Habla Bruno

Casi cuatro meses después de pasar a la clandestinidad, esta semana se supo que Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio y amigo del presidente Pedro Castillo, se había entregado a las autoridades en la noche del sábado. La información fue corroborada ayer por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los detalles acerca de algunas de sus primeras declaraciones no tardaron en conocerse.

También se supo que el juez Manuel Chuyo había ordenado levantarle la orden de captura que arrastraba desde finales de marzo dado que su situación legal había variado. Un claro indicativo de que estaría dispuesto a colaborar con el Ministerio Público en el ramillete de procesos en los que está involucrado.

Pacheco, como se sabe, no fue un funcionario cualquiera. Su amistad con el jefe del Estado, que es anterior a su llegada al cargo hace un año, le valió para ser nombrado nada menos que secretario general de la Presidencia. Sin embargo, las sombras sobre su figura empezaron a aparecer rápidamente.

Tanto José Vizcarra como Jorge Luis Chaparro (ex comandantes generales del Ejército y la FAP, respectivamente) revelaron que Pacheco los presionó para que favorecieran a determinados individuos en el proceso de ascensos de ambas instituciones el año pasado. Tanto Vizcarra como Chaparro se opusieron y, ahora sabemos, perdieron sus puestos. Algo similar contó el superintendente de la Sunat, Enrique Vega, sobre los pedidos de Pacheco para que favoreciese a privados. A Pacheco, además, se le encontraron US$20.000 durante una diligencia fiscal en Palacio en noviembre; un dinero cuyo origen hasta ahora no ha podido demostrar y sobre el que ha ido cambiando de versión con el paso del tiempo. Ello por no mencionar el rol protagónico que tanto Karelim López como Zamir Villaverde (quienes, como sabemos, se encuentran colaborando con la justicia en las investigaciones por presunta corrupción que incluyen al mandatario) le adjudican a Pacheco en sus testimonios.

No es descabellado, por lo tanto, teorizar que si Pacheco podía presionar a otros funcionarios de alto rango era porque contaba, en el mejor de los casos, con la anuencia y, en el peor, con la orden directa del presidente Castillo. Y el hecho de que fugara en un primer momento –advirtiéndole a otros coimputados de que se venía una orden de detención contra ellos, según ha contado Villaverde– y de que se mantuviese en la clandestinidad hasta hace pocos días solo permite suponer que el mandatario no tenía mucho interés en que fuese capturado.

De hecho, según fuentes de este Diario, Pacheco ya ha contado ante la fiscalía que se realizaron cobros durante el proceso de ascensos en la policía. También, que una de las personas del círculo cercano de Castillo, Beder Camacho –que además reemplazó a Pacheco en el cargo de secretario de Palacio– lo ayudó a fugarse a pedido del mandatario. Camacho, para más luces, habría sido recomendado para ser viceministro en el Ministerio del Interior por el presidente, según ha contado el ahora extitular del sector Mariano González. Una designación, hay que decirlo, que habría hecho mucho sentido con la percepción generalizada de que el Gobierno busca sabotear la búsqueda de sus prófugos desde adentro.

Para variar, el viceministro de Orden Interno, Martín Parra Saldaña, que además se encontraba a cargo del Programa de Recompensas de la cartera, renunció el lunes y explicó en una preocupante carta de dimisión que lo hacía luego de que no se materializara el acuerdo tomado el 22 de julio para doblar el monto de las recompensas de Pacheco y de los aún prófugos Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, y el exministro de Transportes Juan Silva.

A esto hay que añadir que el equipo especial de la policía que coordinó la entrega de Pacheco, y cuya creación motivó la destitución del ministro González, todavía no se reúne con el nuevo titular del Interior ni ha recibido los recursos ni el personal que necesita para realizar su trabajo.

Conforme pasen los días, seguramente iremos conociendo más detalles de la declaración de Pacheco y, con ella, los motivos por los que al Gobierno le convenía que los esfuerzos para ubicarlo se frustrasen.