Con el freno puesto

El año pasado, la economía entró en una de sus recesiones más largas y profundas. Muchos coincidimos en la necesidad de promover la inversión privada y, en específico, la minera, como instrumento para reactivar la economía. De hecho, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), existen anuncios de proyectos de inversión mineros por US$12.700 millones, y una cartera priorizada que suma US$23.804 millones, que representa entre cinco y nueve puntos del PBI. Habiendo sido la inversión privada el motor del crecimiento, en el 2023 cayó al 14% del PBI, desde un pico del 20% en el 2013.

La información que ofrece el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) del MEF indica que nuestro mayor impedimento son los largos procesos de aprobación y la excesiva regulación. No se trata de evitar aprobaciones tan necesarias como los estudios de impacto ambiental o la consulta previa con las comunidades, sino de simplificar y acelerar procesos, y reducir la excesiva regulación; también de asegurarse que todas las empresas enfrenten las mismas condiciones.

Para aprobar un proyecto minero se requieren cerca de 200 procesos administrativos en 20 entidades públicas. El EESI ha desarrollado el Schedule Performance Index (SPI) en base a una metodología internacional, que mide la razón entre el plazo legal de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) y el tiempo que realmente se demoraron. Esta razón fue de 1.13 en el 2016; es decir, los plazos de estos informes eran inferiores a lo que establecía el plazo legal, y ha pasado a 0.47 en el 2023.

Parte del problema pareciera que es organizativo. Por ejemplo, los funcionarios responsables no tienen la obligación de rendir cuentas de estos informes; no existe una plataforma digitalizada para hacer seguimiento; no hay indicadores estandarizados para hacer seguimiento; y, por último, no existe interoperabilidad entre las distintas oficinas.

El otro tema es la excesiva regulación que se ha introducido los últimos años. Según el estudio del Instituto Fraser que nos permite comparar nuestra regulación con la de otros países, hemos retrocedido en casi todos los subíndices, y en el subíndice de incertidumbre regulatoria hemos retrocedido 32 puntos entre el 2018 y el 2022. Este instituto calcula si la incertidumbre contribuye o no a la inversión: mientras más alto el índice, mayor estímulo para invertir. A nosotros nos dio un índice de 42.9 en el 2022, muy por debajo del 92.3 de Brasil, el 58.8 de Chile e, inclusive, el 50.0 de Bolivia. De hecho, en un lapso de 20 años, los procesos administrativos que enfrenta un proyecto minero han pasado de 12 a 265.

La desigual competencia entre la minería formal e informal es otro aspecto que desfavorece la inversión. Aunque el 2023 fue un buen año y se otorgaron 4.696 concesiones, según la información del Minem, solo 1.400 estuvieron en actividad y ocupan el 1,7% de la superficie nacional. En contraste, la minería ilegal ocupa el 20% del territorio nacional y está en el 13% de los distritos amazónicos. Como se sabe, su impacto ha sido devastador, ha destruido 18.421 hectáreas de bosque y, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre el 2007 y el 2023, generó US$9.261 millones, lo que representa el 43,6% de los montos totales involucrados en delitos precedentes investigados por la UIF.

Con el objetivo de formalizarlos, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que, hasta febrero, agrupaba a 87 mil mineros informales. Sin embargo, de poco ha servido para su formalización, pues 70 mil se encuentran suspendidos. Lamentablemente, los requisitos para entrar en el registro son onerosos y los mineros obtienen mayores beneficios en la informalidad.

Esto nos hace pensar que cualquier impulso a la reactivación que use como base a la minería será como acelerar con el freno, pues nos dejará inmóviles. Sin embargo, la inmovilidad no es una opción. Una primera decisión que se cae de madura es empoderar al EESI y pedirle que defina una ruta crítica de aprobación de los ITS, que se empodere a los funcionarios y que sea interoperable.

Aunque este podría ser un buen primer paso, no va a acelerar el proceso. Una medida audaz pero efectiva es seleccionar a los diez mejores proyectos mineros, los que hayan cumplido con la gran mayoría de la normativa, para ofrecerles un silencio administrativo positivo por 60 días en su proceso de aprobación. Los informes que no se emitan en ese plazo, se dan por aprobados. Conforme se destraba un proyecto, se le reemplaza por otro y, de esta manera, se hace competir al privado en este grupo de proyectos de élite.

Pero aún quedan cuatro temas por resolver. El más relevante es el de la minería informal. Pretender imponerles una valla como el Reinfo a los informales no ha servido de mucho. Una alternativa es darles incentivos para formalizarlos. En la campaña presidencial del 2016 propusimos que Cofide establezca un fondo y les compre el oro a un precio cercano al mercado bajo la condición de que los mineros informales cumplan con su formalización. De esta manera van a poder vender su oro y obtener mayores beneficios. Hoy venden su oro a Bolivia por menos del 50% de su valor.

Hay dos temas en los que los gobiernos anteriores han avanzado poco, por no decir nada. Uno es la reconciliación entre la minería y las comunidades. Una forma es con la propuesta del adelanto social que hicimos en el 2016, que consiste en usar los recursos disponibles y realizar las obras sociales en las comunidades antes de iniciar el proyecto minero. Otra es que el MEF considere reformar la ley de canon para darle un uso más efectivo para las comunidades, y permitir que los proyectos se ejecuten con otras modalidades.

Finalmente, está el tema medioambiental. Nos hemos pasado enfrentando a la minería con los medioambientalistas, cuando otros países como Canadá, el Reino Unido y Australia, han logrado reconciliarlos. Una forma es que el Gobierno inicie una gran obra emblemática que muestre su compromiso con la nueva minería. Por ejemplo, Proinversión podría priorizar el famoso tren minero que permitiría que los minerales del circuito sur lleguen al puerto de Matarani de manera limpia, integrando también a las miles de comunidades con los puertos del Pacífico Sur.