Editorial: No todo estaba bancarizado

La revelación sobre ingentes aportes de dinero a las campañas de Keiko Fujimori que no fueron informados en su momento a la ONPE debería de lapidar la credibilidad de los voceros de Fuerza Popular (FP) que, a lo largo de los últimos años, negaron enfáticamente que tal cosa hubiese ocurrido. Entre ellos, la propia excandidata presidencial y lideresa de ese partido.

A través de una declaración del presidente del directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, se ha conocido esta semana, en efecto, que en la campaña del 2011 el referido ‘holding’ apoyó con US$3,65 millones a la organización fujimorista. En tanto, Vito Rodríguez, fundador del grupo Gloria, ha admitido también que en dicha campaña le entregó personalmente a la señora Fujimori US$200 mil para la misma. En ambos casos, el dinero fue proporcionado en efectivo, y todo apunta a que no serían los únicos aportes entregados bajo esa modalidad.

Estas declaraciones ponen en evidencia y comprometen de manera directa a Keiko Fujimori, quien en reiteradas oportunidades afirmó que el dinero ingresado a su partido para las campañas había sido siempre transparente. “Todo es bancarizado”, llegó a decir en octubre del año pasado… Y ahora sabemos que mentía.

La plata recibida en maletines y en efectivo y los depósitos o transferencias bancarizadas, como es obvio, se excluyen mutuamente. Y la deliberada opacidad que rodeó la operación ha sido ya reconocida hasta por ella misma. “Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias” y “fue un compromiso que asumí y he respetado hasta sus últimas consecuencias”, ha escrito la lideresa de FP esta semana en sus redes sociales.

En realidad, sin embargo, tales consecuencias todavía no han terminado de materializarse. Por un lado, están las posibles ramificaciones legales que el hecho de haber faltado a la verdad ante las autoridades a las que el partido rindió cuentas podrían acarrearle. Y por otro, está la devastación de su credibilidad ante la ciudadanía. Pensemos solamente en el efecto que, por contagio, estas mentiras tendrán sobre todas sus otras declaraciones en el proceso que enfrenta. “Si mintió de manera tan gruesa y sostenida acerca de lo otro –podrán decirse quienes escuchen sus alegatos de inocencia de ahora en adelante–, ¿por qué no podría estar mintiendo también sobre esto?”. ¿No son acaso sus negativas de haber recibido dinero de Odebrecht muy parecidas a aquellas que las declaraciones de Dionisio Romero y Vito Rodríguez han echado por tierra?

Dicho todo lo anterior, cabe resaltar que la señora Fujimori no parece ser la única que ha mentido respecto del financiamiento de sus aventuras electorales. Basta con recordar, por ejemplo, que ninguno de los excandidatos presidenciales a cuyas campañas Odebrecht asegura haber aportado –como Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala– ha aceptado que tal cosa fuese cierta. Y que, en mayo pasado, la señora Susana Villarán tuvo que desdecirse y admitir que sí conocía de los aportes de las empresas brasileñas para sus campañas contra la revocatoria y por la reelección solo una vez que se vio cercada por las evidencias.

Más allá de cuál sea el desenlace personal de cada uno de ellos, resulta claro que lo sucedido esta semana con la señora Fujimori, si bien sorprende al conocerse de boca de los propios donantes, no es nada novedoso; esto es, que la opacidad ha acompañado durante años a las campañas electorales en el Perú y que grandes caudales de dinero han terminado ingresando a estas por debajo de la mesa. Y si bien hasta hace poco los aportes no declarados no acarreaban mayores consecuencias legales, hubiera sido ideal que tanto empresarios como políticos –sin necesidad de estar obligados por una ley– actuaran con la transparencia que la ciudadanía esperaba de ellos.