Editorial: Las opacidades de la transparencia

Dada la coyuntura en la que Martín Vizcarra tuvo que asumir la Presidencia de la República en el 2018 –su predecesor renunció en medio de un escándalo de compra de votos parlamentarios–, era necesario que su administración asumiera, como lo hizo, la transparencia y la lucha contra la corrupción como pilares fundamentales. En los últimos años, el jefe del Estado ha logrado que este discurso cale en la ciudadanía, al punto que ha sido el leitmotiv de las decisiones más importantes que ha tomado el Gobierno, desde el referéndum convocado en el 2018, pasando por el pedido de adelanto de elecciones, hasta la disolución del Poder Legislativo el 30 de setiembre del 2019.

Sin embargo, como se sabe, del dicho al hecho puede haber mucha distancia, y el Ejecutivo ya suma kilómetros de acciones opacas. Basta con recordar, por ejemplo, la manera sinuosa en la que el mandatario coordinó con autoridades arequipeñas para frenar el proyecto Tía María o cuánto se tardó en deshacerse de miembros del Gabinete con graves acusaciones de corrupción (Edmer Trujillo, Zulema Tomás y Jorge Meléndez, por nombrar algunos), solo para reemplazarlos con otros funcionarios cuestionados y que todavía permanecen en su entorno (Susana Vilca, Carlos Lozada y Rocío Barrios).

Las últimas semanas han agudizado estas contradicciones y ni la pandemia ha logrado que pasen desapercibidas. En esa línea, a finales de mayo desde esta página comentábamos la cuestionable contratación en el Ministerio de Cultura de Richard Cisneros (‘Richard Swing’) para prestar servicios de dudosa pertinencia y de considerable costo –un total de 175 mil soles entre el 2018 y el 2020–. Una circunstancia que desembocó en la renuncia de la titular de la mencionada cartera, pero en ninguna explicación convincente desde el Gobierno.

Asimismo, la semana pasada se supo de la presencia de personas allegadas a la secretaria general del despacho presidencial, Mirian Morales, en el interior del Gobierno. En concreto, la tía de su hija, Claudia Teresa Mere Vidal, fue contratada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (mientras Vizcarra era titular del sector) cuando ella era funcionaria de esa cartera. Además, las perspectivas laborales de Mere mejoraron sensiblemente luego de que Morales asumiese el cargo en Palacio de Gobierno: el MTC le extendió una orden de servicios por S/22.500 por tres meses de actividades profesionales y mantendría vínculos con la institución hasta el 2019. Entretanto, la situación de la expareja de la mano derecha del presidente, Jorge Mere Vidal, que prestaba servicios al Estado desde el 2009, también mejoró.

Ahora resulta, como ha informado este Diario, que la señora Morales no es la única en el interior de la Casa de Pizarro con señalamientos en su contra. En efecto, durante la gestión de Martín Vizcarra, el Gobierno Regional de Moquegua extendió contratos a los parientes y a la empresa (Los Héroes del Cenepa Servicios Múltiples) de Karem Roca Luque, actual asistente del despacho presidencial, que ascienden a S/159.618,10. Según Registros Públicos, la funcionaria en cuestión permaneció como subgerenta de la firma hasta febrero del 2020. Por otro lado, diversos familiares de Roca Luque ofrecieron servicios a la referida región y, de acuerdo con América Televisión, con ella en Palacio, su hermano contrató con los ministerios de Vivienda y Trabajo y su hermana, con Essalud.

En suma, tanto este caso como el de Morales suscitan serias dudas, especialmente por la cercanía de las funcionarias con el presidente. El mandatario, como ha ocurrido en otros aprietos similares, no puede desentenderse de la gente que trabaja con él directamente todos los días y en posiciones de extrema confianza. La tesitura, entonces, demanda que el Ejecutivo dé explicaciones y actúe con severidad si reconoce que alguno de sus miembros ha actuado de manera irregular.

Vizcarra tiene que saber que en estas condiciones el silencio juega en su contra y suma más opacidad a la transparencia que se jacta de practicar.