Atacar solo el síntoma

El ministro de Economía se ha esforzado en tratar de transmitir calma ante la preocupante situación económica que nos aqueja. Destaco que, por lo menos, ha dado la cara ante la ciudadanía. Sin embargo, sus explicaciones, teorías y planes futuros parecen insuficientes. No dudo de que el señor Contreras tenga buenas intenciones, pero él solo no puede resolver la crisis en la que estamos, pues se requiere voluntad y decisión política.

Hasta ahora, no hemos escuchado una sola palabra de la presidenta Dina Boluarte sobre la situación económica y sus planes para enfrentarla. Las declaraciones del primer ministro Alberto Otárola son tibias y no parece ser consciente de la magnitud de la situación que enfrenta y sus efectos futuros.

No recuerdo un Ejecutivo de los últimos tiempos con tal nivel de pasividad. Está claro que el “binomio” Boluarte-Otárola no estaba preparado para gobernar y que llegaron a Palacio sin un plan. En el camino se dieron cuenta de que su ruta era sobrevivir pero, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, eso no basta y cada semana que transcurre se siente con más claridad.

Hasta hace un relativo corto plazo se podía afirmar que la economía y la política podían avanzarpor cuerdas separadas, pero eso parece haber llegado a su fin. Ese divorcio pudo haber ocurrido en periodos de gobierno anteriores, pero la situación no llegó sino hasta después de que la izquierda llegara al poder y, como señalan las investigaciones fiscales, a saquear el país.

El equipo de políticos encargados de lidiar con esta coyuntura no tiene la capacidad de hacerlo. El momento requiere medidas de impacto que impliquen algún nivel de decisión o direccionamiento que no existe. Dina Boluarte parece más preocupada en su próxima foto con el presidente estadounidense Joe Biden que en ofrecernos medidas para revertir la situación.

Independientemente de la incapacidad del Gobierno, de un tiempo a esta parte, muchos han empezado a asumir que no se pueden implementar reformas reales. Que hay espacios perdidos que ya fueron ganados por los informales o ilegales, muchas veces logrados con extorsión (te cierro la mina o te bloqueo la carretera) y con el apoyo abierto de ciertos grupos de políticos.

Nadie quiere comprarse un pleito que pueda implicar un choque de intereses o algún tipo de conflicto social, como, por ejemplo, hacer una verdadera reforma laboral (que sincere nuestra informalidad y se adapte a ella con estándares reales) o tributaria (que permita a las empresas crecer sin ser castigadas por ello). O corregir aquella medida populista del Congreso complementario del 2020-2021 que destruyó la Ley de Promoción Agraria ante una extorsión en la carretera.

El populismo y la informalidad nos han pasado la factura desde hace tiempo, pero el ticket es cada vez más grande. Nuestros fundamentos macroeconómicos han resistido, pero va quedando claro que esas columnas también se debilitan y los más impactados son los más pobres.

Dina Boluarte y su gobierno son aves de paso en este problema. No hay que ser muy brillante para darse cuenta de que no son ellos quienes lograrán las grandes reformas que el país necesita. Esto es tan evidente que, ante cualquier amago de aparición de un nuevo líder político, se generan expectativas (y, para algunos, ilusiones) pese a que estamos a más de dos años de las próximas elecciones.

El Gobierno tiene el espacio para, por lo menos, plantear algunos paliativos para la situación. Eso sí, que nos quede claro que solo tienen la capacidad de atacar algunos síntomas, nunca la enfermedad. Todavía estamos lejos de eso.