Corrupción policial y política

Según las investigaciones del equipo especial contra la corrupción en el poder, el expresidente Pedro Castillo decidió formar su organización criminal después de la primera vuelta electoral. Para ello, convocó a una serie de personajes cercanos a él y que por su posición económica (empresarios) o función pública (alcaldes) habrían financiado (con dinero de origen desconocido) la campaña electoral. Así nació el llamado ‘gabinete en la sombra’. Inmediatamente después de su investidura, Castillo habría ordenado copar los ministerios con mayor presupuesto, de tal forma que les generasen activos ilegales para “recuperar la inversión”.

Nunca quisieron gobernar, todos sus actos fueron colusorios. Buscaron prebendas menudas y, cómo no, contratos millonarios. Cada día se fue complejizando y sofisticando esta organización criminal. Las investigaciones develaron que, además de empresarios y políticos corruptos, captaron a un grupo de congresistas financiando, con un marco legal ‘ad hoc’, proyectos por cientos de millones de soles.

A la luz de las primeras denuncias de corrupción, Castillo intentó controlar las investigaciones. Aquí es cuando comienza la incursión en la Policía Nacional del Perú (PNP) con la finalidad de convertirla en ese brazo operativo para acceder a información sensible, adelantarse a los hechos o encubrirlos. Después del allanamiento al local de Perú Libre, le quedó claro al gobierno que debía cambiar al comando policial por uno más funcional. Así, el 1 de setiembre del 2021 Castillo le comunica al general PNP Roy Ugaz, entonces inspector general, que sería el nuevo comandante general. De acuerdo con la fiscalía, ese mismo día, en horas de la noche, Castillo se reunió con el congresista Américo Gonza y el general PNP Javier Gallardo. Cerca de la medianoche, el entonces ministro del Interior, Juan Carrasco, notificó al general Ugaz que pasaría al retiro porque Gallardo sería el nuevo mando policial.

De esta manera, según la misma fuente, el encargo de Gallardo fue, primero, absoluta lealtad y, segundo, convertir a la PNP en ese brazo operativo que necesitaba Castillo; para ello, a fines del 2021 elaboraron una lista de ocho coroneles para ascenderlos a generales, previo pago de US$20 mil a US$40 mil. Las conclusiones de la investigación fiscal señalan a Bruno Pacheco y al exministro de Defensa Walter Ayala como los que se encargaron de este proceso. Una vez ascendidos, los otrora coroneles fueron colocados en puestos estratégicos: direcciones de inteligencia, zonas de frontera y en las grandes unidades ejecutoras de la PNP en las que se manejan grandes cantidades de recursos para la compra de la logística policial.

En suma, tenemos que un grupo de coroneles ascendieron coimeando al presidente de la República con la intermediación de un ministro y de un comandante general. El subcomandante general PNP Javier Bueno decidió denunciar este alevoso acto de corrupción. Lamentablemente, este valiente oficial fue hostilizado y pasado al retiro. Así nació el ‘modus operandi’ del gobierno: premiar a los oficiales abyectos y castigar a los que se atrevían a denunciar. A la luz de los hechos, los sucesivos ministros del Interior fueron convenientemente candelejones o funcionales a la organización criminal.

Si revisamos la historia de las últimas décadas, seguramente vamos a coincidir en que no es la primera vez que el lado podrido de los que ostentan el poder pretende instrumentalizar para sus fines criminales a la PNP. Una situación similar ocurrió en la década de los 80 en el primer gobierno de Alan García y en los 90 con el fujimontesinismo. No es un tema de ideologías, es un problema de organizaciones criminales que han crecido o han convertido a la política en su terreno más fértil. La continua destrucción de la PNP por políticos y policías corruptos es una de las mayores tragedias de nuestra democracia. Esta es una de las principales razones por las que el Estado es incapaz de proveer un servicio tan básico como la seguridad, especialmente a los más desprotegidos. Enfrentar a esta costra corrupta y a los políticos que la instrumentalizan no es la única obligación moral; también lo es defender a nuestra policía.

Un mega operativo en el que la mayoría de los objetivos son generales que se habrían corrompido no es maltratar a la policía; es exactamente lo contrario. Y el trabajo del equipo especial de la PNP, y particularmente el de la Diviac, nos devuelve la fe porque policías honestos están limpiando la casa desde adentro. Tres coroneles nos ayudaron a salvar la democracia y ahora están dando una tremenda lección al Congreso que no pudo desaforar a un agresor sexual ni a los tránsfugas solapados.

Finalmente, un pedido a la presidenta Dina Boluarte. La investigación operativa de este caso estuvo a cargo del mayor David Medina Guillén (“Aquiles”) que acaba de ser castigado con su pase al retiro. Por esa razón, sus compañeros (en homenaje) llamaron a esta operación “Aquiles 2022″. Está en sus manos corregir semejante injusticia.