Con rumbo a la nada

La juramentación de cuatro nuevos ministros y el inicio de una investigación sumaria del Congreso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) han sido los principales hechos políticos de la semana que pasó.

Sobre los cuatro nuevos ministros, no veo mayores novedades. Un poco más de lo mismo. Los nuevos titulares de carteras podrían haber sido ministros de Martín Vizcarra y alguno del propio Pedro Castillo. Quizá lo más interesante sea la llegada de alguien con el perfil de Ana María Choquehuanca a Produce. Ella ha sido congresista, ministra y líder gremial, por lo que, comparada con el resto, tiene peso propio. Entiende bien al sector privado y en especial el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Será interesante analizar cómo actuará cuando desde el Ejecutivo surjan iniciativas que afectan el desarrollo empresarial (como un posible aumento de la remuneración mínima vital con una economía muy golpeada y a puertas de un fenómeno de El Niño o la tonta –me quedo corto con el adjetivo– idea de que una empresa estatal quebrada como Petro-Perú opere lotes en el norte del país).

Lo que sí es claro es que el cambio de ministros no ha sido un “relanzamiento de las políticas públicas del gobierno”, como dijo el primer ministro Alberto Otárola. Ese es solo un discurso para las cámaras, pues, que se sepa, no hay nada nuevo en el horizonte del Ejecutivo, salvo lo de siempre: sobrevivir.

En cuanto al tema de la JNJ, no es una novedad que el Congreso vaya contra la institucionalidad del país. Más allá de quienes integran la JNJ, es cuestionable que se inicie una investigación contra sus miembros por haber emitido un comunicado invocando a la reflexión del Parlamento ante la posibilidad de destituir a la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos y por una supuesta intromisión frente a la Corte Suprema para que se pronuncie por el mismo caso.

Están equiparando la situación a aquello que ocurrió en el 2018, cuando el Congreso destituyó a todos los miembros del entonces Consejo Nacional de la Magistratura luego de la difusión de una serie de audios que los comprometían en presuntos casos de corrupción.

Detrás de esta medida hay un juego político entre algunos sectores y espero que esto sea solo parte de un “toma y daca” en el mundo de mostrarse los dientes y posicionarse. La posibilidad de destituir a todos los miembros de la JNJ no debe tomarse a la ligera, no sería solo “una más” del Congreso. Estaríamos frente a un atentando grave contra la institucionalidad. No el primero, pero quizá sí el más importante.

Por mencionar algunas afectaciones a la institucionalidad, recordemos que el Congreso modificó vía ley (que después fue validada por el Tribunal Constitucional) las reglas para aplicar la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. Básicamente, restringió esa posibilidad y cambió, en la práctica, la regla de la Constitución. Lo hizo para prevenir un uso y abuso de Pedro Castillo, pero la norma ya cumplió su finalidad y ahora nadie dice nada al respecto. Si mañana cambian las circunstancias y en un nuevo proceso electoral terminamos teniendo a un presidente que necesita, efectivamente, cerrar un Congreso, eso en la práctica no podrá pasar.

Otro ejemplo es la destitución de la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos por una interpretación que no le gustó al Congreso (suspender la investigación a Pedro Castillo cuando estaba en funciones como ya se había hecho en otros casos) o todas las normas que se han aprobado en beneficio de la informalidad educativa, profundamente enraizada en algunas bancadas del Legislativo.

El Ejecutivo no ha dicho nada respecto al tema de la JNJ y seguro dirán que respetan los fueros del Parlamento (y bla, bla, bla). Ese es el tema de fondo: dos poderes que en realidad no se controlan y que avanzan con rumbo a nada que sea bueno para la ciudadanía.