El populismo vuela alto

Esta semana, la Comisión de Transportes del Congreso aprobó un proyecto de ley (PL 2956/2022-CR) del parlamentario Carlos Zeballos que tiene como fin reconocer “el derecho del pasajero a elegir libremente el asiento de su preferencia sin costo adicional al pasaje en vuelos comerciales nacionales e internacionales y fija en un máximo de 10 kg el peso de equipaje a llevar en cabina”. Una medida que ha contado con las firmas de congresistas como Susel Paredes, Flor Pablo y Héctor Acuña, y que ahora deberá ser evaluada por el pleno.

Más allá de las buenas intenciones que pueden haber motivado la elaboración de esta autógrafa, incluso la invención de un nuevo e insólito “derecho” –aquel de escoger tu asiento en una aeronave–, lo cierto es que la iniciativa es preocupante por varios motivos.

Para empezar, estamos, una vez más, ante un poder del Estado queriendo meter mano en la manera en la que un negocio privado organiza su operación y genera ganancias. Con la popularidad de las mentadas aerolíneas ‘low-cost’, el modelo adoptado por muchas firmas en todo el mundo es uno donde el pasajero tiene la posibilidad de acceder a un pasaje barato a cambio de pagar un extra –si así lo desea– por algunas comodidades adicionales. Estas pueden incluir desde el registro de equipaje voluminoso en la bodega del avión hasta la elección de una merienda o un asiento (cuyo precio varía dependiendo de la comodidad y lujo que este le ofrezca al usuario) y, también, llevar en la cabina algo más que una mochila o una cartera.

El proyecto del congresista Zeballos haría imposible que este modelo de negocio sea sostenible. Y si bien la iniciativa asegura luchar contra lo que describe como una “práctica abusiva”, lo cierto es que los únicos perjudicados por esta serán los consumidores. Como ha ocurrido con tantas normas populistas y antitécnicas que los legisladores se han sacado del sombrero en los últimos años. En fin, basta con poder sumar uno más uno para saber que si una empresa ve sus ingresos perjudicados por trabas intervencionistas en su negocio, regresará a un sistema que disminuya sus pérdidas. En este caso, se volverá a cobrar tarifas más altas por los pasajes. Una circunstancia que golpeará a los consumidores que aprovechan los bajos costos para trasladarse por vía aérea.

Pero medidas como la propuesta por Zeballos, que buscan los aplausos de la tribuna mientras se abandona el sentido común y se destruye la libre competencia (que es la que nos ha dado acceso a boletos aéreos baratos en un primer lugar), abundan en el Congreso. Por ejemplo, el lunes, el parlamentario Américo Gonza de Perú Libre presentó una enésima iniciativa para permitir el retiro de hasta el 70% de los fondos de las AFP. Una práctica que se puso de moda en el contexto de la pandemia y que, a pesar de las advertencias técnicas que se han hecho a lo largo de los años en reiteradas oportunidades, se ha convertido en moneda corriente.

Luego hay medidas como la Ley 31689, que modifica las condiciones para que los migrantes puedan alquilar una vivienda en el Perú, una medida que además de estar nutrida de xenofobia, limita el derecho de los propietarios a alquilar sus viviendas a quienes les dé la gana y bajo las condiciones que les convengan. Por otro lado, congresistas como Alejandro Muñante incluso han planteado intervenir en la manera cómo los cines describen las películas que proyectan, tratando de obligarlos a reportar contenido relativo a la “ideología de género” en ellas.

En estos y otros casos, el Congreso sobrepasa los límites de sus competencias y deja volar su espíritu populista bastante alto. La experiencia, sin embargo, debería llevarnos a recordar los perjuicios de estas decisiones y, también, a no dejarnos engañar por parlamentarios que no entienden o no quieren entender cómo funciona la economía.