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Programa económico mínimo para Vizcarra, por Roberto Abusada

“La labor más urgente es la reconstrucción. Esta necesita un cambio radical en la manera de enfrentar la tarea”.

Roberto Abusada Salah Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

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"El Gobierno tiene que aprovechar el incipiente aumento de la inversión privada en el sector primario, impulsado por los mejores precios de los metales, para incrementarla con un fuerte aumento en el sector construcción". (Ilustración: Víctor Aguilar)

Las promesas que se oyeron cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski inició su mandato ya quedaron en el olvido. Poco o nada se avanzó para conseguirlas. Los peruanos no viviremos una ‘revolución social’ en medio de un crecimiento vigoroso. La pobreza no disminuirá a la mitad. Tampoco aumentará la formalización, ni veremos la salud o la educación mejorando visiblemente. El agua potable no llegará a todos los hogares. Tampoco asistiremos a un ‘boom’ de infraestructura y, menos aun, ingresaremos a la OCDE. 

El éxito económico del gobierno del presidente Martín Vizcarra consistirá en algo mucho menos ambicioso, pero no por ello menos difícil, si se tiene en cuenta que está al mando de un Estado disfuncional, y que la composición actual del Gabinete no permite augurar la realización de alguna reforma estructural significativa. 

Así las cosas, el presidente Vizcarra habrá concluido satisfactoriamente su mandato en el año del bicentenario si contiene el deterioro que vienen produciendo las medidas populistas generadas en el Congreso, y si logra concluir cuatro tareas: la reconstrucción del norte, el impulso de la inversión pública y privada, la consolidación de las finanzas públicas y la concreción de, al menos, dos grandes proyectos mineros. 

Claramente la labor más urgente es la reconstrucción. Esta necesita un cambio radical en la manera de enfrentar la tarea. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha probado ser totalmente inútil para conducir el trabajo. Es preciso un sistema más ágil, menos burocrático, más flexible, y que no dude en centralizar el proceso allí donde se necesite. Conjuntamente con la reconstrucción, la inversión pública debe crecer fuertemente. Es claro que la meta de 17% de crecimiento en la inversión pública que se fijó el Ejecutivo es, a estas alturas del año, inalcanzable. El Gobierno debe desplegar un plan de acción para terminar el año con al menos 10% de aumento. 

Sin embargo, un impulso fiscal basado únicamente en la inversión pública está limitado por el escaso peso que tiene esta en el PBI. El Gobierno tiene que aprovechar el incipiente aumento de la inversión privada en el sector primario, impulsado por los mejores precios de los metales, para incrementarla con un fuerte aumento en el sector construcción. Dos medidas urgentes aquí son la publicación del reglamento de la Ley 30737 (que reemplazó el D.U. 003), e impedir que la MML siga obstaculizando el inicio de inversiones en proyectos comerciales y edificaciones por un valor de más de US$1.400 millones. 

La tercera tarea de importancia crucial es cortar gastos corrientes y aumentar los ingresos por impuestos. Afortunadamente, el nuevo ministro de Economía, David Tuesta, ha propuesto un recorte de gastos corrientes equivalentes a S/2.000 millones. Pero, al mismo tiempo, tiene que llevar adelante su propósito de mejorar la administración de impuestos para rebajar el nivel de elusión impositiva que ha ido en aumento en los últimos años. Las exoneraciones tributarias deben ser revisadas completamente; particularmente las que se aplican en la Amazonía, que han probado una y otra vez ser inútiles para el fin que fueron establecidas. La medida más lógica es reemplazarlas por asignaciones presupuestales que vayan a un fondo de desarrollo de cada región, siguiendo el modelo exitoso puesto en práctica en San Martín cuando el actual presidente del Consejo de Ministros ocupó el cargo de gobernador. 

La meta de un déficit fiscal de 3,5% para este año debe ser revisada moderadamente hacia abajo para dar un mensaje potente de que el Gobierno toma en serio la consolidación fiscal. Una pequeña revisión permitirá dar soporte a la calificación crediticia del país. Esto es perfectamente posible gracias a la mejor regularización de impuestos de abril, los mayores precios de los metales con relación a los considerados en el presupuesto, y a la identificación de aproximadamente US$20.000 millones gracias a la amnistía decretada en el 2017, que traerá un flujo permanente de ingresos fiscales por concepto de ganancias de capital.  

Por último, el presidente Vizcarra puede usar su experiencia como gobernador de Moquegua para viabilizar el inicio de la construcción de Tía María, que junto con el probable comienzo de la construcción del proyecto minero Quellaveco puede señalar el camino para ejecutar numerosos proyectos hasta hoy postergados.  

Se trata de objetivos alcanzables y en gran medida exentos de dificultades políticas. Su consecución puede tener un impacto invalorable en la restauración de la confianza y el relanzamiento del crecimiento y el empleo.

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