“Sobre ‘repartijas’, argollas y élites”, por Martín Tanaka

Desde siempre, en nuestro país, hemos denunciado formas diversas de exclusión social, discriminación, desigualdad e injusticia. La capital frente al conjunto de provincias, la costa frente a la sierra y la selva, lo blanco-criollo frente a lo mestizo e indígena, los ricos frente a los pobres, las potencias, capitales e intereses extranjeros frente a los nacionales, son parte de la historia de la sociología peruana y latinoamericana.

Desde la década de los años 90, con el predominio del “neoliberalismo”, de las políticas orientadas al mercado, desde la izquierda se ha denunciado la influencia o el control en la toma de decisiones del Estado por parte del empresariado, de redes tecnocráticas, de organismos internacionales, etc. En los últimos años, desde la extrema derecha, se ha construido el argumento de que viejas ideas de izquierda se habrían “reciclado” y “aggiornado” a través de variados ropajes, como el enfoque de género, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, el lenguaje “políticamente correcto”, entre otros, y que serían esos valores los que definirían el rumbo de las políticas.

Una comprensión equilibrada debería constatar que el Estado es una arena de disputa política permanente, en la que compiten ciertamente intereses, pero donde también importan las ideas, terreno en el que existen sentidos comunes más influyentes y con mayor prestigio que otros. Podríamos decir que el paradigma de mercado tiene mucha más influencia entre las élites sociales y políticas que el estatista, y que un paradigma liberal y progresista en lo valorativo ha avanzado en los últimos años frente a concepciones conservadoras y tradicionalistas.

Pero en algunos círculos priman visiones conspirativas y economicistas, según las cuales el debate de ideas y su sustento empírico resultan poco relevantes. Así, para la extrema izquierda, el paradigma de mercado es esencialmente fruto de la imposición de los intereses de los grandes grupos de interés económico. No existiría ningún aprendizaje de la hiperinflación o del descalabro económico de finales de la década de los años 80, por ejemplo, o la generación de consensos producto del análisis de las políticas de desarrollo de los diferentes países en los últimos años. Y para la extrema derecha, las agendas liberales y progresistas son solo el resultado de la imposición de burocracias internacionales y de sus socios locales organizados en ONG, que se beneficiarían del proceso de implementación de esas políticas a través de consultorías, por ejemplo. No se concibe que se haya desarrollado un consenso internacional alrededor de avanzar en criterios de igualdad más sustantivos, o de propiciar un desarrollo sustentable y equilibrado. Así, las decisiones de Estado y de políticas públicas se ven siempre como imposición, “repartija”, como resultado de la operación de argollas que terminan excluyendo a otros.

Hasta hace relativamente poco, para nombrar personas en cargos públicos, se había legitimado un criterio meritocrático, así como la construcción de una carrera pública en el Estado como forma de combatir la corrupción y lograr mayores niveles de eficiencia. Si bien nunca se implementó propiamente esa lógica dentro del Estado, sí logró cierto consenso discursivo; de allí que, ante nombramientos cuestionables, los políticos terminaran por lo general retrocediendo.

Lo que sorprende en los últimos días con el ministro de Salud, Hernán Condori, y otros es la reivindicación desde el poder de un discurso según el que la defensa de la meritocracia y la integridad no serían más que pretextos para encubrir la defensa de intereses empresariales y “caviares”, y el intento de limitar el derecho legítimo de un partido de gobernar con sus propios cuadros.

La novedad es el desparpajo que proporciona la justificación ideológica del patronazgo dentro del Estado en nombre del avance de la revolución, de la representación de los intereses populares, de la lucha contra las argollas, de la necesidad de renovar las élites con personajes provenientes del “Perú profundo”. Se trata del secuestro de un discurso crítico por parte de intereses patrimoniales.