El congresista Alejandro Muñante acaba de publicar el proyecto de ley 11561/2024-CR que “incorpora el artículo 402-A en el Decreto Legislativo 635, Código Penal y fortalece la administración de justicia para sancionar las denuncias falsas en los procesos de violencia familiar”, aumentando la pena de tres a seis años de prisión en el caso de las denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, para así poder materializar una prisión efectiva.
La pena no solo aplicaría al denunciante, sino también a abogados, peritos y testigos de parte y funcionarios como policías, médicos y psicólogos que participen en el proceso, junto con su inhabilitación profesional.
¿Qué es una “denuncia falsa” según el proyecto de ley? Su argumento es que “son más las denuncias que terminan en archivo que las que obtienen sentencia” equiparando “denuncia falsa” a “sentencia condenatoria”. Pero hay más. La autógrafa no resiste ninguna herramienta de ‘fact-checking’: se fundamenta en datos elaborados por un abogado español que ofrece sus servicios en casos de familia y algunos datos nacionales sobre la baja tasa de condenas por violencia de género. Sin embargo, los datos oficiales de las estadísticas de la Fiscalía General del Estado de España 2024 concluyen que del 2009 al 2023 apenas hubo un 0,01% de condenas por denuncias falsas de violencia de género y familiar.
Por tanto, los bien remunerados congresistas Alejandro Muñante, María Jáuregui, Miguel Ángel Ciccia, Patricia Chirinos, Cheryl Trigozo, Norma Yarrow, Noelia Herrera, Esdras Medina y Jorge Zeballos han lanzado un proyecto de ley sin rigor técnico para que cuando vuelva usted a escuchar los golpes que le propina su vecino a su esposa ya no llame a la policía, porque, ¿y si la mujer lo lleva de testigo y pierde su juicio? ¿Acabará usted denunciado penalmente? ¿Y el policía que recoja la denuncia? ¿Y el médico que elabore el informe de lesiones? ¿Y el abogado de oficio que pierda porque está sobrecargado de casos? ¿Y si el juez demora y prescribe? ¿Y si un César Hinostroza negocia la tarifa por archivar la desfloración de la niña y su mamá pierde el juicio?
Las denuncias calumniosas ya tienen su marco legal y, de hecho, muchas son las víctimas que acaban empapeladas con esas denuncias. La Corte Suprema ha dejado claro que no toda absolución de quien fue denunciado y procesado genera automáticamente la condena por delito de denuncia calumniosa al denunciante. Imaginen que los maestros de Condorcanqui que consigan archivar sus denuncias por violencia, tendrían ahora su herramienta de venganza. Y es que, hasta la fecha, la mayoría de los abusos de niñas y niños awajún y wampis fueron archivados.
El informe de la OCDE sobre igualdad de género en el Perú 2022 recomienda facilitar las denuncias por violencia en escuelas, universidades y empresas como avance hacia el proceso de adhesión. Pero algunos congresistas están más enfocados en su reelección a través de acciones populistas, sin medir las graves consecuencias sobre los más vulnerables y el aislamiento internacional al que nos condenan. Si ya era difícil para una persona denunciar, esta nueva iniciativa legislativa será la estocada final para amordazar a las víctimas y que impere la cultura del silencio.
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DT
