Boluarte y los documentos ultrasecretos

No se trata de secretos militares reservados cuya divulgación ponga en jaque la seguridad del país. Ni tampoco de un estratégico plan policial para desarticular a las principales bandas de extorsionadores que operan en el país. Lo que el periodista Sebastian Ortiz de El Comercio solicitó hace unos días a la PCM y al Ministerio de Economía fueron cuatro oficios que dieron origen al informe del MEF en el que se recomienda incrementar en 125% el sueldo de la presidenta Dina Boluarte.

La respuesta del Ejecutivo, más propia de una agencia de inteligencia que de ministerios obligados a rendir cuentas a la población, señala que el tema “se encuentra en proceso deliberativo” y, por tanto, toda información relacionada al incremento del sueldo de la mandataria era “confidencial”. Lo irónico es que han apelado a la Ley de Transparencia para justificar este absurdo secretismo. Como afirma el abogado Roberto Pereira, han recurrido a una norma que debe garantizar “la transparencia y no la opacidad del Estado”.

El caso de El Comercio no es el único. El programa “Panorama” también realizó un pedido de información similar que fue rechazado utilizando los mismos pretextos.

Si el sueldo presidencial debe incrementarse o no, es un tema que debe ser debatido y analizado. Si la mandataria que alguna vez aseguró que con “10 solcitos” alcanza para “sopa, segundo y hasta postrecito” considera que su sueldo es muy bajo y que merece un aumento, debería permitir a los funcionarios encargados de elaborar las justificaciones técnicas que las expliquen a la opinión pública. No ordenar que se oculten bajo siete llaves los informes que lo sustentan, con el poco creíble argumento de la confidencialidad.

Si la prensa ha solicitado la información, no es por capricho, es justamente para difundirla. Para darla a conocer a las personas que van a solventar con sus impuestos ese aumento de sueldo: a millones de ciudadanos peruanos.