Discapacidad no es incapacidad, por Alberto de Belaunde
Discapacidad no es incapacidad, por Alberto de Belaunde
Alberto  de Belaunde

Actualmente las personas con discapacidad no pueden ejercer sus derechos en todos los aspectos de su vida en igualdad de condiciones que las demás personas. A las barreras físicas que suelen impedírselo en nuestras ciudades, hay que sumar las barreras legales: para tomar decisiones importantes en su vida deben ser sujetos de una interdicción y nombramiento de un curador que será quien decida cuándo y cómo corresponde ejercer o reclamar sus derechos. Ellos no pueden decidir sobre temas tan vitales como el lugar de su residencia o ejercer libremente su derecho a trabajar, ya que no pueden suscribir un contrato de trabajo; o disponer de su patrimonio, ya que no pueden contratar una cuenta bancaria o vender o alquilar una propiedad; o ejercer su derecho al sufragio, ya que no pueden votar.

Con el compromiso de cambiar esta situación, el Perú suscribió en el 2008 la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que considera el tema de la capacidad jurídica como un asunto de derechos humanos. Por ello, la convención prescribe la eliminación del modelo de sustitución y su reemplazo por un sistema de apoyos que les brinden los medios necesarios para ejercer libremente sus derechos, y a su vez un sistema de salvaguardas que prevengan los abusos que pueden producirse por los apoyos asignados.

Para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a este compromiso, el 2012 se aprobó la nueva Ley General de Personas con Discapacidad, que prescribe expresamente que el Código Civil deberá regular el sistema de apoyos. Así, a fines del 2013 se constituyó la Comisión Especial Revisora del Código Civil-Cedis, integrada por representantes de diferentes entidades estatales y de la sociedad civil, con el objetivo de analizar las reformas necesarias al Código Civil, que finalmente entregó un anteproyecto en marzo del 2015, el mismo que fue presentado como proyecto de ley en el período legislativo anterior, sin ser dictaminado.

A la fecha hay algunas buenas noticias al respecto. Primero, que el grupo de trabajo del Congreso encargado de revisar las reformas al Código Civil, el cual presido, comenzó sus labores en octubre del año pasado revisando la propuesta legislativa elaborada por organizaciones de la sociedad civil sobre la base del informe final de la Cedis, además de socializada y consensuada con la Mesa de Discapacidad de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Este proyecto propone sustituir la figura de la curatela por la de un sistema de apoyos que asistan a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias o la manifestación de su voluntad, para que sean ellas mismas quienes decidan y ejerzan sus derechos. Pero la propuesta también norma un sistema de medidas de salvaguarda para evitar abusos de parte de quienes prestan los apoyos y una modificación de la responsabilidad civil para garantía de los terceros que contratan con ellas.

Segundo, que esta propuesta ha recibido un impulso multipartidario muy importante, pues fue suscrita por congresistas de Peruanos por el Kambio, el Frente Amplio, y Fuerza Popular. También existe una iniciativa en la misma línea de Alianza para el Progreso. Finalmente, que el grupo de trabajo que presido finalizó la revisión de este proyecto y recomendó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que lo incluya con prioridad en su agenda de trabajo a fin de que pueda ser objeto de debate y aprobación en las primeras sesiones de la legislatura.

Desde aquí queda el compromiso de seguir impulsando el debate sobre la necesidad de que las personas con discapacidad puedan contratar, adoptar decisiones sobre prestaciones médicas, casarse y ejercer sus demás derechos en igualdad de condiciones. Esperamos que esta legítima aspiración de las personas con discapacidad pueda ser discutida y aprobada por el Congreso con la urgencia que una causa justa amerita.