¿Se ha avanzado realmente con los Reinfo?

En medio del debate sobre la formalización minera en el Perú, una pregunta clave vuelve a surgir: ¿se ha avanzado realmente con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)? La respuesta, a la luz de las cifras disponibles, es que sí se ha avanzado, aunque todavía queda un largo camino por recorrer.

De los más de 80.000 Reinfo que existían originalmente, 50.565 han sido excluidos del registro por no mostrar actividad alguna. Esto deja actualmente 31.657 inscritos. Sin embargo, no todos ellos cumplen las obligaciones mínimas exigidas por el proceso de formalización. Solo 22.776 han cumplido los requisitos básicos establecidos por la normativa.

Estas obligaciones incluyen tres aspectos fundamentales: presentar una declaración semestral de producción, contar con una declaración ambiental –el denominado Igafom (instrumento de gestión ambiental para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal)– y mantener un RUC vigente de tercera categoría. En contraste, 8.881 registros se encuentran suspendidos por no cumplir estas condiciones.

Otro dato relevante fue señalado recientemente por el exministro Montero en declaraciones a RPP. Según explicó, existen 16.445 Reinfo que operan en concesiones mineras vigentes. De ese total, el 70% se ubica en concesiones de pequeños mineros y mineros artesanales, propias o ajenas, mientras que el 30% restante se encuentra en concesiones de mediana y gran minería.

Esto implica que alrededor de 15.125 Reinfo no tienen concesiones declaradas, propias o de terceros. Es decir, casi la mitad de los Reinfo actualmente inscritos en el Ministerio de Energía y Minas carece de un respaldo formal sobre el territorio donde realizan sus actividades.

Estas cifras revelan con claridad uno de los principales desafíos del proceso de formalización. El primer paso debería ser facilitar que los mineros artesanales que cuentan con Reinfo pero no poseen concesión puedan acceder a ellas cuando operan en zonas libres de denuncios. Con el apoyo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), estos trabajadores podrían denunciar el área y obtener una concesión minera formal.

Sin embargo, cuando estas actividades se desarrollan en zonas donde la minería está prohibida, la respuesta debe ser distinta. Los Reinfo ubicados en áreas incompatibles con la actividad minera –como parques naturales protegidos, zonas urbanas o cuerpos de agua como ríos y lagos– deberían ser anulados de inmediato.

Resolver esta situación permitiría que muchos mineros artesanales abandonen la informalidad al obtener una concesión minera válida. Posteriormente, deberán cumplir las demás exigencias del registro para operar plenamente dentro de la legalidad. De esta manera, se podría avanzar con cerca del 48% de los Reinfo vigentes.

Dentro de este universo conviven realidades muy distintas. Por un lado, están los mineros más humildes, que buscan una oportunidad para formalizar su trabajo y mejorar sus condiciones de vida. Por otro, quienes operan deliberadamente en zonas prohibidas. Mientras a los primeros se les debe brindar apoyo y facilidades, a los segundos corresponde aplicar la ley con firmeza.

Un segundo grupo de mineros es el que trabaja dentro de concesiones pertenecientes a pequeños mineros o a terceros. En estos casos, la formalización también debería ser posible, siempre que se cumplan las exigencias del Reinfo. No obstante, el principal obstáculo suele ser la negociación de contratos con los propietarios de las concesiones. En muchos casos, los llamados especuladores de derechos mineros imponen condiciones excesivas o regalías desproporcionadas.

Frente a esta situación, el Estado podría intervenir para establecer límites razonables que eviten abusos y faciliten acuerdos más equilibrados.

El escenario es aún más complejo cuando se trata de concesiones de mediana o gran minería que son retenidas normalmente a la espera de permisos para explorar o ampliar operaciones. A estas empresas les interesa poco la retribución por los minerales que se extraigan de sus propiedades. En estos casos, el problema es otro: la responsabilidad legal y ambiental. Las empresas titulares de estas concesiones pueden ser responsabilizadas, incluso penalmente, por accidentes o daños ambientales generados por operaciones artesanales informales dentro de sus áreas de concesión. Por ello, resulta necesario que el Estado establezca mecanismos contractuales que permitan la coexistencia de estas actividades sin trasladar riesgos indebidos a las empresas concesionarias.

Más allá de estas medidas específicas, existe un problema estructural que no puede seguir ignorándose: la excesiva burocracia. Tanto los pequeños como los grandes productores mineros enfrentan trámites interminables, permisos redundantes y regulaciones que muchas veces carecen de sentido práctico.

Simplificar estos procedimientos debería convertirse en una prioridad nacional. Solo así será posible aprovechar plenamente el potencial de los recursos minerales del país.

Hoy, el exceso de normas y reglamentos está entrampando gran parte de la actividad empresarial en el Perú. Reducir estas barreras no solo impulsaría la inversión, sino que también contribuiría a generar empleo, reducir la informalidad y combatir la pobreza.

La formalización minera no se resolverá con más normas, sino con reglas claras, procedimientos simples y un Estado capaz de distinguir entre quienes necesitan apoyo para formalizarse y quienes deben ser sancionados por operar al margen de la ley.