La Constitución prometida

De lo que nos están tratando de convencer Cerrón, el primer ministro Torres y el presidente Pedro Castillo, es que una nueva Constitución elaborada por una asamblea constituyente solucionará todos los problemas del país.

Cerrón defendió esta idea ante la BBC, afirmando que “si no cambiamos la Constitución, el Perú va a seguir enfrascado en la pobreza, en la corrupción y en todos los males que lo han aquejado hasta ahora”.

Dejando de lado que es casi cómico que un político con los antecedentes de Cerrón pretenda hablar de combate a la corrupción, el líder de Perú Libre olvida selectivamente que el crecimiento económico impulsado por el modelo que consagra la actual Constitución ha permitido que entre el 2004 y el 2019 el porcentaje de peruanos que vive en la pobreza bajara del 59% al 20%. ¿Es suficiente? Por supuesto que no y falta mucho aún para que el avance económico se refleje en bienestar para todos los peruanos, especialmente tras la pandemia. Sin embargo, negar que se ha reducido la pobreza, es faltar a la verdad.

Otro argumento de Cerrón es que “el precio del cobre se ha disparado, pero sin embargo (sic), por contrato, el Perú no se hace acreedor de un centavo más, mientras las trasnacionales se benefician”. Cerrón no debe estar enterado de que la recaudación está rompiendo récords históricos, precisamente por el impulso del precio del cobre. La presión tributaria sigue siendo baja en el Perú, sí, pero eso se debe a la altísima informalidad.

También argumenta que “queremos un Estado que no sea un acumulador de riquezas, sino que redistribuya. ¿De qué nos sirve tener US$74 mil millones en reservas cuando tenemos a profesores y médicos reclamando aumento de salarios?”. La respuesta a su pregunta está en Argentina, donde el peso vive en caída libre porque su banco central casi no tiene reservas.

Leer sus opiniones económicas esta semana genera la misma sensación que el programa de gobierno de Perú Libre en el 2021: es como viajar en el tiempo y escuchar a una persona que no vivió en el Perú en los años 80 ni aprendió lo que hasta los políticos que llevaron al país a la catástrofe económica terminaron aprendiendo a la mala.

Ahora regresan los pedidos de control de precios, los llamados a ir contra la autonomía del Banco Central de Reserva y usar las reservas internacionales, los proyectos para que Petro-Perú –que no puede ni auditar sus estados financieros– opere todos los lotes petroleros del país, que el Perú cree una empresa nacional del cobre y abrir un proceso de cambio total de la Constitución, que lo único que logran es alimentar expectativas que no van a ser satisfechas y ahuyentar aún más a la inversión privada que se necesita para generar empleo.

Hay mucho que se puede hacer dentro del marco constitucional vigente. Que el gobierno no sepa cómo hacerlo y decida escuchar a alguien cuyas ideas han destruido ya la economía peruana y las de otros países de la región, es una muestra más de lo insostenible de la presencia de Castillo en la presidencia.