Petro-Perú

En los últimos días, el gobierno de Pedro Castillo aprobó un aporte de capital por S/4.000 millones para Petro-Perú y una línea de crédito de US$500 millones. Sumado al préstamo de US$750 millones y la ayuda tributaria por S/500 millones de mayo pasado, solo en el 2022, Petro-Perú ha recibido del Estado el equivalente al 1% del PBI.

Los recursos con los que el Gobierno está financiando Petro-Perú salen de la misma bolsa del Estado con la que se deben financiar inversiones públicas en salud, educación o infraestructura, como agua y saneamiento; bolsa que es financiada con los impuestos que pagamos los peruanos. Esto, en cualquier lugar del mundo, sería un escándalo. Pero más escandaloso aún es el hecho de que Humberto Campodónico haya renunciado a la presidencia del directorio. Campodónico es el responsable de la modernización de la Refinería de Talara, la inversión pública más grande en la historia del país (US$6.000 millones). Campodónico, como nos lo ha recordado Raúl Labarthe hace unos días, reivindicaba en el 2016 que Petro-Perú hubiese salido del ámbito de control del Fonafe, y pedía que se impidiera a toda costa que regresara a este, porque detrás del control del Fonafe, sostenía, estaba el empeño privatizador del MEF. Fonafe es la empresa pública que depende del MEF y dirige la actividad empresarial del Estado. En su renuncia, Campodónico se mostró preocupado por el mal manejo corporativo y el deterioro institucional de Petro-Perú; deterioro que, por cierto, él ayudó a generar. Su actual preocupación no nos sirve de nada a los peruanos que deberemos pagar los platos que él y sus ideas equivocadas rompieron.

La injerencia política en las decisiones empresariales y la falta de transparencia y rendición de cuentas llevó a la toma de decisiones equivocadas de las que absolutamente nadie se hace ni se hará responsable. Cuando el estado hace actividad empresarial, aprueba e invierte en proyectos que no son viables económicamente, pero que le generarán réditos políticos. Y eso es lo que ha ocurrido con la Refinería de Talara. Desde un inicio, los expertos advirtieron de la pérdida que la Refinería de Talara representaría para el Perú. De hecho, desde un punto de vista económico, el proyecto nunca debió iniciarse. La mala gestión de Petro-Perú y la falta de transparencia en los estados financieros de la empresa llevaron a que Fitch Ratings redujera la calificación crediticia de su deuda a “bono basura”. Como consecuencia, Petro-Perú se vio sin liquidez, lo que generó que no pueda pagar siquiera la importación de combustibles, razón por la cual hoy en el Perú debemos enfrentar el desabastecimiento de gasolina y diésel, con el impacto que ello conlleva para el transporte y las actividades empresariales.

La Constitución limita el rol que tiene el Estado en el ámbito empresarial, estableciendo que el Estado solo puede realizar actividad económica de manera subsidiaria. Esto se conoce como el principio de subsidiariedad del Estado y prohíbe de manera general que el Estado participe en actividades empresariales, porque es el sector privado el que puede desarrollarlas de manera más eficiente. La evidencia demuestra que en las empresas públicas existe (i) interferencia política en la toma de decisiones; (ii) falta de incentivos adecuados para el buen gobierno corporativo y (iii) falta de competencia, ya que el Estado suele incentivar el monopolio en los sectores en los que participa. Más aún, las empresas públicas son utilizadas para pagar favores políticos y como caja para el partido que está en el poder. Al no existir políticas que promuevan la eficiencia, suelen tener exceso de personal. En el caso de Petro-Perú, por ejemplo, se calcula que hay un exceso de 900 trabajadores.

Anthony Laub comparó los resultados de Camisea y la Refinería de Talara. Mientras el primero le generó cero costos al Estado y US$17.000 millones en ingresos públicos (impuestos y regalías), la segunda nos viene costando US$8.050 millones (entre costo directo y recursos públicos comprometidos) y ha generado cero ingresos. La evidencia es clara, el rol empresarial del Estado distrae recursos, genera corrupción y tiene un impacto negativo en la economía al limitar la competitividad del país.