Argentina bloqueada

“Argentina es un país donde, si te vas de viaje 20 días, al volver cambió todo, y si te vas de viaje 20 años, al volver no cambió nada”.

Con ese dicho popular empieza Jorge Bustamante la segunda edición de su libro “La república corporativa”, publicado en el 2023. La primera edición salió en 1988.

A pesar de no actualizar el libro en 35 años, su republicación es oportuna porque su descripción de la estructura política y económica argentina sigue siendo atinada. En ese sentido, parece que no ha cambiado nada en Argentina. Al mismo tiempo, el libro nos ayuda a entender la popularidad del presidente Javier Milei y la posibilidad de que, finalmente, el país cambie.

Bustamante describe un país de “frondoso reglamentarismo” y gasto público excesivo, que es resultado de una sociedad en la que el poder se centraliza en el Estado y las “corporaciones” –los sindicatos, los gremios estatales, las cofradías profesionales y demás–. Las presiones sectoriales que el Estado acoge son tan excesivas que se acumulan distorsiones, ineficiencias y, finalmente, la falta de gobernabilidad, sobre todo cuando los precios internacionales de la agricultura ya no dan para sostener tal estructura.

El corporativismo resulta en una “sociedad bloqueada” en la que “toda la sociedad argentina se encuentra parcelada en grandes o pequeños territorios de privilegio” y “todas las puertas están cerradas y cada sector es dueño de una cerradura. Lo que cada individuo quiere está obstruido por los demás” en lo que termina siendo “un gigantesco operativo de obstaculización recíproca”.

Para mantener tal esquema se requiere cada vez más regulación y gasto público. Así, el sector privado ha logrado reducir la competencia interna e internacional. Además, han recurrido al banco central para imprimir dinero que el Estado no tiene.

En la república corporativa “desaparecen el esfuerzo, la motivación y la búsqueda de excelencia. Es el reino de la antigüedad y el escalafón”. En la práctica, el resultado es una productividad y crecimiento bajos, desempleo e inflación altos, y crisis políticas y económicas cada 15 o 20 años.

Los números le siguen dando la razón a Bustamante. Argentina es uno de los países más cerrados, más regulados y con peor política monetaria del mundo. Según el Índice de Libertad Humana, el país se encuentra en la posición 143 de 165 países respecto de la sobrerregulación, en el puesto 163 en términos de apertura económica y en el 161 en términos de política monetaria sana.

Un ejemplo de cómo el corporativismo ha llevado a Argentina a los extremos es el sindicalismo. En Argentina no existe el pluralismo sindical, en donde varios sindicatos en diferentes industrias y empresas existen de manera independiente entre sí y los trabajadores pueden o no formar parte de ellos. En su lugar existe el sindicato único para sectores e industrias enteras que, con el aval del Estado, “representan” a todos los trabajadores, les interese o no.

Esa estructura, creada por Juan Domingo Perón, les da a los sindicatos un tremendo poder político, “convierte a los sindicatos en órganos del Estado, cuando el partido al que adhieren está en el poder, o convierte al Estado en prisionero de los sindicatos, cuando el partido está en la oposición”.

El economista José Luis Espert, ahora presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, tuvo razón cuando escribió en el 2018 que “Argentina no vive con estas corporaciones; vive para ellas. Por eso no es un país desarrollado”.

Argentina finalmente tiene un presidente y un equipo que entienden esa realidad y tienen el mandato popular para cambiar el sistema. Ojalá prevalezcan sobre la república corporativa –o lo que Federico Sturzenegger (el arquitecto de las grandes desregulaciones que está promoviendo el presidente y con quien hablé en Argentina la semana pasada) identifica con ironía como el sistema que hasta ahora ha sido el más estable de Argentina–.