado: la democratización. Y luego de la masacre de ayer, la Conferencia Episcopal, que es la mediadora, ha decidido suspender el diálogo hasta que el gobierno se comprometa a cesar la represión en contra de las manifestaciones pacíficas.

—Hay reportes de prensa que señalan el uso de francotiradores el día de ayer desde el Estadio Dennis Matínez. ¿Se están produciendo ejecuciones extrajudiciales como denuncia Amnistía Internacional? ¿Hasta dónde puede llegar el conflicto armado?
Eso es absolutamente cierto, se han producido delitos de lesa humanidad. Nicaragua no ha ratificado el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional, pero nuestro propio Código Penal que está plenamente vigente establece esos delitos que son imprescriptibles y de jurisdicción internacional. Recuerde el caso de Pinochet y otros semejantes, que fueron atraídos en base a legislaciones nacionales. Y repito: en Nicaragua no hay conflicto armado.

—¿Se pueden producir elecciones adelantadas? ¿Es una posibilidad de salida a la crisis?
Esa es la demanda de la calle y todos los sectores, incluyendo la Conferencia Episcopal y el sector privado. Es importante saber que el orteguismo ha representado una privatización perversa del Frente Sandinista, de modo que muchos sandinistas, miembros del FSLN, están en contra de Ortega. Mientras el sandinismo es indispensable en una solución que retorne a la paz y la estabilidad, el orteguismo que causó esta crisis y la masacre, no tiene cabida en la única solución que son elecciones anticipadas bajo términos que las hagan efectivamente democráticas.

—¿Qué rumbo puede tomar la crisis en los próximos días?
Imposible saber, solamente lo siguiente: más represión, más protesta, y el Ejército ha dicho que su mandato constitucional no es sustituir o sumarse a la policía en la represión.

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