El lunes 15 de diciembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, diciendo que es “una amenaza militar directa”. La medida vino en medio de ataques aéreos estadounidenses frente a las costas de Venezuela y en el Pacífico que hundieron 26 lanchas de presuntos narcos y dejaron 95 muertos.
Pero, según me dicen varios expertos, el hundimiento de estas embarcaciones parece más una movida para ganar votos en EE.UU. que un plan serio para frenar el narcotráfico.
En primer lugar, Trump está haciendo poco o nada para reducir la demanda de drogas. Ha recortado drásticamente los presupuestos para prevención y tratamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias y otras agencias, redirigiendo los fondos a patrullas fronterizas y servicios de inmigración.
“Una guerra contra las drogas debe ser una guerra contra la adicción en Estados Unidos”, dice Amalendu Misra, de la Universidad de Lancaster, en un artículo reciente en la revista “The Conversation”.
La historia no miente: las campañas militares contra las drogas sin reducir el consumo casi siempre fracasan. Mientras exista un gigantesco mercado estadounidense para las drogas, los narcos siempre van a encontrar cómo meter su mercancía.
En segundo lugar, el indulto de Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández genera dudas sobre el compromiso del presidente estadounidense con la lucha contra las drogas. Hernández fue condenado en Estados Unidos en el 2024 por conspirar para contrabandear 400 toneladas de cocaína y sentenciado a 45 años de prisión.
La explicación de Trump para liberar a Hernández fue que “gente en Honduras” le había dicho que la condena del expresidente hondureño era una “trampa” del gobierno de Joe Biden.
Pero el indulto de Trump a Hernández debilita la presunta línea dura de Trump contra las drogas. Según el centro de estudios Washington Office on Latin America, el indulto también amenaza con socavar la credibilidad del sistema de justicia de EE.UU., sugiriendo que si tienes amigos en Washington, no importa que seas un narco convicto.
En tercer lugar, es probable que la orden ejecutiva de Trump declarando el fentanilo como un “arma de destrucción masiva” sea desafiada en la justicia si se usa para justificar acciones militares. El narcotráfico es un negocio ilegal, no un “arma” de un país extranjero, dicen los críticos.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han denunciado que las muertes de presuntos narcotraficantes en el mar son “ejecuciones extrajudiciales” o “crímenes de guerra”. Los sospechosos deben ser arrestados y sometidos a juicio como lo establece la ley, afirman.
Cuarto y quinto: los aranceles y las deportaciones masivas de Trump van a pegar fuerte a las economías de México y Centroamérica, aumentando la pobreza y la migración. Nuevas proyecciones de la Cepal de la ONU muestran que México ya será una de las economías de menor crecimiento de América Latina en el 2026.
Para ser claros, la crisis del fentanilo en EE.UU. es real y letal. El fentanilo es la principal causa de muerte entre los jóvenes en EE.UU., superando los accidentes, los suicidios y la violencia armada.
Pero si Trump quiere ganar esta guerra, debe invertir tanta energía en reducir la demanda de drogas en las calles de EE.UU. como en detener lanchas sospechosas en el mar.
No va a reducir las muertes por sobredosis cerrando clínicas de rehabilitación. Si no baja el consumo, todo esto pasará a la historia como un “show” para la tribuna que no ayudará a resolver este problema.
–Glosado y editado–
© El Nuevo Herald. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC
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