Cientos de miles de personas se manifestaron contra el presidente Donald Trump este fin de semana en la capital y en las ciudades mayores de Estados Unidos. La marcha, denominada “No kings” (no reyes) fue para protestar por la concentración inconstitucional de poder que está intentando lograr Trump a través de medidas que afectan una amplia gama de la vida estadounidense.
Desde que asumió la presidencia en enero, Trump ha emitido más de 200 decretos ejecutivos, muchos de ellos de largo alcance. Algunos son legales, pero muchos se están revisando en las cortes porque son claramente ilegales o se encuentran en áreas legales cuestionables.
Los fundadores de Estados Unidos temían la concentración del poder porque se prestaba al abuso y consideraban que el rey Jorge III del Reino Unido, contra quien se rebelaron, representaba ese problema. Por eso diseñaron una Constitución que creó pesos y contrapesos, separando el Ejecutivo, el Legislativo y lo judicial.
Los decretos ejecutivos en Estados Unidos son legales, pero solo si cumplen determinados criterios. No se pueden usar para eludir al Congreso.
Trump, sin embargo, ha ordenado que el gobierno federal tome una serie de medidas que son tantas como para enumerarlas aquí; mencionaré solo algunas a modo de ejemplo: deportar estudiantes universitarios por expresar opiniones contrarias a las del gobierno; prohibir la entrada de extranjeros a Estados Unidos de una docena de países; castigar bufetes de abogados por litigios que no son del gusto del presidente; deportar supuestos criminales venezolanos sin debido proceso; no realizar gastos públicos autorizados por el Congreso; abolir la ciudadanía por nacimiento; elevar y manipular aranceles contra los países del resto del mundo a gusto; etc.
El gobierno de Trump también ha amenazado a los medios más importantes del país con litigios, está intentando socavar la independencia de la Reserva Federal y ha dicho que está considerando numerosas otras medidas como deportar a ciudadanos estadounidenses, poner fin a la exención fiscal de la Universidad de Harvard o suspender el hábeas corpus (una institución jurídica para prevenir detenciones arbitrarias y fortalecer el debido proceso).
Queda claro que, en muchas áreas, Trump está sobrepasando su autoridad. Por ejemplo, el Congreso aprobó una ley que requería que la empresa Byte Dance venda TikTok por razones de seguridad nacional. La Corte Suprema confirmó la ley. Pero Trump ignoró la ley y se pospuso la venta. Todavía no se ha vendido TikTok.
El bombardeo de Irán y los de los barcos en el Caribe han sido ilegales. Solo el Congreso puede autorizar una guerra o aprobar ese tipo de acción bélica, y Trump no obtuvo el permiso del Legislativo. La subida de aranceles se ha hecho usando una ley que, a todas vistas, no autoriza tales medidas. Como tantas otras órdenes de Trump, se tratará esta en la Corte Suprema.
A muchos de los que protestaron este fin de semana simplemente no les gustan las decisiones que ha tomado Trump. Se oponen al cierre de la Corporación de la Radiodifusión Pública (una agencia de medios creada por el Estado), por ejemplo, más que al método. Pero la verdad es que la presidencia imperial que Trump está intensificando fue un problema que empezó mucho antes que su presidencia y con el apoyo de los dos partidos.
Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos nunca declaró la guerra contra Vietnam, como lo requiere la Constitución. El rescate de Obama a la empresa Chrysler violó el derecho de bancarrota, así como el intento de Biden de cancelar cientos de miles de dólares en deuda de estudiantes violó la ley y las directrices de la Corte Suprema. En ambos casos, los demócratas apoyaron las violaciones.
La abdicación que ha hecho el Congreso de sus deberes no es una novedad. Todavía es muy temprano para saber si eso va a cambiar.
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WUF
