Una investigación independiente concluyó que el máximo responsable católico en Inglaterra y Gales buscó proteger la reputación de la Iglesia más que a las víctimas de agresiones por parte de sacerdotes. La comisión de Investigación Independiente sobre Abuso Sexual a Menores (IICSA) acusa, en su informe de 144 páginas, al cardenal Vincent Nichols, el más alto dignatario de la Iglesia católica de Inglaterra y Gales, de no asumir “responsabilidad personal”.
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En los casos de dos víctimas, “mostró incomprensión sobre el impacto de sus agresiones (...) y puso claramente la reputación de la Iglesia en primer lugar”, afirma la investigación.
Nichols, arzobispo de Westminster, admitió no haber respondido a algunos correos electrónicos de una denunciante, descrita por responsables diocesanos como “indigente” y “profundamente manipuladora”.
El informe denunciaba también la “lentitud del cambio”, señalando que se tardó 13 años en redactar un código de conducta para los sacerdotes.
“La impresión general creada por estos retrasos es que la Iglesia católica todavía no da suficiente urgencia y prioridad a la aplicación de las recomendaciones”, afirmó.
El texto recomienda una formación obligatoria para todo el personal y los voluntarios, así como una auditoría externa del servicio de la Iglesia responsable de estas cuestiones.
La IICSA le dio a la Iglesia seis meses para responder a sus recomendaciones.
La institución afirmó recibir favorablemente el informe y pidió disculpas a “las víctimas que no fueron escuchadas o apoyadas apropiadamente”.
Un 7% de la población británica es católica, según un estudio de 2018, en un país donde la reina Isabel II es la cabeza de la Iglesia anglicana.
Entre 1970 y 2015, 936 clérigos y voluntarios católicos fueron acusados de agresión sexual, según el informe, que destaca que la cifra real es probablemente “mucho más alta”.
Históricamente, las instituciones eclesiásticas han “buscado activamente refugiar y proteger a quienes eran acusados de abusar sexualmente de niños”, subraya el informe.
Entre 2016 y 2018, se denunciaron unos 100 cargos de abuso sexual infantil cada año, según la Comisión Nacional de Protección.
En octubre, la IICSA ya había publicado un informe en que reprochaba a la Iglesia anglicana de proteger a los sacerdotes pederastas en lugar de a las jóvenes víctimas de abusos sexuales.
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