Las autoridades cancelaron este viernes la operación para detener al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para interrogarlo por haber decretado la ley marcial en diciembre ante la obstrucción de su servicio de seguridad en su residencia en Seúl.
Un portavoz de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) informó a medios que la operación se canceló hacia las 13.30 hora local (4.30 GMT), después de que 20 agentes de este organismo y 80 policías se encararan durante tres o cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se ha negado a facilitar el acceso al interior de la vivienda.
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Según contó un funcionario del CIO a la agencia Yonhap, el servicio de seguridad presidencial formó varios perímetros con unos 200 efectivos que detuvieron a los investigadores a unos 200 metros de la residencia.
Pese a que no se realizó ninguna detención, se ha citado a declarar mañana al jefe del servicio de seguridad presidencial, Park Jong-joon, por un posible delito de obstrucción de labores oficiales.
“En cuanto a la ejecución de la orden de arresto hoy, ante el punto muerto persistente, hemos determinado que era virtualmente imposible ejecutar la orden y estábamos preocupados por la seguridad de las personas sobre el terreno debido a la obstrucción para ejecutarla”, explicó el portavoz del CIO en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.
El portavoz explicó que se estudiarán ahora otras medidas y añadió que lamentan “profundamente la actitud del sospechoso, que no acató los procedimientos legales”.
Tras superar un primer control militar en el perímetro del recinto, el equipo de agentes del CIO y policía se encaró con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a aceptar como válidas las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas el martes después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar en relación a su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
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Los seguidores del presidente conservador congregados cerca de su residencia, que llegaron a ser unos 11.000 según la policía, celebraron la noticia con vítores.
“Estamos luchando a favor del presidente y contra estas elecciones manipuladas. Tenemos el mismo problema que ahí (en EE.UU.), así que queremos detener el robo”, cuenta a EFE Hong-shin, estudiante de 26 años que prefiere no dar su apellido y está concluyendo una segunda licenciatura en robótica tras licenciarse en económicas.
Hong-shin, que es una excepción entre los manifestantes a favor del presidente (la inmensa mayoría tiene más de 60 años), sostiene una pancarta con el lema “Stop the steal!” (“¡Detengan el robo!”), propio de grupúsculos radicales que apoyaron al presidente electo Donald Trump y la toma del Capitolio en Washington en enero de 2021.
Los acólitos de Yoon han hecho suya la consigna al considerar que las legislativas surcoreanas de 2024, que reforzaron el dominio de la oposición en el Parlamento, fueron amañadas.
“Si el presidente Yoon es detenido seguiremos luchando”, añade Hong-shin, que ha venido desde la ciudad de Daejeon (140 kilómetros al sur de Seúl) para apoyar al mandatario.
El estudiante opina igual que un hombre de 64 años que pide anonimato y explica a EFE que considera que el líder de la oposición y favorito a convertirse en próximo presidente, el liberal Lee Jae-myung, es un espía que trabaja para los intereses del Partido Comunista de China (PCCh).
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La policía ha desplegado un nutrido contingente que incluye 2.700 agentes sobre el terreno en las cercanías de la residencia presidencial, situada en el barrio de Hannam en Seúl, para evitar altercados.
No obstante, representantes sindicales han convocado una protesta a favor del arresto de Yoon en la zona, lo que incrementa el temor a que se produzcan choques.
Los abogados de Yoon han solicitado una orden judicial para anular la orden de detención argumentando que solo la Fiscalía puede solicitar un arresto por un supuesto delito de insurrección, el único al que no es inmune un presidente surcoreano.
En caso de que puedan arrestarlo, el equipo conjunto formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional, dispone de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo cree necesario.
Yoon, al que se ha prohibido salir del país, fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a Junio si lo restituye o lo cesa definitivamente.
