“Los capturamos, pero ellos los sueltan”

No hay día en que la presidenta no diga “nosotros los capturamos y la fiscalía los suelta”. Han convertido al Ministerio Público y de paso al Poder Judicial en enemigos públicos que quieren que siga habiendo criminales en las calles, boicoteando los esfuerzos de la policía.

¿Es así? De acuerdo con la Constitución hay dos formas de detener a las personas, por una orden del juez o por flagrante delito.

Lo primero ocurre cuando, como resultado de investigaciones, se logra desarticular a una organización criminal, se procede a la detención preliminar, se consiguen colaboradores eficaces que ayudan a consolidar la destrucción de esa mafia y se logra prisión preventiva que permite sacar de circulación a los peores criminales que enfrenta el país.

Esto se ha debilitado muchísimo por los meses que no tuvimos detención preliminar, responsabilidad compartida del Congreso y Ejecutivo, pero también por múltiples otras normas que, por protegerse ellos, debilitan la lucha contra los delincuentes de las calles.

La otra figura es detenerlos en flagrancia y a eso se refieren la presidenta y muchos congresistas cuando dicen que los sueltan.

Se ha hecho evidente en estos días que esta dicotomía entre los buenos y los malos es falsa. Me remito a las cifras oficiales del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva.

Así, entre enero y marzo del 2025, se han detenido en flagrancia a 43.747 personas y, efectivamente, poquísimos han terminado en la cárcel. ¿Por qué? Porque a 10.639 los detuvieron por manejar borrachos, a 8.555 por violencia familiar y a 3.517 por lesiones, lo que con cifras menores por microcomercialización, hurto, receptación y alimentos suman 32.348. El perfil compartido de todos ellos es que solo en situaciones muy especiales y agravadas configuran delito de más de cuatro años, por lo que no van a prisión preventiva.

Los restantes delitos son parte de la inseguridad y la violencia. Ahora bien, específicamente los de crimen organizado, el asunto al que se está refiriendo Boluarte, son 288 por extorsión, 70 por secuestro y 13 por sicariato. Así, es sobre 371 y no 43.745 en que se debe discutir sobre si fiscales y jueces debieron meterlos presos o no.

¿Por qué mienten? Porque en el Ejecutivo y en el Congreso les conviene desprestigiar a los órganos de justicia. En particular, la presidenta vive aterrada por los avances que van sucediéndose en los varios casos en que se le investiga. Ni qué decir de las decenas de congresistas que llegaron ya con investigaciones y a las que se han sumado muchísimos más.

Convertirlos en los malos de la película tiene como objetivo político descabezarlos e intervenirlos. Qué mejor ejemplo de ello que lo aprobado en la Comisión de Constitución de reducir a 50 el número de votos para suspender indefinidamente a fiscales y vocales supremos.

Por supuesto que hay problemas en todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Claro que se necesita una reforma profunda. Pero la legitimidad para hacerlo por un Congreso desaprobado por más del 90% simplemente no existe.

CODA: con la tragedia que sufren era previsible que el paro de los transportistas en Lima y Callao fuese total. Si faltaba algo para indignarlos más, las únicas declaraciones desde el Mininter sobre el paro fueron las del “defensor de la policía” Máximo Ramírez: “No ganan dinero suficiente para ser extorsionados”. De su lado los extorsionadores les advierten: “Si se van al paro, igual tienen que pagar”. Lo peor es que es verdad. Hoy tendrán que salir a trabajar con los mismos riesgos de ayer. Si por lo menos se asumiese responsabilidad política por los fracasos y se anunciaran cambios, pero ni eso.