¡Corrupción mata inversión!

Es muy mala noticia verificar que existen emisarios de empresas corruptas que no respetan una sentencia del Tribunal Constitucional peruano, iniciada por nuestra población más vulnerable (Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Ancón, Santa Rosa), en defensa de sus derechos humanos a la vida, relacionados con la suspensión del cobro de peajes corruptos en el norte de Lima. La Municipalidad de Lima (MML) fue también demandada en este caso judicial. La MML se allanó al justo reclamo de nuestra población, que viene sufriendo los efectos perversos de la corrupción en la MML, durante la “gestión” de Susana Villarán.

Desconcierta leer que estos emisarios de la corrupción validen montos de inversiones no realizadas en las vías concesionadas corruptamente. También es sorprendente enterarse de que dos casos de concesiones corruptas, en el ámbito de la MML, vayan a afectar la seguridad jurídica de decenas de concesiones viales que operan actualmente, sin visos de corrupción, en todo nuestro país, de manera exitosa.

Es irresponsable, por decir lo menos, que el analista establezca que la MML está obligada a pagar US$200 millones y US$2.700 millones por laudos irregulares que están siendo revisados actualmente en instancias judiciales tanto en Washington como en París. Ya es de público conocimiento que el acuerdo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) no incluyó, ilegalmente, el daño ocasionado por la corrupción en contra de la población afectada en Lima Metropolitana. También es noticia pública que el fiscal general del DOJ (Andrew Weissmann) trabajó en el estudio de abogados que defiende a Brookfield (socio de Odebrecht) antes y después de ser fiscal general. Este gravísimo conflicto de interés está en plena investigación debido al gran daño sufrido por la población de la Ciudad de Lima.

Sorprende, finalmente, que el mencionado vocero defienda la compra de acciones de Rutas de Lima realizada por Brookfield a Odebrecht, mencionando, sorprendentemente, que Marcelo Odebrecht había sido únicamente sentenciado en marzo del 2016 “por un caso de corrupción interno, vinculado a Petrobras. No por sobornos en otros países”. Realmente aterrador leer esto. Ninguna empresa seria, sujeta a ‘compliance’ internacional, puede comprarle activos a un sujeto sentenciado a 18 años de prisión por corrupción corporativa... Por favor, basta ya. Corrupción es corrupción siempre, interna o externa. Justamente, la corrupción interna prende, inmediatamente, todas las alarmas para impedir cualquier tipo de transacción futura con un criminal sentenciado por corrupción.

Toda mi vida he creado decenas de miles de puestos de trabajo, de acuerdo con la ley y con pleno respeto al orden constitucional. Odebrecht y otras organizaciones corruptas son entidades “apestadas” en el circuito corporativo y financiero internacional. La sola presencia en nuestro país de Odebrecht y de otras organizaciones criminales espanta a empresas serias del mundo, que sí cumplen rigurosas normas de transparencia y de ‘compliance’ anticorrupción. El Perú, por dignidad y justicia con los que menos tienen, debe expulsar a Odebrecht y a sus cómplices, para siempre.