Cara y sello: ¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo Congreso?

Luego de cinco años de enfrentamiento entre el Parlamento y el Ejecutivo, los peruanos esperan que este escenario no vuelva a repetirse. El país se mantiene en una situación inestable y grave que demanda que todos los poderes del Estado trabajen en conjunto por el bienestar de la población. Rocío Silva Santisteban y Alberto de Belaunde, ambos congresistas de la República, discuten cuáles deberían ser las prioridades del nuevo Congreso.

Defender la democracia y no legislar por acumular, por Rocío Silva Santisteban

“Se debe recuperar la confianza en el Congreso, evitar leyes populistas o declarativas que, en verdad, solo sirven para engañar a la población”.

La prioridad primera es la defensa de la institucionalidad democrática. Por lo tanto, debe haber un firme propósito de todos los congresistas, hombres y mujeres, para evitar ser permanentes opositores obstruccionistas frente al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público o frente al Tribunal Constitucional. Se debe recuperar la confianza en el Congreso, evitar leyes populistas o declarativas que, en verdad, solo sirven para engañar a la población.

Una de las primeras acciones será elegir a los miembros del Tribunal Constitucional que falten. En mi opinión, el proceso que se está llevando a cabo ha estado viciado por una serie de formalismos que han dejado a muchos candidatos en el camino. No creo que se logre votar por todos los tribunos que deben ser reemplazados: esa es tarea del nuevo Congreso.

Otro tema fundamental es allanar el camino hacia una asamblea constituyente. Me parece parcializado e ideologizado pensar que se plantea un cambio constitucional para eternizarte en el poder. No es así. Nosotros como izquierda lo venimos planteando desde hace varios años, incluso recuerdo haberme reunido con Javier Diez Canseco para conversar sobre el tema. ¿Por qué? Porque se requiere un cambio profundo para pensar las relaciones entre peruanos y peruanas de cara a una sociedad clasista, profundamente racista y machista hasta el feminicidio. Cambiar las relaciones entre todos implica cambiar las reglas del juego democrático para hacerlo, precisamente, más democrático.

Debemos apostar por una Carta Magna que repiense al Perú como país, con presencia nominal de los pueblos indígenas en el Congreso y el gobierno; paritario y defensor de derechos humanos; con una estructura de partidos políticos que evite los “vientres de alquiler” a través de fortalecerlos de verdad, y no solo burocráticamente. Además, que reconozca los derechos de la naturaleza como la manera urgente de enfrentar el cambio climático: cuidando de nuestros ríos y nuestra Amazonía por sí mismos y no por los “recursos” que nos dan.

Si se plantea una renovación completa de la Constitución, debemos de convocar a amplios grupos de peruanos y no solo a los desprestigiados partidos políticos para que la cambien: hay un camino constitucional para hacerlo que es la reforma del art. 206 de la Constitución y, posteriormente, un referéndum. Con ese objetivo hemos presentado el proyecto de ley 7426-2021, que aún no tiene dictamen. Si no se avanza en esta legislatura, tendría que hacerlo el nuevo Congreso.

Por último, me parece importantísimo renovar las formas en que se piensa la función legislativa; sacar y sacar proyectos de ley no sirve: aumentan un enjambre legal que no es legítimo. Las leyes planteadas por los congresistas deben de ser cualitativamente importantes. No deberíamos sentirnos orgullosos de que se hayan aprobado 180 proyectos de ley de cada quien en cinco años, sobre todo si algunas de esas leyes son para declarar “de interés nacional” la ruta de la seda o al Torito de Pucará.

Estabilidad política y propuestas constructivas, por Alberto de Belaunde

“Se hace más necesario aún que se elaboren proyectos con un adecuado sustento técnico”.

Los resultados de las elecciones congresales y la actual coyuntura política tras la segunda vuelta presidencial nos hacen prever para los próximos años un contexto de igual o mayor inestabilidad. Sabemos que el presidente electo no tendrá control mayoritario del Congreso. Por eso, será crucial la capacidad que tengan los nuevos parlamentarios y las nuevas bancadas de lograr consensos en los temas más urgentes.

En primer lugar, sobre todas las cosas, el nuevo Congreso debe priorizar jugar un rol legislativo responsable. A lo largo de los últimos 5 años, las mayorías congresales no solo mostraron una casi constante actitud obstructiva, sino que además presentaron y aprobaron una cantidad récord de leyes demagógicas que luego acabaron en el Tribunal Constitucional.

No dudo de las buenas intenciones que han tenido algunas de estas propuestas. Pero el trabajo parlamentario pasa inevitablemente por conocer los límites e impactos –tanto constitucionales como económicos– de las leyes que se pretenden aprobar. En este contexto de pandemia y crisis económica, se hace más necesario aún que se elaboren proyectos con un adecuado sustento técnico y que sean trabajados en coordinación también con los respectivos sectores del Poder Ejecutivo.

Asimismo, como lo he expresado, el contexto de crisis obliga a que el manejo político sensato sea una característica central del próximo Congreso. El Poder Legislativo cumple la misión de fiscalizar al gobierno. No debe renunciar a esta. Sin embargo, debe hacerse de manera constructiva, pensando en el bienestar del país. No forzando censuras o vacancias. El equilibrio de poderes y el diálogo son claves para poder tener una democracia saludable.

En ese mismo sentido, también es necesario que el próximo Congreso pueda completar los aspectos que quedaron pendientes de la reforma política, con el fin de brindar mayor estabilidad y representatividad a nuestro desgastado sistema político.

Pasando a otros temas, los nuevos parlamentarios van a tener también la obligación de priorizar proyectos de carácter ambiental. Las consecuencias fatales de la pandemia han distraído la atención de otra tragedia inminente que podría ser peor: el cambio climático y sus consecuencias para la vida humana. Necesitamos que esta recuperación económica transite la senda del desarrollo sustentable basado en la evidencia científica. La priorización de emprendimiento con conciencia ambiental, el impulso de las energías renovables, el establecimiento de impuestos al carbono, etc.

Finalmente, pero no menos importante, es la agenda de género y de poblaciones vulnerables. La democracia siempre debe incluir a todos y es obligación del Congreso trabajar hacia eso. Por ejemplo, el reconocimiento de derechos LGBT, algo en lo que ya estamos rezagados incluso para el estándar sudamericano. También, los derechos de las comunidades indígenas, la mayor inclusión a personas con discapacidad, la protección a personas con enfermedades raras y huérfanas, entre otros. Se debe cuidar lo avanzado y avanzar más, escuchando siempre a los representantes de la sociedad civil.

El bicentenario de nuestra independencia nos agarra en un momento complejo y crítico, en el que esperemos que el nuevo Congreso esté a la altura del reto.