Educación: retrocesos y falta de equidad

La sentencia a favor de la acción de amparo presentada por la Sunedu busca proteger a la juventud que cursa la educación superior en el Perú. Traza una línea clara a favor de la calidad y la institucionalidad, algo que tanto esfuerzo ha tomado asegurar en el sistema universitario.

Aunque la importancia de la educación es uno de los pocos temas que genera consenso inmediato entre la mayoría de peruanos, estamos siendo testigos de que no lo es para un bloque del Congreso que ha decidido darles la espalda a los jóvenes, a la institucionalidad y al futuro. Si hasta hace poco el foco de la ineptitud solo recaía en el Ejecutivo, vemos ahora que un amplio grupo del Congreso también es parte de una ola de mediocridad e incompetencia que no sabemos hacia dónde nos conduce.

En cuanto al sistema universitario, el daño no solo se reduce a desbaratar lo avanzado ni a atentar contra el derecho de nuestros jóvenes de hoy a recibir una educación de calidad. Dada la gravedad de la intrusión del Congreso, se está poniendo en riesgo el futuro del país por dos razones básicas: la primera es que “gracias” al Congreso miles de muchachos —y tal vez millones, considerando su implicancia temporal— no tendrán asegurada una formación académica seria, rigurosa, actualizada; y con esto se le quita a todo proyecto de desarrollo su columna vertebral; es decir, personas bien formadas, profesionales sólidos, ciudadanos. Hay que subrayar lo obvio: en educación, los resultados se ven con el tiempo. Los profesores trabajamos con el futuro, no con lo inmediato.

La segunda razón es que negarles a los jóvenes el derecho a una formación universitaria de calidad es acrecentar la falta de equidad. La brecha que separa a las buenas universidades de aquellas que no cumplen con los mínimos requeridos para el correcto ejercicio profesional y para responder adecuadamente a la demanda laboral es una de las causas de que miles de jóvenes egresados tengan pocas posibilidades de conseguir empleo en la profesión que estudiaron; esto, sin olvidar que de esas brechas también depende el valor que le atribuye un empleador al título universitario que muestra quien postula a un puesto de trabajo. Relajando las condiciones mínimas de calidad se abre la puerta a la frustración de miles de jóvenes universitarios y sus familias, pues se les promete lo que no reciben. La demanda de formación superior debe ir de la mano con la eficacia, justamente para romper el círculo vicioso de la inequidad.

Por otro lado, crece el número de jóvenes que deciden irse del país por falta de oportunidades o porque se desilusionan de un Estado que no atiende sus necesidades ni les genera esperanzas. No obstante, numerosos egresados del sistema universitario peruano se enfrentan, en el exterior, a la falta de peso de un título otorgado por entidades que no son bien reconocidas más allá de nuestras fronteras, tal y como se les había asegurado que sucedería. Nuevamente, la frustración toca la puerta.

¿Habrán pensado en todo esto quienes insisten en la contrarreforma?