Que la IA –inteligencia artificial– sea tendencia a nivel global no es una novedad. También se ha dicho que será el tema del 2024, aquí y más allá. Tal vez por este hecho concreto hay mucha curiosidad por saber qué piensa la opinión pública al respecto. Por ello, la Universidad de Standford ha difundido su “Artificial Intelligence Index”, en el que trata de conocer la percepción que tiene la gente en el mundo sobre la IA, más allá de la natural desconfianza que provoca algo desconocido y con tan mala prensa en el cine de ciencia ficción de Hollywood, como ha sido su caso.
El mencionado índex es de interés pues en él el Perú aparece entre los 20 países con mayor disposición al uso de productos y servicios de inteligencia artificial. Mejor aún, este estudio muestra que los peruanos encuestados sienten que tienen una buena comprensión de lo que es la IA (76%) y solo una porción pequeña (35%) siente temor por el impacto de la IA en sus vidas.
Curioso, ¿no? Tal vez por ello se esté volviendo habitual ver cómo nuestro siempre estrafalario Parlamento se viene interesando desde el año pasado por el tema, a juzgar por los recurrentes proyectos de ley que intentan “regular” el desarrollo de una tecnología que nadie en el mundo termina de asir del todo.
Seguramente entre ese 76% de personas que ha encuestado Standford han de encontrarse asesores y/o parlamentarios peruanos. De otro modo, no se explica por qué con tanta frecuencia están apareciendo estas propuestas legales, que abarcan escenarios disímiles y claramente de alto riesgo para el desarrollo de esta tecnología localmente.
Así, el parlamentario Américo Gonza (presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y miembro del partido político Perú Libre) cree que es necesario modificar el Código Penal para incluir el uso de la inteligencia artificial como un agravante en los delitos penales –especialmente en los de estafa y plagio–. Y también la congresista Katy Ugarte (integrante del grupo Unidad y Diálogo Parlamentario) cree que las entidades de la administración pública peruana deben usar la IA –no se sabe cómo, cuándo, ni cuál de todos los tipos de IA que se conocen a la fecha– en la prestación de sus servicios, bajo responsabilidad funcional. En la misma línea que Ugarte, más recientemente el congresista Jorge Zeballos (parlamentario de Renovación Popular) planteó que el Ministerio de Relaciones Exteriores –en consulta y coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM– implemente de manera gradual y permanente una política pública de uso de la IA en los consulados peruanos.
Algunos ejemplos de cómo es que, en efecto, hay un grupo de peruanos que siente que entiende a cabalidad lo que la IA es, al punto de querer regularla.
Dice el refrán castizo que “huerta sin cerdo, no tiene dueño”, para explicar que los negocios –o temas– que no tienen un buen administrador no funcionan. Y dado que este asunto de la IA va a seguir alimentando la creatividad legislativa de nuestra peculiar representación nacional, es conveniente empezar a identificar quién puede encargarse de la huerta y también del cerdo.
En otras palabras, tenemos que empezar a identificar quién desde la sociedad civil –dado que en el Estado Peruano ya existe una oficina dedicada al tema en la PCM– puede empezar a dar luces sobre qué es lo que la IA supone para el país y cómo. Este mismo espacio podría gestionar una suerte de observatorio que se dedique a analizar buenos y malos usos de esta tecnología disruptiva a efectos de sacarle el mayor provecho posible. Canadá fue el primer país en establecer una política nacional sobre IA, que aún sigue en revisión, pero las regulaciones per se directamente enfocadas en la IA son aún escasas en el mundo. Recién en el 2017 empezaron los esfuerzos para tratar de establecer criterios para su desarrollo, por lo que el Congreso debería andar con cuidado en este tema y tomar en cuenta la experiencia internacional que se va creando en la materia.
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