No es protección, es censura

Las agresiones a los hombres y mujeres de la prensa registradas durante las manifestaciones de las últimas semanas constituyen un problema inocultable. Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), desde el 7 de diciembre al menos 172 periodistas han resultado agredidos a lo largo del país.

Esta problemática ha sido, al menos eso es lo que han tratado de decirnos, la razón por la que el Gobierno, la policía y el Colegio de Periodistas del Perú decidieron trabajar un “protocolo para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público” cuyo borrador se publicó esta semana. El documento ha disparado una serie de alarmas de parte de instituciones como la ANP, el IPYS y el Consejo de la Prensa Peruana que, más que un esfuerzo por proteger a los periodistas encargados de cubrir protestas, ven en él un intento por dirigir la cobertura de estas.

Entre los principales problemas de la iniciativa, por ejemplo, destaca la que le encomienda a la policía la tarea de “sugerir a los periodistas […] la ubicación adecuada en un escenario de violencia, a fin de garantizar su integridad física o evitar afectar la labor policial”. De no acatar estas disposiciones, indica el documento, “si se produce alguna afectación a la integridad de los periodistas o comunicadores sociales será bajo su responsabilidad”.

Al respecto, hay varias cosas que precisar. En primer lugar, la labor de la policía de proteger a los periodistas (y a cualquier persona) no tiene por qué circunscribirse al espacio en el que se encuentren ubicados. La naturaleza de la labor periodística implica que un reportero pueda moverse de acuerdo con el interés informativo que su cobertura demanda y no con lo que un funcionario o agente pueda considerar que es lo más adecuado. Con un requisito como este, pareciera que el Gobierno buscara dirigir la cobertura periodística en situaciones de conflictividad social que, en los últimos tres meses, han propiciado la muerte de al menos 60 personas y cuando en varias de estas hay indicios preocupantes de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de efectivos policiales que el Ministerio Público viene investigando.

El “protocolo”, además, dispone una serie de lineamientos para atender las denuncias de los hombres y mujeres de la prensa que resulten agredidos en contextos de “alteración al orden público” (un concepto que no se precisa en el texto), pero nada dice de los casos en los que las agresiones provengan de agentes policiales. Esta ausencia no es menor toda vez que, según la ANP, en al menos 48 de las 172 agresiones que se han registrado el autor ha sido un efectivo policial, y considerando que, históricamente, los casos de abuso policial contra periodistas que cubrían protestas han quedado casi siempre impunes (como más de un reportero o fotógrafo de este Diario puede dar fe).

Asimismo, el documento exige que los periodistas que cubran movilizaciones o disturbios estén debidamente identificados (con carnet de prensa, chaleco y casco); sin embargo, como bien ha advertido la ANP, muchas veces los reporteros optan por no revelar la naturaleza de su trabajo para no ser estigmatizados, peor aún en una atmósfera de alta agresividad contra la prensa, como la que parece haberse instalado en nuestro país. Identificarse como periodista debe ser una decisión del reportero y del medio de comunicación para el que trabaja (en caso lo tenga, cosa que no ocurre con los ‘freelances’ que parecen no existir para el documento), no una exigencia gubernamental ni –mucho menos– una condición para que no resulten agredidos.

Estas y otras disposiciones del “protocolo” llevan a pensar que, en el mejor de los casos, este fue redactado sin un conocimiento cabal de la naturaleza de la labor periodística y, en el peor, buscando dirigir las coberturas, lo que, en otras palabras, configura un burdo intento de censura que no puede ser tolerado en democracia.

Ojalá que el Gobierno dé marcha atrás y no apruebe este despropósito que, en honor a la verdad, solo terminará haciendo tanto daño como aquello que dice querer combatir, pues al final el resultado de su aplicación sería el mismo que el que buscan los reiterados ataques a periodistas: limitar el trabajo que estos realizan.