El martes, dos embarcaciones que brindan servicios a la empresa PetroTal –a cargo de la explotación del lote 95– fueron interceptadas y permanecen retenidas, junto con sus tripulantes, por miembros de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap) en la provincia de Requena, región Loreto. En total, el número de personas secuestradas asciende a 14, incluidos seis de nacionalidad brasileña.
Según ha explicado a este Diario José Luis Medina, gerente de sostenibilidad de la empresa, en las últimas semanas hasta siete embarcaciones que operan para PetroTal han sido capturadas o forzadas a desviarse de su ruta por Aidecobap. La situación ha llevado a la firma a paralizar sus actividades, lo que causará un gran perjuicio principalmente para Loreto. En los próximos días, existe una alta posibilidad de que la región sufra un desabastecimiento de combustible, mientras que algunos distritos de la provincia de Requena ya vienen padeciendo la interrupción de sus servicios de luz y agua por la falta del combustible que les era suministrado por la empresa.
Pero los problemas no terminaron allí. Horas después de que trascendiera la noticia de los secuestros de las embarcaciones, miembros de Aidecobap atacaron con armas punzocortantes un vehículo de la Marina de Guerra del Perú –e hirieron a un oficial naval– que trasladaba al fiscal provincial penal corporativo de Requena hasta el lugar de los hechos para precisamente tomar conocimiento de ellos, según ha revelado PetroTal. Dos días después, el jueves, un grupo de seguidores de la Junta de Autoridades del Puinahua (JAP), que según ha trascendido rechazan el control territorial de Aidecobap, secuestró durante algunas horas al alcalde del distrito de Puinahua, Giordano Mendoza, y a la regidora Katia Mañiguari.
Hasta donde se sabe, la JAP buscaría proteger las operaciones de PetroTal en la zona de los ataques de Aidecobap y le habrían pedido al burgomaestre que no pactara con esta última asociación. En respuesta, Aidecobap capturó a Carlos Arbildo Valera, gestor social de PetroTal, durante dos horas. La situación entre estas dos asociaciones viene escalando peligrosamente al punto que la Defensoría del Pueblo ha advertido que podría derivar en un enfrentamiento entre comunidades.
Más allá de los motivos que Aidecobap y la JAP aleguen tener en este conflicto –uno que lleva ya varios años activo–, no debe quedar ninguna duda de que lo que hicieron integrantes de ambos colectivos esta semana fueron delitos. Después de todo, no hay otra forma de llamar al acto de forzar a una persona a permanecer retenida en un lugar contra su voluntad que usar el término de “secuestro”. Y si bien es cierto no es la primera vez que esto ocurre en Loreto (recordemos que el año pasado, por ejemplo, cerca de 150 turistas fueron retenidos por más de 24 horas por miembros de la comunidad indígena de Cuninico y unos años antes, en el 2016, pobladores de Saramurillo secuestraron a fiscales y personal de Petro-Perú durante dos días), sí es peligroso que como país nos hayamos acostumbrado, de un tiempo a esta parte, a contemplar y hasta aceptar este tipo de acciones criminales como escenas inevitables de una protesta social.
No nos cansaremos de decirlo: el crimen no es protesta. Consentir que un grupo de personas, por más legítimas que sean sus demandas, pueda transgredir la ley y atentar contra la libertad de terceros bajo el envoltorio de ‘lucha social’ es aceptar que hay ciudadanos con más prerrogativas que otros para quebrar el Estado de derecho y no rendir cuentas por ello.
Ayer, el Ministerio Público anunció que había abierto investigación preliminar contra los responsables de los secuestros de esta semana. Ojalá que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias, pues no podemos seguir aceptando que en Loreto impere la ley de la selva, que ha permitido que en los últimos años se retenga a personas contra su voluntad con total impunidad.
Cual
