Más allá de los bonos, por Norma Correa Aste

La política social en este quinquenio enfrenta un reto complejo: evitar que los impactos temporales de la pandemia se vuelvan permanentes y afecten de manera profunda (o irreversible) las trayectorias de los hogares más vulnerables. La pobreza monetaria se elevó al 30,1% en el 2020, afectando a cerca de 10 millones de ciudadanos (prácticamente, un tercio de la población), mientras que los pobres extremos hoy superan el millón y medio de personas. En este contexto, temas como la lucha contra el hambre vuelven a estar en el centro de la agenda.

Responder a este reto no solo requiere buena voluntad y presupuesto, sino principalmente capacidad estatal. El aparato público peruano ha acumulado mayor conocimiento y experiencia en las respuestas a la pobreza rural, aunque de manera heterogénea: los programas y proyectos existentes tienden a funcionar mejor en la costa y en la sierra que en la Amazonía, la región más incomprendida por la gestión pública. En contraste, la experiencia del aparato público en materia de pobreza urbana es muy limitada, tanto a nivel de los ministerios como en los gobiernos regionales.

En los próximos años, la política de superación de la pobreza deberá operar en dos frentes de manera paralela. Por un lado, brindar soporte a los ciudadanos vulnerables que recayeron en la pobreza debido al choque generado por la pandemia, que se concentran principalmente en el ámbito urbano. Por otro lado, atender las necesidades de los sectores que han continuado atrapados en la pobreza en las dos últimas décadas, que se encuentran principalmente en ámbitos rurales y en contextos indígenas andinos y amazónicos.

En este sentido, ampliar la cobertura de los programas sociales existentes ayuda, pero ya no será suficiente, pues se requieren estrategias a nivel territorial que respondan a las necesidades específicas de los grupos vulnerables. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza en contextos indígenas no solo debe tener un componente monetario (entregar bonos), sino también incorporar una dimensión ambiental, orientada a proteger sus recursos naturales e incrementar su resiliencia frente al cambio climático.

Por otro lado, debemos “des-bonificar” la discusión sobre las respuestas de política social a la pandemia, pues urge promover la autonomía económica de los hogares, siendo estas soluciones que pasan necesariamente por la generación de empleo, promoción del emprendimiento, desarrollo de habilidades para el mundo del trabajo (claves para jóvenes y mujeres) y mejor articulación con el mercado (urgente para los pequeños productores).

La política general del Gobierno expuesta por el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido en el Congreso el último viernes brindó importantes detalles, anunciando la ampliación en la cobertura de programas sociales gestionados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión (que operan principalmente en el ámbito rural), la continuidad del apoyo a comedores y ollas populares, así como medidas orientadas a fortalecer la agricultura familiar (clave para la economía de los hogares rurales en pobreza). A estas acciones, se suma el Bono Yanapay Perú, que brindará S/350 a 13,5 millones de personas.

Resulta fundamental que un Gobierno cuyo lema principal es “no más pobres en un país rico” cuente con una estrategia de superación de pobreza rigurosa, con sólido sustento técnico, buen aterrizaje territorial y transparencia. Aquí será clave el rol del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que –en su calidad de ente rector– debe tener una vocería técnica más activa para ordenar y articular las iniciativas del Gobierno orientadas a la superación de la pobreza, así como promover la urgente innovación en los instrumentos de política. No se trata de “cambiarlo todo”, sino de fortalecer la capacidad institucional adquirida por el Estado en la lucha contra la pobreza y el desarrollo social, lo que, más allá de anuncios puntuales, va a requerir el nombramiento de perfiles idóneos en puestos técnicos, así como garantizar que los programas sociales y otros instrumentos de soporte se entreguen de manera transparente y con independencia política para no volver al clientelismo que debilitó a la política social peruana en la década de los 90.