Editorial: Jugar con fuego

Los momentos de crisis ponen enorme presión sobre las autoridades para intentar solucionar inmediatamente los apremios de la ciudadanía. Deudas, despidos, subempleo y otras dificultades propias de una recesión reclaman atención urgente. Y si bien no todo problema puede ser resuelto en medio de una caída histórica de la producción y el empleo, no faltarán quienes lo intenten. Cuando este escenario se configura, la respuesta políticamente motivada puede ser peor que la enfermedad y terminar por profundizar la crisis inicial.

Este es el ciclo que han seguido distintas iniciativas de ley desde el inicio del estado de emergencia a mediados de marzo. El último caso, y muy posiblemente el más peligroso, es el intento por congelar por 120 días el pago de toda deuda en el sistema financiero y condonar por seis meses los intereses compensatorios y moratorios. El predictamen todavía sigue en discusión en las comisiones del Congreso.

Si bien se entiende la motivación de la iniciativa –que en realidad agrupa tres proyectos de ley de temática compartida–, la solución para las familias y empresas con dificultades para pagar sus créditos no puede venir a costa de poner en riesgo el sector financiero en su conjunto. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, normalmente moderado en sus declaraciones públicas, afirmó que los congresistas “están jugando con fuego” y que “es una irresponsabilidad que creo que la historia, si lo aprueban, en algún momento va a señalarles”. Y agregó: “Si no queremos una recesión masiva donde la caída no sea 12% sino 40%, no se puede permitir que los depositantes pierdan sus ahorros”.

La SBS, el otro ente público especializado en el manejo del sector, ha hecho advertencias en el mismo sentido. Socorro Heysen, su titular, mencionó que 26 entidades financieras podrían quebrar, lo que afectaría los ahorros de 6 millones de personas. Recordó que, si bien existe un fondo de seguro para los ahorristas para cubrir cuentas de aproximadamente S/100.000, este “tiene recursos limitados en el contexto de que haya un cierre masivo de entidades”. Un salvataje financiero para evitar un derrumbe total de la economía, por lo demás, sería tremendamente costoso para el sector público, en el momento preciso en el que más recursos requiere para reactivar la economía.

Las modificaciones en el tono de algunos congresistas al referirse a la norma sugieren que estarían poco a poco interiorizando las dimensiones del problema en que parecían prestos a meterse al inicio. “Seguiremos trabajando en el predictamen. Poco a poco vamos a enriquecerlo para poder apoyar a los consumidores”, mencionó hace unos días José Luna, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. “Tenemos que ser responsables, pues es un tema sensible”, acotó. Ello es un avance. Si se considera indispensable aprobar una ley en este sentido, el reto es diseñarla de tal modo que beneficie de manera temporal solo a las familias o empresas más vulnerables, con el consenso de especialistas, y sin debilitar el sector financiero. De hecho, hasta la primera semana de junio, ya las propias instituciones financieras habían reprogramado deudas por S/135,3 mil millones en 8,8 millones de créditos, lo que representa más de la mitad del total de créditos colocados. El BCRP y la SBS han venido dando facilidades para ello. Esta es la ruta más responsable a explorar.

Es natural, pues, que existan presiones políticas para aprobar normas con aparentes beneficios inmediatos y costos diluidos en el tiempo, sobre todo en momentos de crisis. Pero el impacto de una iniciativa como la descrita no es lejano. Es más bien inmediato y puede gatillarse aun antes de publicada la ley debido a la incertidumbre general que ocasiona su discusión. Los congresistas han sido advertidos ya de los enormes riesgos que están tomando; una cosa era jugar con fuego cuando los peligros no eran claros, y otra iniciarse de pirómano.